Las administraciones no responden el 30% de las peticiones de información de ciudadanos

Una de cada tres peticiones de información a ayuntamientos se queda sin respuesta. Así lo constata el Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno del Síndic de Greuges, elaborado a partir de 175 solicitudes hechas a la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos de diferente tamaño mediante el método de “ciudadano oculto”, es decir, haciéndose pasar por un ciudadano más. Se trata del segundo informe que el Defensor del Pueblo realiza para controlar el grado de cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en diciembre de 2014, que obliga a publicar, entre otros datos, las retribuciones de los cargos públicos, los contratos o las agendas políticas.

Para testar la respuesta de las administraciones, el Síndic envió a 175 entes la misma pregunta: “¿Qué gasto se ha realizado en formación de personal propio en el año 2016, indicando adjudicatario e importe?”. Del total de peticiones enviadas, el Defensor no obtuvo respuesta de 53 ayuntamientos, de los cuales 23 tampoco lo habían hecho el año anterior. Entre los reincidentes se encuentran los consistorios de Sant Cugat del Vallès, Cornellà, Figueres, Manresa o Valls. También se ha constatado que en dos de cada tres casos las peticiones se han respondido fuera del plazo máximo de un mes que marca la normativa.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, considera “preocupante” este volumen de peticiones no atendidas y apunta que es “una de las manifestaciones más graves de mala administración” y que demuestra que el derecho de acceso a la información “todavía no es una prioridad” para muchos organismos.

Paralelamente, el Síndic envió un cuestionario a todos los ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y la Generalitat con una veintena de preguntas sobre la cantidad de licitaciones o subvenciones hechas, las sanciones impuestas a trabajadores públicos, etc. No contestaron tres consejos comarcales y 251 ayuntamientos, ente ellos, Sabadell, Igualada o Figueres y los consejos del Alt Camp, la Cerdanya y la Ribera d’Ebre.

A partir de los cuestionarios que sí fueron respondidos, el informe indica que las administraciones catalanas recibieron durante 2016 un total de 9.127 peticiones de información, más del doble de las 3.785 registradas el año anterior. No obstante, el Defensor recomienda a todas las administraciones una mayor publicidad sobre el derecho de acceso a la información pública, qué tipo de datos pueden solicitar y cómo.

Igualmente, el Síndic ha analizado los portales de transparencia de un total de 2.408 entes públicos, la mayoría ayuntamientos y organismos de la Generalitat, pero también de universidades, colegios profesionales, fundaciones o partidos políticos, entre otros. Aunque el Síndic aprecia una mejora en la cantidad de información facilitada respecto a hace un año, todavía detecta deficiencias a la hora de disponer un espacio para que un ciudadano pueda solicitar información pública, realizar sugerencias, contactar con los diferentes responsable del ente (presidente, alcalde, regidor o consejero) o hallar las declaraciones de bienes patrimoniales y las agendas públicas de los cargos públicos. En este apartado, el Defensor critica la falta de claridad de algunos datos, la forma en que se organiza la información y el hecho de que el 37% de entes dependientes de la Generalitat no tengan portal de transparencia.

El informe del Defensor catalán también analiza el registro de grupos de interés, que ha pasado de estar formado por 100 grupos en 2015 a 2.000 el año pasado. El Síndic atribuye este aumento a la "obligación de los altos cargos de hacer públicas las reuniones que mantienen con estos grupos", aunque reprocha que no se detalle el motivo de dichos encuentros.