Fernández alimenta la posible imputación de Viera como creador del fondo
El exconsejero, en prisión preventiva, señala que la cúpula de la Junta ideó el sistema
"Fue decisión del consejero de Empleo, en aquel momento don José Antonio Viera, quien se lo propone al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), para realizar dicho convenio”. La frase del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión preventiva por el caso de los ERE, consolida un secreto a voces de la instrucción: la imputación del diputado y ex secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, avanzada por la Guardia Civil pero sobre la que la magistrada no se pronuncia porque será instruida por el Tribunal Supremo al ser Viera aforado.
Viera fue como consejero de Empleo el firmante del convenio que diseñó en 2001 el fondo para empresas en crisis que la Junta dotó de 647 millones durante una década, junto a Fernández como presidente del IFA. Durante sus cuatro días de declaración judicial, la juez le achacó haber concebido un sistema para favorecer a empresas ligadas a la Administración y al PSOE. Su testimonio ofrece, en 358 páginas, claves muy claras y aún más pistas que el auto de la juez, que avanza la imputación de varios consejeros, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el interventor general y parte del servicio jurídico, todos ellos parte de una connivencia política basada en el corazón del Gobierno andaluz. La juez insinúa la participación del expresidente de la Junta Manuel Chaves al referirse a la participación de “los superiores” de Fernández en el diseño del fondo que considera ilegal.
“Creo que [Viera] tuvo que comentar el nuevo sistema operativo al sr. Chaves, ya que en aquellas fechas había diferentes crisis como la de Santana (...) Chaves debió conocerlo, al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. No se trata de una conversación de pasillo, sino que era un tema de importancia y, a mi juicio, legal para intervenir en la economía andaluza”, expuso a la juez Fernández. En el final de la frase está la clave: la juez discrepa de manera radical y considera ilegal el fondo, fruto de una connivencia política a gran nivel, que podría derivar en la imputación de la anterior cúpula del Ejecutivo al completo, según la tesis de la juez.
A la acusación de opacidad del fondo, Fernández replicó que los sindicatos y la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) lo conocían ¿Y los pequeños empresarios de provincias alejadas de la capital andaluza que nunca se beneficiaron? Respuesta: “Las empresas no tenían por qué tener este conocimiento, existían unas ayudas por una decisión política del Gobierno para ayudas a unos extrabajadores, no eran una ayuda para que una empresa decidiera despedir o no, con sus consecuencias legales”.
La juez formuló unas 200 preguntas al acusado, muchas de ellas para confirmar su tesis de que la cúpula del Gobierno ideó el sistema para repartir ayudas que pudiera sortear los reparos de la Intervención y la Unión Europea a los pagos directos. “¿Qué influencia tuvo el Gobierno en la elaboración del referido convenio marco?” Respuesta: “Lo hizo un consejero, y un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”, matizó Fernández el primer día de su declaración.
Despliegue de un "desmesurado nepotismo" en Empleo
Nepotismo extremo. La juez Mercedes Alaya dibuja en su extenso auto de prisión de Antonio Fernández un panorama plagado de ejemplos llamativos de favores económicos a amigos y familiares por parte de la anterior cúpula de Empleo. La instructora se explaya con los ejemplos en torno a la Sierra Norte sevillana y da pistas sobre la previsible imputación del diputado José Antonio Viera (exconsejero de Empleo de 2000 a 2004), y sobre el beneficio y vínculos que mantuvo este.
Viera es “amigo personal” del exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo. Su hijo, exconcejal socialista y empresario José Enrique Rosendo, recibió la friolera de 29 millones de euros. La hija del exconsejero, Sonia Viera, trabajó para dos empresas de Rosendo. En la primera de ellas, Sevilla Siglo XXI, percibió 90.000 euros. En la segunda, Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, trabajó también Sonia Viera, pero a esta le acompañó Jesús Caballos, hijo del veterano parlamentario del PSOE José Caballos y expresidente del Parque Natural de la Sierra Norte sevillana. Caballos explicó en su día que no veía ningún tipo de incompatibilidad porque su hijo era un profesional y él se limitó a ponerle en contacto con los empresarios que le contrataron.
La juez censuró con gran dureza cómo la codicia guió subvenciones otorgadas a Rosendo. Hasta 12 millones de las arcas públicas estaban destinadas a “empresas pantallas, sin actividad ni trabajadores, utilizadas únicamente para captar ayudas públicas para el enriquecimiento personal y desarrollo empresarial de sus titulares”.
La magistrada define en repetidas ocasiones al responsable de la consultora Uniter, José González Mata, como "amigo íntimo" del exconsejero Fernández, y le acusa de conseguir que este le otorgara la tramitación de numerosos ERE y por tanto le beneficiara. Además, acusa a Fernández de conceder 300.000 euros a su amigo el empresario Eustaquio Reina y achaca al exconsejero su amistad con Antonio Gutiérrez, letrado de Estudios Jurídicos Villasís, que asesoró a la empresa pública Santana Motor. Además, Alaya recuerda cómo resultaron beneficiados los intrusos Andrés Carrasco, Domingo Martínez, Antonio Arquero y Alejandro Millán, amigos del ex director general Javier Guerrero.
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