La batalla final de los ERE se acerca

Alaya apunta a la cúpula de la Junta y sospecha del papel de los servicios jurídicos y la Intervención General. La magistrada avanza el cerco al Consejo de Gobierno

La magistrada Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. / JULIÁN ROJAS

La hipótesis del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, contestando como imputado a las preguntas del abogado del propio Gobierno andaluz, como acusación personada en el caso de los ERE, cobra fuerza para muchos juristas. Es una paradoja consecuencia del enésimo giro que ha dado el caso, esta vez encaminado a determinar si la cúpula de la Junta ideó el fondo para empresas en crisis con la intención de beneficiar a determinados empresarios.

La nueva deriva del caso apunta con artillería pesada al Ejecutivo: la juez Mercedes Alaya sostiene que este diseñó una estrategia para entregar subvenciones (647 millones en 10 años) a círculos empresariales cercanos a la Administración y poder hacerlo evitando los controles de la Intervención General y de la Unión Europea. No solo eso. La magistrada cree que los servicios jurídicos de la Junta (que velan por el cumplimiento de la legalidad) y la Intervención General (que fiscaliza los gastos) pudieron formar parte de esta estrategia para permitir que el Gobierno favoreciera a determinados empresarios o que, al menos, no fueron tan diligentes como debieron.

¿Qué supone esa teoría sobre el fondo para empresas en crisis? Para empezar, un terremoto que cuestiona el cumplimiento de la ley por parte de Griñán durante su mandato como consejero de Economía (entre 2004 y 2009), pero también del expresidente Manuel Chaves y todo su equipo, además del cuerpo funcionarial de élite de la Junta. Es decir, Alaya considera que la cúpula de la Administración andaluza se confabuló para repartir subvenciones millonarias. Y la previsible consecuencia será la declaración de numerosos altos cargos socialistas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y el Tribunal Supremo.

La tesis de la juez implica que cargos socialistas declaren ante el Supremo

Esta hipótesis trazada por Alaya, que acostumbra a adelantar sus próximos pasos judiciales, llega para el Gobierno andaluz en un momento político extremadamente delicado, con la amenaza expresa de la intervención de las comunidades autónomas por parte del Gobierno central.

Si prevalece la tesis de la magistrada, aquí cae hasta el lucero del alba

Proclama un letrado

El objetivo final de Alaya es el Consejo de Gobierno de la Junta, que aprobó modificaciones presupuestarias del fondo, coinciden varias fuentes del caso. Antes de culminar este cerco al corazón del Ejecutivo, la juez someterá a sus incisivos interrogatorios al ex interventor general Manuel Gómez y al exjefe de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río, acompañados de otros técnicos como el interventor delegado en la agencia Idea (pagadora de las ayudas).

“Si prevalece la tesis de Alaya, que el procedimiento se instauró para omitir controles, aquí cae hasta el lucero del alba: Empleo, Innovación, Hacienda… y funcionarios de élite. La Intervención General, los servicios jurídicos de las consejerías, el Gabinete Jurídico de la Junta, y hasta la Cámara de Cuentas (…) O todos eran imbéciles o todos corruptos. La Junta puede tener muchos problemas, pero hay cosas que funcionan. Las élites funcionariales hacen su trabajo”, proclama otro letrado contrariado. La juez ya avanzó en anteriores autos la supuesta responsabilidad de Griñán y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Francisco Vallejo por el procedimiento.

La magistrada investiga por qué en 2005 la Intervención General, a las órdenes de Griñán, examinó el fondo y efectuó un informe con observaciones en términos muy duros, pero sin llegar a emitir un informe de actuación que habría alertado del menoscabo en los fondos públicos [Alaya ya ha explicado que investiga por qué el interventor no se percató de esta circunstancia]. Y sobre todo, la instructora analiza por qué los informes de la Intervención posteriores a 2005 (entre 2006 y 2008) son mucho más débiles en su reprimenda a la Consejería de Empleo, a pesar de que el procedimiento permaneció inalterado esos años. “La transferencia de capital ha prescindido del procedimiento administrativo establecido”, se limitó a subrayar el informe de 2007.

Mientras las defensas han destacado cómo el Parlamento aprobó año tras año el fondo, Alaya ha replicado que ese procedimiento era opaco por su lenguaje y tramitación burocráticos.

La magistrada considera ilegal tanto la constitución del fondo como el procedimiento, mientras que la Junta defiende su legalidad. Alaya sostiene que en 2000, antes de los desmanes del ex director general Javier Guerrero, la cúpula de la Junta decidió implantar el sistema. El exconsejero Antonio Fernández, en prisión preventiva, respondió sobre el origen del fondo: “Lo hizo un consejero, y un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”. Las próximas declaraciones judiciales de los técnicos, bajo la seria amenaza de la prisión preventiva, apoyarán o desvirtuarán la tesis de Alaya.

Polémica por la prisión para el exconsejero Fernández

La drástica medida de prisión preventiva decretada para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández tras su extensísima declaración contrasta con la libertad que disfrutan el expresidente balear Jaume Matas y el presidente del Sevilla, José María del Nido, ambos condenados y en libertad porque han recurrido en casación sus sentencias ante el Tribunal Supremo.

La cárcel para Fernández, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, ha motivado las críticas del presidente José Antonio Griñán y dirigentes del PSOE como José Antonio Viera [creador del fondo] y Francisco Toscano. Pero la situación de la Junta, presente como acusación en el caso, no es nada fácil. “Son situaciones procesales comprometidas y un tanto esquizofrénicas”, ilustra un letrado del caso. A pesar de que la Junta pidió que solo se obligara a Fernández a comparecer en el juzgado cada semana, el abogado del Gobierno andaluz le hizo preguntas tan severas como esta: “¿Por qué a raíz de la irregularidad detectada por el sr. Márquez [el ex director general Juan Márquez] no se procedió a revisar de oficio o a pedir el reintegro de las ayudas concedidas a las empresas pertenecientes al mismo grupo [Matadero de Sierra Morena, receptor de 29 millones]?”.

La comparecencia de Fernández, acusado de malversación continuada, ha ofrecido a Alaya numerosas grietas sobre la gestión del fondo. El exconsejero ha reconocido que no existía un documento que recogiera los criterios para conceder o rechazar la petición de subvenciones. Es decir, una pauta oficial que estableciera a qué empresarios se les daba dinero y por qué razones, mediante criterios objetivos. Y por otro lado, ha admitido que las instrucciones sobre los usos del fondo a grandes rasgos las daba él y de manera verbal, y que cuando se descubrieron ayudas mal dadas, se optó por el silencio administrativo en vez de revisar otras ayudas. Ningún funcionario visaba los expedientes durante su tramitación en Empleo, solo personal de confianza.

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