La auditora de Invercaria es consejera de la Cámara de Cuentas gracias al PP

El PP propuso como consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía a la auditora de la empresa de la Junta Invercaria, Amelia Martínez, que tomó posesión el pasado 28 de diciembre tras aprobarlo el Parlamento. Un mes después saltó a la luz el informe de la Cámara de Cuentas firmado como auditora por Martínez, que denunció pagos irregulares desde esta sociedad de capital de alto riesgo. Este informe, origen del caso Invercaria, ha sido hasta ahora la base de toda la causa judicial, tanto en su vertiente contable como penal.

La policía sustentó su denuncia en el documento de 100 páginas elaborado por Martínez, así como el fiscal superior Jesús García Calderón, que en su decreto detectó indicios de delito en la gestión de Invercaria tras estudiar el informe policial. La fiscalía también ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue Invercaria tras analizar el informe de la auditora de la Cámara de Cuentas. Mientras, desde que trascendió el 1 de febrero el informe de Martínez, el PP hizo de Invercaria su segundo argumento de campaña tras el caso de los ERE para asemejar la gestión socialista en la Junta a la corrupción. A la fiscalización de la Cámara de Cuentas sumó el PP la difusión de unas controvertidas conversaciones entre la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz y su subordinado y exdirectivo Cristóbal Cantos, grabadas con un dispositivo oculto. Algunas de las frases [“Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización”, dijo Gómiz] acapararon portadas de los diarios en campaña electoral.

Tras la fiscalización de Invercaria, el nombramiento de Martínez como consejera contó con la aprobación de los servicios jurídicos del Parlamento, pero el dictamen jurídico bordeó la legalidad. La Ley de la Cámara de Cuentas andaluza establece: “No podrán ser designados consejeros quienes en el año inmediatamente anterior hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Andalucía”. Martínez matizó ayer que su tarea fue de fiscalización y por lo tanto externa a la Junta al depender como auditora a la Cámara de Cuentas, vinculada al Parlamento. Su labor es diferente de la gestión [manejo de fondos públicos], inspección [vigilancia por parte de la Consejería de Hacienda o la Agencia Tributaria], o la intervención [a través de la Intervención General de la Junta].

Ese matiz de haber fiscalizado las cuentas de una empresa de la Junta como auditora de la Cámara de Cuentas sortea la incompatibilidad que fija la ley. ¿Ve alguna incompatibilidad por haber auditado Invercaria y ser ahora consejera? “No veo ninguna incompatibilidad. Ni ética, aunque haya sido nombrada por el PP. Los auditores somos independientes”, zanjó ayer Martínez. Fuentes de la Cámara de Cuentas se limitaron a confirmar que el nombramiento de Martínez “pasó el trámite parlamentario necesario para ser nombrada consejera de la Cámara de Cuentas”.

En su informe Martínez denunció el incumplimiento de la normativa sobre contrataciones y subvenciones, la concesión discrecional de préstamos, pagos irregulares al personal directivo y el uso injustificado de una tarjeta de crédito por el presidente.