El PSOE federal cuestiona la orden de prisión del exconsejero

"Es un poco raro que una persona que lleva un año imputado y concernido por el sumario, y que no ha sido hasta ahora llamado a declarar, se le mande a la cárcel por riesgo de fuga o de borrar pruebas si ha estado un año pudiendo hacerlo. Es bastante raro", ha declarado este jueves en TVE la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en relación a la decisión de la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, de enviar a prisión al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández.

La dirigente socialista recalcó además que el PSOE mantiene el mismo discurso de firmeza contra la corrupción en todos los casos y recordó que los socialistas andaluces han sido "los principales promotores y colaboradores de ese sumario", dijo.

Declaraciones que están en línea con la posición de la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, quien el martes aseguró que el encarcelamiento del exconsejero era "innecesario".

Mientras, el PP, a través de su secretario general, Antonio Sanz, incidió en que el escándalo de los ERE va a marcar al futuro gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida. En su opinión, este gobierno, que denomina desde hace semanas como "alianza de perdedores" será "una tapadera" del caso de corrupción de los ERE fraudulentos, informa Efe.

El caso de los ERE fraudulentos también ha dado paso a voces críticas en el PSOE sobre la actitud de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía en la declaración de Antonio Fernández. El exconsejero de Gobernación, Luis Pizarro, ha llegado a asegurar: "No me ha gustado la intervención del abogado de la Junta, Ignacio Carrasco López, en relación con las conclusiones que ha presentado, en las que no ha defendido unas políticas que han resuelto muchos problemas con el empleo en Andalucía", dijo en declaraciones a la Cadena SER. A esto se une el manifiesto de cargos del PSOE de Cádiz en solidaridad con Fernández. En defensa del letrado de la Junta salió el consejero de Gobernación en funciones, Francisco Menacho, quien subrayó que Carrasco se guió por "criterios jurídicos".