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El Ayuntamiento crea otra comisión para investigar la venta de viviendas de Botella

Un juez anuló una anterior comisión que pretendía investigar la gestión municipal de los últimos dos alcaldes del PP

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Jaime Villanueva

El pleno municipal aprobó este martes, con la abstención del PP, crear una nueva comisión de investigación sobre la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión realizada en 2013, durante el mandato de Ana Botella (PP). El juez invalidó en diciembre los anteriores intentos de revisar la gestión municipal de las épocas de los alcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Botella. Esta nueva comisión, en la que esta vez participará el PP, durará un máximo de seis meses.

El juez invalidó en diciembre que las comisiones municipales encargadas de investigar la gestión de Gallardón y Botella, puesto que no tenía un "objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanentes". Ante este dictamen, el PSOE y Ahora Madrid decidieron presentar otra propuesta al pleno municipal para enfocar la nueva comisión únicamente a la venta de más de 1.800 viviendas sociales al fondo de inversiones Magic Real Estate Blackstone.

De la operación, el Consistorio recibió 128,5 millones de euros. Sin embargo, tres años después, un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid detectó irregularidades en la entrega de los pisos, causando una pérdida de más de 30 millones al Ayuntamiento con respecto al valor real de las viviendas.

Marta Higueras, delegada del Área de Equidad y también presidenta de la EMVS, sostuvo que la decisión del Consistorio de volver a empezar a investigar esa venta se tomó por el "alarma social que generó". La edil defendió que la comisión "no trata de ni de revanchismo ni de causas generales", pero recordó que la Cámara de Cuentas expresó su crítica sobre la operación.

Un concejal del PP contra Trump

Ahora Madrid y PSOE se solidarizaron ayer con México por la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro entre ambos países. Las dos formaciones calificaron su política de "atropello a la dignidad humana". La portavoz del PP, Esperanza Aguirre, defendió la inmigración, pero arremetió contra Clinton y Obama, "quien expulsó a 2,800 millones de inmigrantes". En el momento de la votación, un concejal del PP rompió la disciplina interna y apoyó la moción. Fuentes del partido señalaron que los ediles tenían libertad de voto.

Mercedes González, concejal del PSOE, se felicitó irónicamente con el PP por haber "parado" la investigación anterior. "Todo el mundo sabe que pararon la comisión, pero no pararon la verdad. Eso no lo consiguieron", afirmó la edil, quien calificó la cesión de 2013 como el resultado de la "ley de la selva". "La ciudadanía tiene claro que la operación que ustedes realizaron fue oscura y cruel. Vendieron viviendas de la gente que más las necesitaba para que sus amigos hicieran caja", agregó la socialista, refiriéndose a la bancada de los representantes del PP.

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Ciudadanos, que presentó una enmienda para limitar no solo en el objeto sino también en el tiempo las labores de la comisión, destacó la existencia de "indicios de irregularidades" en la venta de los pisos de la EMVS. "El precio de la venta fue inferior al exigible según valores contables", subrayó Miguel Ángel Redondo, número dos de la formación liderada en Madrid por Begoña Villacís y responsable del área de Economía del grupo.

"Un despropósito legítimo"

"Los tribunales le han dado la razón al PP", defendió Íñigo Henríquez de Luna, concejal de este grupo municipal. Y con respecto a la decisión del Consistorio, agregó: "No nos oponemos que se investigue la actuación de gobiernos anteriores. Pero juzgar con los ojos de hoy día las difíciles decisiones que se tomaron durante el momento más duro de la crisis nos parece un despropósito, aunque sea legítimo".

El PP no participó en la anterior comisión de investigación al considerar que era una "cacería" contra su partido y una "causa general", pero sí estará presente en la nueva, según anunció  Henríquez de Luna.

La nueva comisión no permanente, según el plan municipal, tendrá como objeto analizar "la gestión de la EMVS y del Ayuntamiento en la enajenación de las 18 promociones de viviendas protegidas realizadas en 2013", así como "el origen del endeudamiento de la EMVS y el posible perjuicio patrimonial realizado a las arcas municipales con dicha enajenación".

Este organismo estará compuesto por 11 miembros —cuatro del PP y de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos— y adoptará acuerdos por mayoría simple. Elaborará un dictamen que será elevado a pleno para su votación, pero que no tendrá valor jurídico. Tras la acogida de una enmienda presentada por Ciudadanos, el Ayuntamiento fijará el plazo de la investigación en tres meses, con la posibilidad de prolongar sus labores a otros tres.

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