Bruselas concede a la Generalitat valenciana la propiedad de Ciudad de la Luz

La Ciudad de la Luz no podrá acoger ninguna actividad lucrativa en los próximos 15 años. Esa es la principal restricción que ha impuesto la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea tras aceptar la propuesta del Gobierno valenciano para recuperar la propiedad de esta infraestructura, según ha desvelado este jueves en una rueda de prensa celebrada en el propio complejo, en Alicante, el presidente autonómico, Ximo Puig.

"Solo se podrán realizar actividades no económicas durante 15 años que serán supervisadas por la propia Comisión. Transcurrido ese plazo, la Generalitat deberá vender las instalaciones o alquilarlas en un proceso de libre competencia", ha precisado.

Puig ha anunciado que pretende negociar esos requisitos con Bruselas —ya hay fijada una reunión bilateral en los próximos días—, aunque se ha mostrado muy satisfecho tras lograr "desactivar" una de las "minas fundamentales" que se encontró el actual Consell cuando llegó, hace dos años, al poder. El complejo cinematográfico, que supuso un desembolso de 343 millones para las arcas públicas autonómicas, según las cifras facilitadas hoy por el presidente, "se encontraba en una situación terminal", amenazado por una "subasta al mejor postor sin ninguna condición, precio mínimo" ni posibilidad de evitar que la infraestructura fuera "troceada y definitivamente aniquilada".

La Comisión Europea ha aceptado, en cambio, una fórmula "novedosa", tanto que es la primera vez que la adopta en su historia, en palabras del dirigente socialista. Esa fórmula consiste en la práctica en una "dación en pago" a la Generalitat, principal acreedora de Ciudad de la Luz a través de la sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que debía recuperar 265 millones de euros en ayudas públicas declaradas ilegales por Bruselas.

Puig ha explicado que la negociación con las autoridades comunitarias ha sido un "proceso duro", aunque se ha saldado con un resultado satisfactorio que permitirá a los valencianos recuperar un patrimonio millonario. "Teníamos escaso margen de maniobra", ha apuntado, "pero hemos logrado aprovechar la rendija que nos han dejado para revertir una situación que consistía en un ser o no ser". Además, en estos meses, el Gobierno valenciano ha constatado que no era cierto que la Dirección General de la Competencia de la UE hubiera "impuesto unas normas inamovibles para la subasta, como se dijo en su momento por el anterior Consell para regalar la Ciudad de la Luz", ha añadido el presidente de la Generalitat.

Ciudad de la Luz, la empresa titular de la infraestructura, deberá acometer en los próximos meses un proceso que desembocará en su liquidación, como exige la Comisión Europea. "Con esta opción se evita ir a un proceso de liquidación judicial", ha indicado Puig, en la que el concurso de acreedores no parecía "viable" y existía un alto riesgo de que la Comunidad Valenciana no pudiera recuperar "ni una mínima parte del capital" invertido. En opinión del presidente, la Generalitat ha demostrado a Europa que es una institución "creíble y fiable".

El objetivo del Gobierno valenciano se centra ahora en convertir un complejo que parecía "destinado a desaparecer" en un "polo de atracción" para la llamada nueva economía, un "espacio vivo" que se convierta en un "centro de referencia" en la implantación de "iniciativas de carácter digital" e "innovación tecnológica".

Puig ha recordado que no todos los edificios ni todas las instalaciones están afectadas por el acuerdo con las autoridades comunitarias y ha agregado que el Consell no renuncia a la actividad cinematográfica en Ciudad de la Luz, aunque dentro de un "proyecto integral más amplio" en el que deben colaborar las empresas, el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante. Entre otras opciones, el Gobierno valenciano baraja llevar al complejo la sede de la Agencia Valenciana de la Innovación.

Si algún día regresa a la Ciudad de la Luz la "actividad privada" a Ciudad de la Luz, ha afirmado Puig, esta se llevará a cabo "sin trampas", sujeta en todo momento, como reclama Bruselas, a las "reglas de la libre competencia".