Puigdemont achaca a España la cronificación de la pobreza

El Govern aprovechó ayer su comparecencia sobre el cumplimiento de las medidas contra la pobreza aprobadas hace un año para defender la idea de que la dependencia de España penaliza a los catalanes también en este aspecto. El presidente, Carles Puigdemont, aseguró en el Parlament que si no se destina más presupuesto a servicios sociales es por “el déficit fiscal brutal” que existe, según él, y fió las mejoras a la puesta en marcha de la renta garantizada.

“Cataluña genera los recursos, tiene suficiente capacidad para tener un Estado del bienestar así de potente, pero los recursos se van para financiar otros gastos que no conocemos o, los que conocemos, no nos gustan”, dijo tirando la pelota al Gobierno central. Y aprovechó el debate sobre pobreza para insistir en la idea de la independencia. Según él, la construcción de un Estado independiente “no es un capricho, sino una necesidad” para poder dar respuesta a las necesidades básicas de los catalanes a través de los servicios sociales.

El president tiró de los datos estadísticos del Idescat para explicar el estado de la pobreza en Cataluña. Unas cifras con sabor agridulce: la población en riesgo de pobreza pasó del 19% en 2015 al 19,2% en 2016. Si se recurre al método de cálculo europeo bajó del 23,5% al 22,5%. Y una vez más, insistió en la idea de una Cataluña independiente idílica: “¿Cuál es el motivo de la diferencia entre estos indicadores? Es evidente: el déficit fiscal del 8%, que se va y no vuelve”.

“La renta garantizada nos sitúa entre los países más innovadores que abandonan el asistencialismo y luchan contra las causas de las desigualdades”, defendió la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa. Una ayuda que, junto con una mejora en la economía catalana que auguró Junqueras, ayudará a mejorar las condiciones de vida de los catalanes, aseguraron los diferentes miembros del Gobierno.

La comparecencia generó cierto desconcierto entre las entidades y certificó la diferencia de expectativas. “No hay novedades entre los que se ha presentado y la última reunión de seguimiento de mayo”, explicó Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. “No se ha logrado que ninguna suministradora eléctrica firme los convenios establecidos en la ley contra la pobreza energética”, recordó María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética. Illa celebró la rendición de cuentas pero insistió en que la Generalitat fije indicadores para evaluar el impacto de las 273 medidas que aprobó el pleno monográfico sobre la pobreza del año pasado. “Lo único que tenemos para medir son las cifras del Idescat”, aseguró. La portavoz Neus Munté explicó que el 85% ya están “en aplicación o en curso”.

Inés Arrimadas (C’s), arremetió contra Puigdemont por “criminalizar la solidaridad” entre territorios. Miquel Iceta (PSC) criticó la tardanza en tirar adelante medidas “que no cuestan un euro” como la mesa del pacto por la infancia. Desde la CUP, Gabriela Serra criticó las campañas publicitarias del Gobierno de la renta garantizada sin estar aprobada. Marta Ribas (CSQP) afeó que no se haya abordado la actualización tras siete años del Índice de Suficiencia de Renta de Cataluña, el baremo para entregar ayudas: “Esto sí es una urgencia para atacar la emergencia”, dijo.