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Junta y sindicatos ahondan sus diferencias sobre el recorte salarial

El Gobierno insiste en que la cifra de 777 millones de euros es “inamovible”

Lourdes Lucio
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, en la sala de prensa de San Telmo.
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, en la sala de prensa de San Telmo. Julián Rojas

“Tomadura de pelo”, “martirio chino”, “simulacro de negociación”. De esta manera, describieron ayer los representantes de CSIF, UGT y CC OO la reunión que mantuvieron de apenas una hora con la Junta de Andalucía en la Mesa General de la Función Pública para abordar el recorte salarial de 777 millones de euros en el Presupuesto autonómico en vigor. La reunión acabó sin ningún avance. Los sindicatos se levantaron de la Mesa. Desde el Gobierno andaluz se lanzó el mensaje de que las negociaciones van por buen camino, pero la opinión de los sindicatos es que la posición de la Junta es bastante inflexible.

El Gobierno andaluz pretende una especie de cuadratura del círculo. Que los algo más de 260.000 empleados públicos de la Administración autonómica, y sus representantes sindicales, acepten de buena gana un recorte de salario de 777 millones de euros. Es la alternativa, dicen, para evitar el despido de 24.000 personas. Insiste el Ejecutivo que se trata de una medida impuesta por el Gobierno de Madrid, que a su vez acata la orden de Bruselas de atajar el déficit. El Gobierno andaluz se ha comprometido, y así ha sido aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a rebajar el Presupuesto en vigor en 2.700 millones de euros. Casi el 30% de este recorte se obtiene de la rebaja salarial por tres vías: quitar los complementos a la paga extra de junio y diciembre (315 millones), reducir la jornada y el sueldo de los interinos un 15% (148 millones); y eliminar planes de pensiones, ayuda social o gratificaciones de jubilación (136 millones).

Los sindicatos se cierran en banda tanto a los despidos como a cobrar menos y proponen medidas como recortar el número de altos cargos y asesores o eliminar el gasto en alquileres oficiales. Según Antonio Tirado, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, “no hay negociación ni nada”, opinión que comparten tanto José Blanco (CC OO) como José Luis Heredia (CSIF).

En la reunión mantenida ayer con el secretario general de Función Pública, Manuel Alcaide, los representantes de los trabajadores intentaron que la Junta respondiera con un sí o un no a la pregunta de si está dispuesta a cambiar “sustancialmente” la propuesta de reducir la partida de 777 millones, pero no hubo una contestación clara, según informaron los sindicatos.

Los sindicatos dicen que la negociación es “una tomadura de pelo”

Pero la Junta considera esta cifra “inamovible”, dijo ayer el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, y pretende que sean los sindicatos los que planteen cuál es la alternativa. El margen es bastante estrecho más allá de que se intentará que los mileuristas no pierdan esta condición o que la reducción en la paga extra, de casi un 30%, se prorratee en varias mensualidades.

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Tampoco los sindicatos confían en que una reunión al “máximo nivel” como propuso este lunes el vicepresidente de la Junta y coordinador de IU, Diego Valderas, sirva para algo. Los sindicatos no están dispuestos a asumir ante sus representados el coste de dar el visto bueno al tajo salarial. “Que el Gobierno haga lo que tenga que hacer, que apruebe el decreto, y nosotros defenderemos nuestra posición en la calle”, dijeron los sindicatos.

La Junta dijo que el decreto ley con las medidas de recorte se aprobará antes de final de junio y pese a su optimismo por alcanzar un acuerdo, este está más bien lejano. Los sindicatos advierten que no quieren “más paripé”.

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