Josep Prat usó Innova para pagar 13.000 euros al mes a un exdirector de CatSalut

Carles Manté percibió 700.000 euros desde la empresa municipal de Reus

La compañía estaba dirigida por el actual presidente del ICS

Una auditoría en marcha juzga “injustificados” los pagos

La auditoría que el Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) está llevando a cabo en su empresa municipal Innova ha destapado un nuevo caso de elevados pagos de dinero público en beneficio de altos cargos de la sanidad catalana. Carles Manté, director del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) de enero de 2004 a diciembre de 2006, empezó a cobrar poco después de dejar el cargo unos 13.000 euros mensuales desde Innova por supuestos “honorarios” de “consultoría estratégica” percibidos a través de la empresa CCM Estratègies i Salut, según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación.

La primera factura está fechada en abril de 2007, justo después de la creación de la empresa CCM, propiedad de Manté y su esposa. La última cobrada está fechada en junio de 2011, mes que coincide con el relevo de Lluís Miquel Pérez (PSC) por Carles Pellicer (CiU) en la alcaldía de Reus. Tras la llegada de Pellicer al cargo, Manté siguió enviando facturas a Innova, pero estas fueron devueltas por “injustificadas”, explicaron fuentes municipales.

Manté impulsó

desde el CatSalut

un contrato de 348

millones para el CSC

En total, Manté cobró entre 2007 y 2011 cerca de 695.000 euros, a razón de 155.000 anuales. El gasto para Innova asciende a 185.000 euros anuales y un total de 838.000 euros debido al pago del IVA. Las facturas eran emitidas mensualmente por un importe de 15.600 euros (IVA incluido) y en 2007 tres de ellas fueron pagadas con carácter retroactivo para completar los ingresos anuales.

Fuentes municipales señalan que las facturas del exdirector de CatSalut están emitidas en concepto de “honorarios” por labores de “consultoría estratégica”, pero que el Ayuntamiento “no ha encontrado trabajos que justifiquen las facturas ni su importe”. Un portavoz del Ayuntamiento de Reus declinó valorar los pagos en espera de que “la auditoría en marcha esté concluida”.

Carles Manté. / JORDI ROVIRALTA

El máximo ejecutivo de Innova en esos años era Josep Prat, actual presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Prat, que percibía unos ingresos anuales de 280.000 euros (más un Audi A6) por su trabajo en Innova, declinó ayer ofrecer su versión sobre los hechos. Este diario tampoco consiguió la versión de Carles Manté, pese a que se puso en contacto con personas de su entorno. El exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez aseguró que desconocía los pagos, informa Mercè Pérez.

Manté fue uno de los máximos directivos del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) hasta ser nombrado en enero de 2004 director de CatSalut por la consejera de Salud del tripartito, Marina Geli.

Los ingresos que Manté percibió de Innova no son los únicos que engrosaron las cuentas de su empresa. Según los datos del registro mercantil, CCM Estratègies i Salut fue creada el 7 de marzo de 2007 y ese primer año ya ingresó 202.568 euros (IVA excluido). En 2008, la cifra neta de negocio de CCM ascendió a 220.000 euros; a 167.000 en 2009, y a 211.000 en 2010, último año con las cuentas depositadas. De estas cantidades, unos 155.000 euros provenían de Innova. Este diario no ha logrado saber a qué otras empresas o instituciones facturó Manté.

Josep Prat era

director de Innova

y vicepresidente

del Consorcio de Salud

Los cobros del exdirector del CatSalut se suman a otros casos conocidos en los últimos meses y que han beneficiado con fondos públicos a cargos sanitarios, como los que afectan al propio Josep Prat, al diputado de CiU Xavier Crespo, al ex gerente adjunto del hospital de Sant Pau, Ricard Gutiérrez Martí, y al empresario y exalcalde de Calella por CiU, Ramon Bagó.

En todos ellos se reproduce el mismo esquema: una Administración —el CatSalut o el Ayuntamiento de Reus— financia entes públicos que cuentan con una elevada autonomía de gestión —fundaciones o consorcios titulares de hospitales, Innova, el CSC...— que son quienes a su vez proporcionan elevados ingresos o contratos a gestores sanitarios.

Josep Prat. / MARCEL.LÍ SÀENZ

En el caso de Manté se cierra el círculo. Como director del CatSalut, y sin concurso público, encargó al CSC mediante un convenio firmado el 1 de junio de 2005 que impulsara el centro sociosanitario de Cotxeres de Borbó, en Barcelona. El proyecto adquirió rango de compromiso en noviembre de 2006, cuando la comisión de políticas sociales de la Generalitat aprobó un nuevo convenio que establecía una concesión administrativa a 30 años para la construcción y gestión de Cotxeres de Borbó, inaugurado en 2011. El convenio ya fijaba la cuantía del dinero que gestionaría hasta 2041 el CSC: 342,9 millones de euros, cifra que la Generalitat ampliaría en 2008 a 348,6 millones.

La maraña de entes públicos e intereses cruzados que laten en la sanidad pública catalana también quedan en evidencia en este caso, donde la millonaria adjudicación hecha al CSC tuvo un impacto en Innova. El CSC —en origen un ente municipalista al que se asocian Ayuntamientos y hospitales locales— tiene un holding de empresas que actúan como si fueran compañías privadas. Lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de Reus y su empresa Innova.

Las relaciones entre los dos holdings de Innova y el CSC son accionariales —el primero es accionista del segundo— y de directivos. Josep Prat fue vicepresidente de CSC SA hasta 2011 y durante años compaginó este cargo con el de director general de Innova, al igual que Josep Abelló, exalcalde socialista de Reus, que tuvo cargos de responsabilidad en ambas entidades.

Prat dimitió de sus cargos en Innova después de ser denunciado por la CUP de Reus por la aparente incompatibilidad de los cargos que acumulaba: presidente del ICS, director general de Innova y vicepresidente del grupo hospitalario privado USP.

El Ayuntamiento de Reus ordenó auditar las cuentas de Innova ante las primeras irregularidades conocidas hace un año y tras trascender que el grupo municipal acumula deudas por más de 200 millones de euros.

 

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