Junts pel Sí y la CUP pactan la ley que amparará el referéndum

La Generalitat tiene ya listo el borrador de la ley del referéndum que presentará hoy públicamente y con el que quiere dejar clara su determinación para celebrar la consulta independentista unilateral del 1 de octubre. En esa norma el Govern se arroga competencias de las que carece, como el blindaje de todas las “autoridades, personas y empresas” que participen en la organización y celebración de la consulta, entre quienes se incluirían los trabajadores públicos.

El texto, del que ayer se conocieron algunos artículos, establece que el pueblo de Cataluña es un sujeto político “soberano”, algo que el Tribunal Constitucional ya rechazó en 2014. El president Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras protagonizarán hoy un acto en el Teatro Nacional de Cataluña en el que pretenden explicar las garantías jurídicas del referéndum pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Tribunal Constitucional lo consideran ilegal y la oposición señala que será una mera repetición de la consulta del 9-N de 2014.

La conferencia estará precedida por una sesión informal en el Parlament en la que Junts pel Sí y la CUP darán detalles sobre el borrador. Pero de los 135 parlamentarios acudirán sólo 76: 72 secesionistas; tres de Podem y Joan Josep Nuet, de EUiA. No asistirá la mitad del grupo de Catalunya Sí que es Pot ni los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP. El objetivo de la Generalitat es convencer de que la consulta es viable pese a las dudas sobre el conjunto del proceso, desde la protección a los funcionarios, los puntos de votación o la compra de urnas.La ley del referéndum busca tranquilizar a los funcionarios y cargos que colaboren y a las empresas proveedoras. “Todas las autoridades, personas y empresas que participen ya sea directamente o indirectamente en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum quedan amparadas por esta ley”, dice la norma, que ignora la superioridad jerárquica de la Constitución. La ley considera al Parlament representante de la soberanía y fija un “régimen jurídico excepcional” para regular el referéndum. Por eso, apunta que prevalecerá “jerárquicamente” sobre el resto de leyes.

El título I recoge la regulación del referéndum “vinculante”, sus consecuencias en función del resultado —la intención es aplicarlo en 48 horas— y la creación de una Sindicatura Electoral. El artículo 2º parte de la premisa de que el pueblo catalán es soberano y ejerce “el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”. El preámbulo de la ley subraya que España ratificó en 1977 el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos aprobado por Naciones Unidas en 1966 que reconoce el derecho de autodeterminación como el primero de los derechos humanos. Y señala que el artículo 96 de Constitución recoge que los Tratados internacionales integran su ordenamiento jurídico.