El fiscal general del Estado ha ordenado que las presuntas irregularidades en la empresa pública andaluza Invercaria sean investigadas por la fiscalía anticorrupción y no la de delitos económicos, que lo hace desde la apertura de diligencias el pasado marzo.

Fuentes del caso han informado de que esta decisión de la fiscalía ya ha sido notificada al juzgado de instrucción 16 de Sevilla, que mantiene abiertas unas diligencias por las presuntas irregularidades que la Cámara de Cuentas detectó en la gestión de Invercaria.

La decisión del fiscal general, Eduardo Torres Dulce, supone que ahora se encargarán del caso Invercaria alguno de los dos fiscales que normalmente instruyen el caso de los ERE, que investiga la juez Mercedes Alaya.

El juzgado mantiene abiertas estas diligencias por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y coacciones para aclarar los criterios de reparto de subvenciones de Invercaria, estudiar presuntos desvíos de fondos y analizar la sujeción de la empresa a los controles de la intervención.

Las diligencias fueron abiertas por la fiscalía ante el informe de la Cámara de Cuentas sobre Invercaria en el ejercicio de 2009, donde denunció hechos como la falta de manual de inversiones, de normas de contratación y el hecho de que tres trabajadores no prestaban sus servicios de forma justificada, con un coste total de 161.861 euros.

Según la Cámara de Cuentas, a 31 de diciembre de 2009 Invercaria participaba en 39 sociedades, de las que 30 se encontraban en pérdidas, dos de ellas no rindieron cuentas y siete obtuvieron beneficios.