El exjefe del servicio jurídico de la Comunidad de Madrid defenderá a OHL contra el Gobierno
El Abogado General entre 2010 y enero de 2015 representa a la concesionaria del Cercanías a Navalcarnero
La constructora OHL ha puesto en manos de Carlos Domínguez Luis (máximo responsable de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y enero de 2015) la representación legal de su filial Cercanías Móstoles Navalcarnero S. A. en su conflicto contra el Gobierno regional. Una y otra parte se acusan desde hace más de un lustro de incumplir el contrato por el que la empresa debía unir por tren estos dos municipios del sur de la región. Domínguez recuerda que no existe incompatibilidad y asegura que no trató el asunto durante su paso por la Comunidad. Por su parte, OHL señala que la de Domínguez es una de las firmas con las que colabora habitualmente y que lleva para ellos otros asuntos.
El Abogado General de la Comunidad de Madrid hasta enero de 2015, Carlos Domínguez Luis, forma parte desde hace un año de la firma Business & Law, a la que se incorporó también el pasado noviembre la que fuera la jefa de su servicio de apoyo durante su paso por el Gobierno regional, Mercedes Blanco Toribio. La letrada de la Comunidad en excedencia también está autorizada para representar a la concesionaria del frustrado proyecto adjudicado en 2008 para construir una línea de cercanías de 14,8 kilómetros que conectaría Atocha, Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero.
Un proyecto que encalló en 2010, cuando la concesionaria paralizó las obras alegando dificultades económicas. Desde entonces, la Comunidad acusa a la empresa de incumplir el contrato por la decisión unilateral de detener los trabajos, mientras la empresa le acusa de lo mismo por no abonarle los 50 millones de euros que, aseguran, tenían comprometidos. Así, entre acusaciones cruzadas e intentos de resucitar el plan —el Grupo OHL asegura que ha ofrecido distintas propuestas que no han sido aceptadas— el conflicto ha llegado hasta hoy con varios frentes abiertos.
Por un lado, hay en marcha un conflicto administrativo de la Comunidad contra la empresa por incumplimiento de contrato. Hay otro litigio a cuenta de la multa de 34 millones que le impuso el Gobierno y tras la cual la concesionaria se declaró el año pasado en concurso voluntario de acreedores. Y, por último, la compañía reclama por la vía contencioso-administrativa la resolución del contrato por incumplimiento del Ejecutivo y reclama 318 millones por la inversión que ya había hecho (las obras se quedaron a medias) más el lucro cesante.
Este último litigio, iniciado después de su salida de la Comunidad, es el que lleva Domínguez desde el pasado enero, según explica él mismo por teléfono a este diario. Fuentes conocedoras del acuerdo especifican que se trata del recurso contra la decisión de enero de 2016 del consejero de Transportes de desestimar la petición de la compañía, hecha en junio de 2015, de resolver el contrato. “No encontrarán ni un solo papel firmado por mí, ni un solo informe ni una sola consulta ni una sola reunión que diga que yo conocí el caso de alguna manera durante mi etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, señala de forma tajante el ex Abogado General del Ejecutivo regional. “Si hubiera intervenido o lo hubiera conocido de alguna forma, mi ética profesional me impediría llevar ahora el caso”, añade e insiste en la legalidad de su comportamiento en cualquier caso.
Lo mismo hace extensivo a su antigua número dos en el Gobierno regional, Mercedes Blanco Toribio, que a finales del año pasado, tras tomar una excedencia como letrada de la Comunidad, se unió a la firma de Domínguez. Serían los servicios jurídicos de la Consejería de Transportes los que, entiende Domínguez, llevaron directamente el asunto en su día. Todas las consejerías tienen sus propios servicios, aunque todos dependen orgánicamente del Abogado General de la Comunidad. Este, con rango de viceconsejero, tiene entre sus funciones la de “dirección y coordinación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, así como su relación con toda clase de organismos y entidades”.
En todo caso, Domínguez aclara que Blanco no está participando en el caso del cercanías. “Las empresas otorgan poderes generales de representación para que, en caso de que sea necesario, otro abogado pueda hacerse cargo. Pero en este litigio soy únicamente yo quien lo está llevando; ella no ha tenido ninguna intervención”, explica.
Por su parte, una portavoz de OHL, preguntada sobre si el paso de los letrados por el Gobierno regional ha influido en la decisión de contratarles, asegura por correo electrónico lo siguiente: “Business & Law, uno de cuyos socios es Carlos Domínguez, es uno de los despachos de abogados con el que el área jurídica de OHL colabora habitualmente. Sus actuaciones no solo se centran en Cemonsa [la concesionaria del Cercanías], sino que también coordinamos con ellos otros procedimientos que no tienen ningún tipo de vínculo con la Comunidad de Madrid”.
La promesa electoral que se llevó la crisis
El Cercanías a Navalcarnero fue una de las promesas electorales estrella de Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2007. Tras ganar los comicios regionales, Aguirre puso la primera piedra en 2008 y su Gobierno adjudicó las obras a OHL.
La empresa, que debía invertir en el proyecto 362 millones de euros, correría con los gastos y el Gobierno le pagaría un canon en función del número de pasajeros. Pero llegó la crisis y las obras se paralizaron en 2010 porque las cuentas no salían. Tampoco han salido después. Si la culpa ha sido de la Administración o de la compañía, lo dirán los jueces.
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