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Los recortes también llegan a los juzgados de violencia machista

La Consejería de Presidencia y Justicia les ha comunicado que se reduce al 50% el número de funcionarios que trabajan por la tarde

Elena G. Sevillano

Los recortes que el Gobierno de Esperanza Aguirre está aplicando a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid han llegado a los juzgados encargados de la violencia sobre la mujer. La Consejería de Presidencia y Justicia ha dado instrucciones para que solo trabaje por la tarde la mitad de la plantilla. Hasta ahora, la totalidad de los funcionarios continuaban su jornada pasadas las tres de la tarde, con cargo a horas extras.

Esta decisión afecta a 20 juzgados de la periferia de Madrid: 13 de ellos con competencias exclusivas en violencia de género y otros siete mixtos, es decir, que además de ver casos de violencia machista se ocupan de asuntos civiles y penales (diligencias y tramitación de Registro Civil, primera instancia e instrucción...). El partido judicial de Madrid capital es el único que no se ve perjudicado por las nuevas instrucciones de la Consejería de Presidencia y Justicia porque funciona con un sistema de guardias exclusivas para violencia de género. Cada uno de los 11 juzgados de la capital que se dedican a esta materia rota cada tres días en funciones de guardia.

"La carga de trabajo de estos juzgados justifica plenamente que los funcionarios estén en sus puestos también por la tarde", asegura el secretario general de FJM (Funcionarios Judiciales de Madrid) y portavoz de Justicia en el sindicato CSIT-UP, Juan Carlos Ferreiro. "Las víctimas de violencia de género van a ser las grandes perjudicadas, porque van a encontrar menos personal para atenderlas", añade.

La Comunidad de Madrid asegura que ha tomado esta decisión porque está estudiando transformar las ampliaciones de horario de los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer en “plazas fijas”, aseguró este lunes una portavoz de la Consejería de Presidencia y Justicia. “Vamos a hacer un análisis de las necesidades”, añadió. Desde CSIT replican que esas necesidades aparecen en los informes anuales de la apertura del año judicial, por los que la Comunidad debe conocerlas. Para el Gobierno regional, “no es normal” que la totalidad de los funcionarios doblen su jornada. “Eso quiere decir que falta personal”, insistió la portavoz.

La Comunidad de Madrid

Según datos de Presidencia y Justicia, en el primer semestre de 2011 llegaron 1.609 casos de violencia de género a los juzgados, “un 6,27% menos que el mismo semestre de 2010”. Este dato refuerza la decisión de retirar la mitad de la plantilla de tarde en los juzgados, según el Gobierno regional, que no precisó cuánto tiempo necesita para hacer la evaluación de necesidades ni cuánto ahorro supone la medida. De momento, lo que está claro es que a las mujeres las atenderán por la tarde la mitad de los funcionarios.

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Los trabajadores afectados son unos 200 (funcionarios judiciales de gestión, tramitación y auxilio judicial), según datos de CSIT, y venían realizando esta prolongación de jornada desde 2007, cuando se firmó un acuerdo en este sentido que se renueva cada seis meses. El trámite para que se conceda la ampliación de las horas de trabajo funciona así: el secretario de cada juzgado remite una petición de informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y este lo eleva al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo responde mediante un escrito a los secretarios de los juzgados con el listado de nombres y datos personales de los funcionarios que deben tener esa prolongación de jornada. El último es de noviembre pasado, con validez para seis meses, pero ahora queda anulado por las instrucciones de la Comunidad de Madrid.

La directora general de la Dirección General de Justicia, Carmen Díaz de Bustamante, firma el documento, con fecha 20 de diciembre, por el cual informa al Juzgado número 3 de Valdemoro, uno de los más saturados, de que “solo se autorizará dicha medida para un máximo de cinco funcionarios para un máximo de seis meses”. Este juzgado cuenta con nueve funcionarios en plantilla.

Las consecuencias "serán desastrosas"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro es uno de los llamados juzgados mixtos con competencias en violencia sobre la mujer. Es decir, que además de ocuparse de los casos de violencia machista, se encarga de todo lo demás: causas penales (a veces con presos), divorcios, procedimientos hipotecarios... Se da la circunstancia de que en su partido judicial hay dos centros psiquiátricos y uno penitenciario (MadridIII). “Tenemos casos de violencia sobre la mujer prácticamente todos los días”, explica una funcionaria del juzgado. Y esos son los casos prioritarios. Los funcionarios se dedican a ellos hasta que acaba toda la tramitación. Muchas veces no pueden estar en su mesa por la mañana porque al carecer de servicio común que haga diligencias de calle (citaciones, por ejemplo), son ellos los que deben ausentarse. El resto de asuntos, por tanto, se retrasa. Los trabajadores suelen emplear las tardes en sacar adelante los casos no prioritarios, aseguran.

La preocupación por las consecuencias que puede acarrear la decisión de la Comunidad de Madrid de reducir a la mitad los funcionarios que trabajan por la tarde ha llevado a los trabajadores de este juzgado de Valdemoro a redactar un escrito dirigido a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol. “Si el día de mañana hay un problema, queremos dejar constancia ahora”, asegura la funcionaria. “Las consecuencias de privar de recursos a esta sede judicial serán desastrosas”, afirma la carta, enviada la semana pasada. Los retrasos en los asuntos que no son de violencia machista “se palían mediante la prolongación del horario”, añade. Los funcionarios añaden datos a su queja: 900 demandas civiles y 1.200 diligencias penales atendidas en 2011, a las que hay que sumar 225 casos de violencia sobre la mujer. En los dos años anteriores, cerca de 300, un volumen superior a algunos juzgados exclusivos, argumentan.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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