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El soberanismo utiliza el juicio contra Mas para reafirmarse en la calle

El Gobierno catalán y los encausados se dan un baño de masas antes de acudir a la sala de vistas

Albert Garcia (Joana Ortega, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Artur Mas e Irene Rigau)

El independentismo volvió a salir este lunes a la calle para arropar al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a dos de sus consejeras, quienes se dieron un baño de masas antes de sentarse en el banquillo por organizar la consulta del 9-N de 2014 suspendida por el Tribunal Constitucional. Casi todo el Gobierno catalán y líderes soberanistas les acompañaron desde el Palacio de la Generalitat al de Justicia para mostrar su “indignación”, en expresión del president Carles Puigdemont, quien en un mensaje institucional dijo: “Muchos nos sentimos juzgados”.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) aseguró la víspera que había más de 40.000 inscritos para apoyar a Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esa fue la cifra de asistentes que posteriormente facilitó la Guardia Urbana de Barcelona, si bien la entidad antindependentista Societat Civil Catalana rebajó el número a 16.300.

En cualquier caso, el secesionismo aprovechó el inicio del juicio, que durará toda la semana, para escenificar de nuevo su proyecto de ruptura. Puigdemont dirigió un breve mensaje institucional a las 8.00 desde el Palacio de la Generalitat en el que dijo sentirse “indignado” por el juicio, elogió la “dignidad” del pueblo catalán y dijo que los acusados irían al tribunal “no arrodillados sino de pie”. En la sede institucional recibió Puigdemont a los tres procesados, y con ellos inició desde allí la marcha hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El president centró su crítica en el PP y se remontó a una década atrás, cuando el partido de Mariano Rajoy recogió firmas para recurrir ante el Constitucional el Estatuto de 2006. De aquellos polvos, estos lodos, vino a decir Puigdemont, que ya era independentista cuando Convergència, su partido, firmó en 1996 el pacto del Majestic con el presidente del Gobierno José María Aznar.

Desaire a los jueces

La puesta en escena en las calles fue también un desaire al Tribunal Superior. La comitiva con los acusados tardó hora y cuarto en cubrir un recorrido a pie que se hace en apenas 15 minutos. Hubo cuatro paradas para que los fotógrafos tomaran imágenes, para cantar varias veces Els segadors y para pasar por varios iconos del independentismo durante el trayecto: el Fossar de las Moreres, la fosa común por la derrota de 1714 frente a las tropas borbónicas, el Centro Cultural El Born y el Arco del Triunfo. Para pasar por debajo del conocido monumento y posar de nuevo, los acusados dieron una buena vuelta.

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Mientras, a las puertas del Palacio de Justicia esperaban sus abogados, hasta que se cansaron y regresaron a la sala de vistas. El expresidente y las dos consejeras siguieron con su baño de masas hasta que decidieron entrar, con más de media hora de retraso y después de toda la gestualidad de rigor. A la salida volvió a repetirse la escena ante los gritos de “independencia”, “no estáis solos” o “ni un paso atrás”, y Mas agradeció el apoyo desde una tarima.

En la sala de vistas alegó en su defensa que el Tribunal Constitucional no le advirtió de las consecuencias de organizar el 9-N y aseguró que, tras la suspensión, la consulta quedó en manos de los voluntarios.

La mañana evidenció la división de la sociedad catalana frente a la situación política, que se visualiza en el Parlament y en casi todas las encuestas. Por un lado, los partidos defensores de la secesión (PDECat, ERC y la CUP), que han rectificado para volver a reclamar el referéndum (sea este pactado o unilateral) y que en esta nueva estrategia han sumado a Catalunya sí que es Pot, donde está Podemos. El presidente de ese grupo, Lluís Rabell, también se fotografió este lunes en la Generalitat junto al Gobierno catalán, los tres encausados y otros cargos públicos.

En el otro lado se sitúan PP, Ciudadanos y PSC, que siguen defendiendo, con matices notables, la aplicación de la ley y rechazan la tesis de que la vista que se inició este lunes sea un “juicio político”, como repite Artur Mas desde hace semanas. Se le juzga por desobedecer presuntamente al Tribunal Constitucional, no por independentista, sostienen esas fuerzas políticas, que discrepan en la receta para afrontar la situación.

El expresident da por seguro que los tres serán condenados y que la sentencia —que sería de inhabilitación— está “medio hecha”. Queda por ver si se confirma y, sobre todo, la cuantía de la pena. En las filas independentistas se señala que “no es lo mismo un año de inhabilitación que diez”, que es lo que pide el fiscal para Mas.

En cualquier caso, el desenlace de ese proceso judicial y de otros dos en marcha (contra el exconsejero Francesc Homs también por el 9-N y contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament) serán determinantes para que se acelere o se mantenga el calendario previsto por el independentismo de convocar el referéndum para finales de septiembre, a más tardar.

La Generalitat insiste en que sigue abierta al diálogo, igual que el Gobierno del PP, pero no hay avances. Cataluña está abocada a nuevas elecciones en otoño o antes del verano y queda por ver si se celebra el referéndum y cuándo.

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