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Más de 550 identificados en Sol se enfrentan a sanciones de 300 euros

La Ley de Protección de Seguridad Ciudadana considera “grave” negarse a disolver reuniones

Cifuentes anuncia su intención de sancionar también a los promotores de las no autorizadas

Desalojo de indignados en Sol la madrugada del pasado domingo. Ampliar foto
Desalojo de indignados en Sol la madrugada del pasado domingo.

Después de cuatro días de asambleas, comisiones y gritos mudos, llegan las multas. Al margen de los 28 detenidos por resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad en los cuatro desalojos de la Puerta del Sol, la policía ha identificado a un total de 560 indignados en esta plaza fuera del horario límite de las concentraciones autorizadas, ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. De ellos, 300 fueron identificados el fin de semana y el resto, entre el lunes y esta misma madrugada. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha confirmado a la cadena SER que su intención es multarlos.

Mientras los miles de manifestantes que protestaron en Sol hasta la medianoche, saltándose el plazo de cinco horas permitido por la Delegación, no serán sancionados, los cientos de indignados que estaban allí en el momento de las actuaciones policiales sí tendrán que hacer frente a sanciones. El artículo 23 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana tipifica como “falta grave” supuestos como la negativa a disolver las manifestaciones y reuniones de tránsito público ordenada por la autoridad pertinente. La multa habitual en estos casos es de 300 euros pero variará según cada caso concreto, según la Delegación del Gobierno. Según Eric Sanz de Bremond, uno de los abogados de la comisión de legal, ninguno de los supuestos (ilicitud penal, vestir uniformes paramilitares y alteraciones de orden público con peligro para bienes y personas) a los que se refiere dicho artículo, tipificados a su vez en la Ley de reunión, están relacionados con la presencia de los indignados en la plaza. La policía remitirá los datos de los identificados a la Delegación del Gobierno, la autoridad competente para dictaminar las sanciones administrativas.

Sanciones a los promotores

“La propia Cifuentes ha incumplido la orden que ella misma dictaminó al permitir que las concentraciones se alargaran fuera del horario establecido por la Delegación”, denuncia Javier Mestre, el abogado que asesoró a Robert Monjo, la única persona que pidió permiso para concentrarse en Sol. A raíz de su petición, se establecieron los horarios y se autorizaron 35 horas divididas en cuatro días y no las 96 ininterrumpidas que convocó el 15-M.

Además de estas sanciones individuales, Cifuentes ha recordado que los promotores del resto de concentraciones que han tenido lugar los últimos cuatro días en las plazas aledañas al Kilómetro 0 y que no contaban con autorización se enfrentan también a sanciones administrativas al incumplir el artículo 21. 2 de la Constitución, que recoge que en las reuniones de tránsito público y manifestaciones se “debe dar comunicación previa a la autoridad”, cosa que no hicieron los indignados. El único promotor con nombre y apellidos fue Monjo, que solicitó el uso de la Puerta del Sol durante los festejos y que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para evitar la limitación horaria, con nulo éxito.

Pero puede estar tranquilo; él fue el único indignado que comunicó su decisión a las autoridades. Los miembros del 15-M comunicaron a través de una de las páginas web del movimiento (www.tomalaplaza.net) la utilización de varios espacios públicos para celebrar la decena de comisiones que recogen las reivindicaciones del movimiento. La cuestión es ¿cómo sabrá la delegada quiénes son los promotores para multarlos?

El caso de Laura

Por otro lado, en declaraciones a la SER, Cifuentes ha destacado también la “actuación ejemplar” de la policía y ha manifestado su satisfacción de que la Delegación haya conseguido su objetivo: compatibilizar el derecho de manifestación de los miembros del 15-M sin alterar la vida de los vecinos y comerciantes de la zona, evitando la acampada. “No me consta que haya habido ninguna declaración deplorable por parte de los agentes”, ha asegurado la delegada, con referencia al vídeo que recoge la agresión a Laura Díaz por parte de varios agentes la madrugada del pasado domingo cuando esta periodista se disponía a volver a casa después de una noche de fiesta.

Cifuentes ha asegurado no haber visto tales imágenes y ha criticado que la supuestamente agredida no denunciara a la policía para investigar el caso. Los abogados de la comisión de legal de Sol, que asesoran a Díaz, han comunicado a este periódico que están recogiendo la documentación necesaria para poner la denuncia esta misma semana y recuerdan que los hechos se pusieron en conocimiento de la juez de guardia. “Me parece una tremenda irresponsabilidad criminalizar al Cuerpo Nacional de Policía”, ha sentenciado. A la delegada no le vale que ese vídeo lo hayan recogido varios medios de comunicación. “Lo que diga un periodista, con todos los respetos, no puede ser palabra de Dios”, ha añadido.

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