Desestimado el recurso que presentaron los afectados por el archivo del caso Funnydent
La juez estima que la investigación desprende la existencia de una pésima gestión, pero no un delito
El juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha desestimado el recurso interpuesto por los afectados de Funnydent contra el auto que archivó el caso en febrero. En aquella resolución, que ahora se ratifica, la magistrada entendía que no hubo ningún delito de estafa por parte del dueño de las nueve clínicas dentales que cerraron, sin previo aviso, en enero de 2016 dejando a miles de clientes en la estacada. La juez indicó que se trataba de un episodio de “mala gestión empresarial” ya que “no hubo engaño” y que el negocio podría haber seguido siendo rentable con un concurso voluntario o un ERE.
Para desestimar el recurso, la juez ha vuelto a esgrimir los argumentos del auto de febrero. “De las diligencias practicadas (…) se desprende la existencia de una pésima gestión empresarial por parte del investigado, cuya responsabilidad civil, mercantil y laboral se halla pendiente de depurar, pero no de indicios de delito penal”, afirma la nueva resolución, fechada el 1 de junio. En el auto anterior, la juez ya dedujo que López no cobró anticipadamente el dinero de los tratamientos de miles de pacientes para lucrarse, sino que lo gastó mal, no supo gestionar un final ordenado del negocio y él también se arruinó. Uno de los administradores concursales nombrados por el juzgado al ser intervenida la empresa, Gabriel Segura, incide en esa tesis: “Con lo que ganaba abría nuevas clínicas y con el resto, pagaba gastos. Hasta que no pudo pagar”.
Lo confirma el propio dueño de las clínicas, Cristóbal López, que ha insistido en esa tesis en una entrevista que publica este lunes EL PAÍS. López, que pasó casi dos meses en prisión preventiva, asegura: “No teníamos estructura, crecimos muy rápido y nos equivocamos, pero no soy un estafador”. El empresario, de 50 años, abrió su primer centro en Móstoles en 2012. En solo cuatro años se convirtieron en nueve, pasó a tener 500 empleados y a facturar, según indica, 20 millones de euros al año. Las nueve clínicas, siete de ellas en Madrid, cerraron en enero de 2016 dejando a miles de pacientes con tratamientos dentales sin terminar. Para entonces, la empresa ya debía más de dos millones de euros a proveedores y 1,3 a la Seguridad Social.
Dilapidar el patrimonio
Félix Moreno, abogado de Cristóbal López, afirma que se trata de una buena noticia para su cliente. “Quiero entender que al desestimarse el recurso contra el auto, este devendría firme. Ahora nos queda el recurso de apelación presentado en la Audiencia Provincial, que supongo que dirá lo mismo”. Para Moreno, que se desestimen los recursos significa dar certeza al auto de sobreseimiento y archivo de la causa que emitió el juzgado en febrero. “A López no le han encontrado nada que demuestre que se ha lucrado, al contrario, lo perdió todo con la empresa. Quedará como un mal empresario, pero no como un delincuente”, subraya Moreno.
En declaraciones a este periódico, Cristóbal López ha asegurado que su intención era “cerrar las clínicas solo cinco días”, hasta que resolviera los problemas con los dentistas. Afirma que había pactado con ellos que cobrarían cuando se solucionara la falta de liquidez, pero que todo explotó antes. Para entonces, y según el plan de viabilidad presentado por los gestores judiciales en mayo de 2016, Funnydent tenía deudas superiores a los tres millones de euros.
López también ha acusado a los administradores concursales de dilapidar su patrimonio y de enriquecerse a su costa. Estos lo niegan alegando que su función es vender los bienes de Funnydent para atender a los afectados, algo que según el empresario no ha sucedido. “Solo se han realizado 700 implantes a 215 pacientes de Leganés y Móstoles”, asegura López. Además, considera que sus clínicas “se han malvendido”. “Han sacado 150.000 euros por centros valorados en 1,4 millones. Los interventores han dilapidado el dinero. Han vendido las clínicas a Yanoesfagi, una empresa creada por sus amigos”. Gabriel Segura, uno de los gestores concursales, sostiene que “López siempre se va a ver como una víctima”. Además, confirma que cada decisión que ha tomado ha sido comunicada al juzgado y auditada por Auren, la consultoría a la que el juzgado Mercantil número 7 de Madrid asignó el proceso concursal.
