caso gürtel

El exdirector económico de Canal 9 carga a los técnicos el contrato del viaje del Papa

Ricardo Calatayud avala la versión del exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno

El alto cargo declara que tuvo "poca capacidad de decisión" en la adjudicación a Teconsa

El exdirector económico de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Ricardo Calatayud ha atribuido a los técnicos del ente público la decisión de adjudicar a una empresa relacionada con la trama Gürtel el contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006, según informaron fuentes personadas en la causa.

Calatayud, que ha declarado durante una hora y media ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha contradicho la versión aportada por el exjefe del Departamento Técnico Luis Sabater, que aseguró que éste les dijo que adjudicaran el contrato a Teconsa "por órdenes superiores", y ha avalado la versión que ofreció el exdirector del ente Pedro García Gimeno, que culpó a los responsables de la Mesa de Contratación.

Sabater aseguró ante el juez que él ni siquiera elaboró ese informe, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Sin embargo, el exdirector económico ha asegurado que el informe en el que se basó el contrato se redactó "en la fecha que figuraba", un día antes de que finalizara el plazo de presentación de las plicas, y que él tuvo "poca capacidad de decisión" en la adjudicación.

Calatayud justifica el pago de 3,5 millones a Teconsa  6 días después de la adjudicación

También ha justificado que el 10 de mayo, apenas seis días después de la adjudicación, la radio televisión valenciana entregara 3,5 millones de euros a Teconsa, a pesar de que en ese tiempo no realizó ningún trabajo. "Fue un hecho normal porque en el contrato figuraba la posibilidad de aportar un 50% de la facturación por anticipado", ha explicado.

La versión de Sabater ha sido refrendada por uno de los auxiliares administrativos de su departamento, Andrés Bravo, que ha declarado como testigo ante el juez Ruz. El compareciente ha dicho que el contrato investigado no es suyo porque estaba en mayúsculas y él siempre lo escribía en minúsculas.

De hecho, el informe combinaba ambos tipos de letra, lo que Calatayud ha explicado, según las citadas fuentes, apuntando que le remitieron el borrador porque tenía que rectificar "un pequeño error". Preguntado por si podía entregar los documentos originales, ha asegurado que alguien se los borró del ordenador y habían desaparecido.

El magistrado imputa indiciariamente a Calatayud los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos por "la participación que pudiera haber tenido, directa o indirecta, en los procedimientos de adjudicación" del contrato a la constructora Teconsa, que ascendió a 7.493.600 euros.

De hecho, Ruz especificaba en su auto de citación que García Gimeno declaró que Calatayud "habría intervenido en los procedimientos de adjudicción" y que Sabater precisó que su labor consistió en "ordenar o transmitir" sus órdenes y hacer "él mismo" el informe propuesta de ese expediente.

García Gimeno aseguró el pasado 8 de mayo que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Grtel en Valencia, Alvaro Pérez, El Bigotes, eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

Ruz también ha interrogado a Carlos Ignacio Fragio Díaz, administrador de una de las empresas que se hizo con los contratos de Teconsa junto a su hermano Oscar, al que atribuye delitos contra la Hacienda pública y falsedad.

De esta forma, el número de imputados por la contratación de la visita del Papa a Valencia se eleva a once. Entre ellos se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez; los empresarios Oscar y Carlos Ignacio Fragio Díaz; Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Avalon; y Ana María Martínez Penades.

Por lo que se refiere a los altos cargos de RTVV están imputados el exdirector Pedro García Gimeno; el director económico, Ricardo Calatayud; el exdirector de Antena Antonio de la Viuda; y el exjefe del Departamento Técnico Luis Sabater.

A los empresarios y García Gimeno se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputacones, el exdirector general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas.

Los trabajos fueron subcontratados después a las "empresas pantalla" Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.

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