El Gobierno del PP alivia la presión a CDC por el Palau tras el acuerdo de la estiba
ERC carga contra el PDeCAT por entorpecer la investigación del Palau y Colau pide repetir la votación
El Gobierno del PP ha aligerado la presión sobre el PDeCAT (exConvergència) a propósito del caso Palau. Los dos representantes del Ministerio de Cultura en el Consorcio del Palau de la Música evitaron asistir, el viernes, a una reunión clave en la que se iba a decidir si la institución acusaba al partido de Artur Mas por recibir 6,6 millones en comisiones ilegales. La Generalitat impuso su mayoría y dijo no. La ausencia de los representantes del Ejecutivo central llegó a la vez que PP y PDeCAT ultimaban un acuerdo para sacar adelante la reforma de la estiba.
El Consorcio es el órgano que aporta los fondos públicos al Palau de la Música y está integrado por miembros de las tres Administraciones. Ejerce la acusación particular en el caso Palau, que se juzga estas semanas en Barcelona. La vista trata de aclarar el expolio de la institución (24 millones) confesado por Fèlix Millet y Jordi Montull, pero también el presunto pago de mordidas de Ferrovial a Convergència.
El president, Carles Puigdemont, y su consejero de Cultura, Santi Vila, forman parte del Consorcio, si bien ni uno ni otro acudieron a la reunión del pasado viernes. Delegaron el voto en el secretario general autonómico de Cultura, Pau Villòria. Esos tres votos (todos en manos de antiguos cargos electos de Convergència y ahora de su sustituto, el PDeCAT) superaron a los de quienes abogaban por acusar a CDC —los dos representantes del Ayuntamiento de Barcelona— y abrieron una nueva brecha en el Govern.
El tesorero que salía del auditorio con bolsas
El juicio por el caso Palau llega a su fin. A partir de mañana, las partes (acusaciones y defensas) deberán decidir si mantienen o modifican sus peticiones sobre los acusados (penas de cárcel, multas, inhabilitaciones). La fiscalía y la Federación de Vecinos de Barcelona señalan al extesorero de Convergència (CDC) Daniel Osácar y al partido por haberse lucrado con dinero de origen ilícito. El Consorcio y la Fundación del Palau también ejercen la acusación. Cuando afloraron los primeros indicios contra CDC, el consorcio señaló al partido de Artur Mas. Pero con la llegada de este al poder, y con el convergente Xavier Trias al mando en el Ayuntamiento de Barcelona, el consorcio cambió de parecer.
Cualquier cambio de estrategia jurídica —que la Generalitat ya ha descartado— tiene que cerrarse antes de esta semana. El motivo es que, una vez presentadas las conclusiones definitivas, ya no pueden modificarse. Los abogados de la fundación (un ente privado) consideran que no hay suficientes indicios para acusar a Convergència de financiación irregular pese a las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull, y pese a los indicios acumulados a lo largo de la instrucción y en el juicio.
Una de las secretarias de Millet aportó ayer nuevos indicios. Según explicó, Millet citaba a reuniones fugaces en su despacho al tesorero de CDC Carles Torrent (que no está acusado porque falleció en 2005). En una ocasión, explicó Cristina T., Torrent salió del despacho cargado con una bolsa que no llevaba al entrar. La mujer gestionaba la agenda de Millet y suyos son algunos documentos clave en los que se apoya la fiscalía para pedir el comiso de los 6,6 millones que, presuntamente, se embolsó Convergència con comisiones de Ferrovial. Millet, desgranó la testigo, llamaba a la sede de Convergència y al poco rato se presentaba Torrent en el Palau de la Música. No parecía que tuviesen conversaciones demasiado extensas o profundas. “Era un momentito, subía y se iba”.
Los convergentes se impusieron porque los dos representantes del Ministerio de Cultura se excusaron alegando problemas de agenda, según confirman distintas fuentes. Tampoco delegaron su voto en ningún asistente. La propuesta de acusar a Convergència en el juicio —las partes personadas deben decidir a partir de mañana su posición final— se discutió en diversas conversaciones y en dos reuniones a las que sí acudieron los representantes del Ministerio de Cultura en el Consorcio: el director general de artes escénicas y música y su número dos. A la del viernes, que era la decisiva, no se presentaron.
El PDeCAT y la Delegación del Gobierno en Cataluña han negado este lunes que esta “abstención” del Gobierno central en el caso Palau y la previsible abstención con la que los diputados neoconvergentes permitirán la aprobación de la liberalización de la estiba formen parte de un intercambio de favores mutuo. Ambas votaciones, importantes para las dos partes, se producen en un momento de fuerte tensión entre los Ejecutivos central y autonómico por el proceso independentista.
ERC fue dura con su socio de Gobierno. “El Departamento de Cultura se lo tendría que mirar”, dijo la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. Vila defendió su decisión y afirmó que una vez haya sentencia la Generalitat podrá decidir si acusa a CDC. El PDeCAT evitó entrar en el choque, en el que sí participó Ada Colau. Tras ver la polémica que se había generado y la división existente en el Gobierno catalán, remitió una carta a Puigdemont. En ella, Colau insiste en esa división de criterio —“las reacciones que la votación ha generado en el Gobierno de la Generalitat”, dice— y demanda una “reunión extraordinaria” hoy mismo para replantear la posición del Consorcio de la institución musical.
“El eterno pacto”
“Nuestro deber es colaborar al máximo con el esclarecimiento de los hechos (...) Eso implica dirigir la acusación contra todas aquellas personas y organizaciones sobre las cuales recaen indicios razonados de actuaciones irregulares que han quedado acreditadas al largo de la vista oral”, señala Colau. Al cierre de esta edición, la Generalitat no había respondido a esa propuesta. El enfado mostrado por los republicanos se extendió a otros partidos, como Podem. Su líder, Albano Dante Fachin, denunció que se repite “el eterno pacto de la derecha catalana y la española para tapar la corrupción”. El PDeCAT, por su parte, afirmaba que la polémica no tiene más recorrido y que fue el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat el que determinó los votos de los representantes del Gobierno catalán.
A diferencia de la fiscalía, el Consorcio y la Fundación del Palau (este último es el órgano privado y gestiona el coro) no han apuntado durante el juicio a Convergència como responsable civil a título lucrativo. Tampoco han acusado al extesorero del partido Daniel Osácar, para quien el fiscal pide siete años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo.
El Ayuntamiento de Barcelona pidió hace dos meses un cambio en esa estrategia jurídica. Sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo del juicio: casi ocho años después de que los Mossos registraran el Palau, Millet y Montull reconocieron en su declaración que hicieron de intermediarios en el pago de comisiones de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública (Ciudad de la Justicia, línea 9 del metro) en el último Gobierno de Jordi Pujol. El Consistorio pretendía cambiar ese posicionamiento jurídico, porque esta misma semana las partes emitirán sus conclusiones definitivas en el juicio.
