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La fiscalía pide seis años de cárcel por malversación para el exalcalde de Cenicientos

Entre 2004 y 2010 se produjeron movimientos de dinero sin justificar entre la cuenta del Ayuntamiento y otra del exalcalde, dice el escrito

La fiscalía pide seis años de cárcel por malversación de caudales públicos para Jesús Manuel Ampuero, que fue alcalde de Cenicientos por el PP de 1991 a 2010. Según el escrito de la fiscalía de conclusiones provisionales, se produjeron entre 2004 y 2010 una serie de movimientos de dinero sin justificar entre la cuenta bancaria del Ayuntamiento y otra de Ampuero que resultaron en un “enriquecimiento personal ilícito [del exalcalde] de 105.012,58 euros”. Ampuero siempre ha defendido su inocencia e, incluso, que es el Consistorio el que le debe dinero.

Durante años, al menos durante seis, las tranferencias de ida y vuelta entre la cuenta banacaria del Ayuntamiento de Cenicientos (un municipio de 2.000 vecinos en el extremo suroccidental de la Comunidad de Madrid) y la cuenta del que fue su alcalde casi dos décadas, Jesús Manuel Ampuero, eran continuas. De tal forma que recibió 369.863 euros de las arcas municipales, de los cuales únicamente 70.000 correspondían a sus nóminas. A su vez, Ampuero hizo ingresos en la cuenta municipal por valor de 194.842,83 euros, siempre según el fiscal. Así, entre lo que recibió, lo que correspondía a su sueldo y lo que envió de vuelta, el saldo positivo a favor del exregidor serían esos 105.000 euros.

Además, la cuenta en cuestión recibió ingresos de “origen desconocido”, en forma de transferencias, efectivo y, sobre todo, cheques, por valor de 391.326 euros. Y todo eso ocurría a la vez que el alcalde recibía presuntamente 140.000 euros procedentes del alquiler de una casa rural de propiedad municipal de los que nunca más se supo.

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Todos estos hechos vienen relatados en el escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía en la que solicitan al Juzgado de 1º Instancia e Instrucción número 1 de Navalcarnero previos a la apertura de juicio oral contra Ampuero, que se celebraría en un tribunal con jurado, pero no tiene fecha. La fiscalía pide seis años de ca´rcel contra Ampuero y que se le condene a pagar una indemnización de 245.000 euros al Ayuntamiento.

El procedimiento parte de una querella presentada en 2012 los por los sucesores, también del PP, de Ampuero, que había dimitido dos años antes por problemas de salud. En todo momento, Ampuero ha defendido su inocencia y ha asegurado, incluso, que llegó a poner dinero de su bolsillo al Ayuntamiento y que este es, en realque debería dinero a él. Por ejemplo, ha mencionado una cuenta de sus padres, desde la que transfirió dinero al Consitorio, y dos años de sueldo que asegura que se le deben, lo cual superarían según él los mencionados 105.000 mencionados.

Sin embargo, no solo la fiscalía le contradice. También la acusación particular de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cenicientos, liderados por la actual alcaldesa del municipio, Natalia Núñez. De hecho, en su escrito de acusación, en el que piden 36 años de cárcel por seis delitos de malversación de caudales públicos, van más lejos que el del fiscal en la descripción e interpretación de lo ocurrido. Aseguran, por ejemplo, que los pagos qué él le hizo al Consistoría pretendían servir “para justificar luego el cobro de la supuesta deuda del Ayuntamiento con él, cuando dichops pagos en realidad se hacían con el dinero del Ayuntamiento apropiado” por él. Sobre la recaudación de la casa rural que al parecer recibía en mano de dos empleadas del Consistorio, aseguran que el exalcalde la “hizo suya en lugar de ingresarla en las arcas municipales”.

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Pagarés

Y a todo ello le añaden entre 18.000 y 25.000 euros que presuntamente se habría apropiado de tasas cobradas a los feriantes durante las fiestas patronales e, incluso, de 2.900 que abonaron los anunciantes que aparecieron en el Libro de las Fiestas.

Por último, describen un sistema de pagos mediante pagarés para la contratación de distintos servicios —“la mayoría consistentees en festejos taurinos”— que le habría servido para burlar los procedimientos de contratación. Un sistema que, además, según sostiene lam acusación del actual equipo de Gobierno del Consistorio, ha llegado a generar una deuda del municipio con los proveedores de tres millones de euros.

Y todo eso ha ocurrido en un municipio que está en la más absoluta bancarrota —tiene una deuda de 11 millones de euros con un presupuesto anual de 1,6 millones— y en el 236 personas están en el paro —es decir, el 11% de la población totasl y el 20% de los que están en edad de trabajar—.

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