El alcalde de L’Ametlla de Mar cobró tras adjudicar a Efial 3,3 millones

El sumario de la Operación Térmyca revela que Efial se “infiltró” en municipios de toda España y logró crear “ayuntamientos paralelos”. Con esas estructuras consiguió contratos millonarios sin control. Lo bordó en L’Ametlla de Mar. Cala Gestió —una entidad pública empresarial local que, de facto, controlaba— le proporcionó contratos por 2,6 millones; una bicoca para una consultora de tamaño medio dedicada a hacer informes de asesoría y gestión.

Martí, que ocupó el cargo de 2003 a 2015, benefició presuntamente a Efial por dinero. La Guardia Civil ha cosechado multitud de evidencias. De 2009 a 2011, la consultora pagó al alcalde por el supuesto alquiler de una vivienda en la localidad. Pero se da el caso de que en la vivienda citada figuran como empadronados el alcalde y su familia. El nombre de Martí llegó a oídos de la Policía de Andorra, que le situó como “beneficiario de cuentas” en ese país donde “habría ingresado importates cantidades de dinero mientras ostentó el cargo de alcalde de la citada población del Baix Ebre”.

El juez envió una comisión rogatoria a Andorra. Y Bingo: Martí participa en cinco cuentas en la Banca Privada de Andorra —la misma que guardaba la fortuna oculta de los Pujol— con activos por 2,3 millones. De ésos, 1,3 millones eran “de origen desconocido”. El alcalde alegó que procedían de la “recepción en herencia de un inmueble”. Pero los investigadores lo dudan. Primero, porque los ingresos se producen en tres fases distanciadas en el tiempo. Y segundo y sobre todo, porque la vivienda “sigue siendo propiedad” de Martí, por lo que “no puede haber ofrecido rendimientos” tan elevados. Los investigadores concluyen que ese dinero puede ser de “origen ilícito”.

Los registros del 4 de julio de 2016, cuyo contenido se ha conocido ahora, aportan más pistas. En su trastero, los agentes hallaron documentos con adjudicaciones del Ayuntamiento junto a un porcentaje identificado como “comisión” y el nombre de la empresa que ganó el contrato. En particular, aparece una factura de 12.798 euros (25 de junio de 2009) pagada por una constructora a la empresa Deep Blue, en principio no vinculada al alcalde. El concepto: “representación en la adjudicación de obra”, que supone un primer pago del “2,5%”. Los agentes la conectan con un hallazgo en otro piso de su propiedad, pero éste en L’Hospitalet de Llobregat: el libro de cuentas del Al Lopd.

Al Lopd es la empresa de la mujer de Martí. Según Hacienda (que investigó el patrimonio de la pareja), se creó en 2009 pero “no ha tenido actividad económica” y solo le consta una empleada. En ese libro de cuentas, aparece un pago de Deep Blue a Al Lopd, en 2013, por 47.950 euros.

“Elevado nivel de vida”

La Guardia Civil constata que Martí disfruta de un “elevado nivel de vida” con “reservas en hoteles de lujo, gastos escolares en colegios elitistas o asunción de mútliples y diversos pagos aparentemente en metálico”. Las llamadas telefónicas también revelan que se ha comunicado con el actual gerente de Cala Gestió para que revise los expedientes de adjudicación y “añada cualquier documentación o firma que pueda faltar”, puesto que el nuevo equipo de Gobierno ha sometido a la EPEL a una auditoría. Martí, agrega el informe, ha realizado labores de “conseguidor” a través de emprsas por su “influencia” en otras administraciones públicas.

Los papeles muestran también que pudo haber cobrado comisiones del delegado de la constructora Oproler en Cataluña, Josep Manel Bassols, implicado también en el caso 3%. Constan anotaciones de esos supuestos pagos: “Ametlla: pagaments Bon Repòs. Bertran. A Martí”. El municipio adjudicó a Oproler las obras del Bon Repòs y los accesos a la comisaría de los Mossos d’Esquadra.

La Guardia Civil ha hallado otros documentos llamativos, de esos que dan la medida del personaje. Cala Gestió pagó a la empresa Llimargas 3.567 euros por un “estudio de asesoría de imagen personal” de Martí. Hay también una carta en la que el Consell Comarcal del Baix Ebre recuerda a Martí que no puede pasar como presidente del ente unas llamadas que efectuó entre julio y agosto de 2009. Se trata de una factura de 1.070 euros por llamadas desde las Islas Seychelles y las Islas Mauricio.