El Gobierno convertirá en delito la exportación ilegal de fármacos

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dependiente de Sanidad, ha pedido al Ministerio de Justicia que modifique el Código Penal —cuya reforma está en sede parlamentaria— para introducir un tipo delictivo que permita castigar como delincuentes a los miembros de las redes de exportación ilegal de medicamentos. La petición se produjo hace ya meses, al evidenciarse que la legislación actual favorece la sanción administrativa de estas prácticas que han llegado a causar problemas de suministro de algunos fármacos.

“La tipificación que existe ahora en el Código Penal hace muy difícil demostrar que se ha producido un daño a la salud de las personas. El problema que tenemos es que puede haber medicinas que no llegan a los enfermos, pero no podemos demostrar que se produce este daño”, explica Belén Crespo, directora de la Agencia del Medicamento. “Ahora, dependiendo de lo que el juez considere, aplica una sanción”, añade. “Y nosotros queremos que sea un delito”. A los episodios de desabastecimiento —los paradigmas son la mercaptopurina para la leucemia y el epanutín para la epilepsia— hay que sumar el transporte en malas condiciones y la manipulación inadecuada de los medicamentos, que también puede acabar lesionando la calidad del producto. Estos aspectos sí se incluyen en el Código Penal vigente.

La legislación actual favorece la sanción administrativa de estas actividades

La enmienda, cuya redacción se está ultimando, supondrá incluir la llamada distribución inversa en el artículo 362 del Código Penal que ahora establece que “serán castigados con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores”.

La exportación ilegal de medicinas de precio intervenido —las que se venden en farmacias, más baratas que las que circulan en el mercado libre internacional— descansa sobre dos pilares. Primero, las empresas de distribución, que desvían fármacos subvencionados destinados a los españoles al mercado extranjero, donde logran un importante margen de beneficios.

El otro pilar son las farmacias que se saltan la obligación de vender solo a los pacientes, y se los suministran a los almacenes a cambio de una comisión. Operan de distintas formas, pero esta práctica conlleva generalmente falsificación de recetas, fraude por IVA... Infracciones que no suelen llegar más allá de un castigo administrativo.

El año pasado, la Generalitat catalana multó a 40 farmacias debido a este tipo de prácticas. La Administración valenciana ha impuesto entre 15 y 20 sanciones anuales desde 2011. En algún caso, apuntan fuentes de la Consejería de Sanidad, se ha llegado a poner multas de 90.000 euros.

La Agencia del Medicamento, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria trabajan codo con codo, cruzando datos, para recabar pruebas que permitan ir más allá de la sanción administrativa. La agencia es parte en el proceso de la Operación Caduceo desarrollada en abril, en la que estaban involucradas 50 farmacias de ocho regiones, y estudia ahora personarse en Convector, la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel. ¿Están sorprendidos por el alcance de estas redes? “Lo que estamos es preocupados y actuando”, admite Crespo.