Los 30 acusados del ‘caso Guateque’ se enfrentan a 250 años de prisión
La Audiencia Provincial enjuicia el mayor caso de corrupción en la concesión de licencias administrativas
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid inicia este martes el juicio por el denominado caso Guateque con 30 acusados —entre ellos 19 funcionarios del Consistorio— en el banquillo. El proceso trata sobre la mayor trama de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos, que fue destapada a finales de 2007 y en la que llegaron a estar implicados más de 100 empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento madrileño. El Fiscal solicita una pena conjunta de 250 años de cárcel para los procesados.
Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los 10 meses y los 31 años de prisión. Se les acusa de cohecho, de delito continuado de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, de tráfico de influencias, de prevaricación ambiental y de negociaciones prohibidas a funcionarios. La denominada operación Guateque destapó en 2007 una red de corrupción interna en el Ayuntamiento de Madrid. El 14 de noviembre de ese año fueron detenidos 16 funcionarios municipales por cobrar hasta 18.000 euros a cambio de agilizar licencias de locales. En 2008, el número de imputados ascendió a 80.
Según la instrucción del juez Santiago Torres, la trama estaba supuestamente encabezada por Victoriano Ceballos —al que se le imputan 14 delitos—, exjefe del Área municipal de Impacto y Análisis Ambiental. Pero también tenían un papel importante Manuel Álvarez y Fernando Zornoza, dos técnicos de licencias de la Junta Municipal del Distrito de Centro; Mario Mínguez y Fernando Ruiz, dos funcionarios del área de Disciplina Urbanística, y José Antonio Jodar, funcionario de la Concejalía de Urbanismo.
Según los investigadores, el funcionario municipal Carmelo García y el intermediario Santiago Castillo —a los que se les imputan 12 delitos— eran los encargados de captar a los empresarios que querían abrir un negocio en Madrid y les pedían dinero a cambio de lograr el favor de determinados funcionarios del Ayuntamiento.
El proceso fue complejo desde sus inicios hace casi una década. Entre los 100 imputados iniciales del caso Guateque figuraba Teresa Gabarra, esposa de Alberto López, exconsejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre y uno de los principales acusados de la trama Gürtel. Al caso se unieron también otras causas complejas —algunas declaradas secretas— como las diligencias previas 2983/09 que condujeron a la cárcel a 26 personas tras varias decenas de registros en casas. A su vez, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial valoró que Torres dilató indebidamente la instrucción del caso. En septiembre de 2012 se le impuso una sanción de 1.000 euros. El juez reaccionó con un escrito de alegaciones ante el consejo, en el que defendía que algunos imputados trataron de “hundirle y apartarle de la investigación”.
Un juzgado colapsado
El Poder Judicial obvió en su decisión la gran carga de trabajo que soportaba el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid en la época en la que Torres era el titular. Ese juzgado era uno de los órganos de su tipo más saturados de causas en España y el que más actividad tuvo en los últimos años de los 50 que hay la sede judicial madrileña de la plaza de Castilla. Además, la denuncia del retraso que derivó en la sanción la interpuso ante el Consejo el sindicato ultraderechista Manos Limpias y uno de los imputados en la trama de las licencias, el exfuncionario del Ayuntamiento de Madrid Joaquín Fernández de Castro.
Torres, que fue trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid, dio por finalizada la causa en 2012 con 28 procesados. En 2013, Rosa María Freire, la sustituta al frente del Juzgado de Instrucción número 32, sobreseyó las actuaciones contra 45 personas (entre ellas Teresa Gabarra), pero aumentó el número de imputados a 34. Freire recuerda en un auto que “las diligencias se incoaron por cuanto determinadas personas físicas y jurídicas que tramitaban licencias urbanísticas solicitaban dinero para entregarlas a funcionarios del Ayuntamiento que trabajaban en esas juntas, en Gerencia de Urbanismo o en el Departamento de Medio Ambiente”. Esas cantidades servían a los presuntos mediadores para su propio lucro. Los funcionarios, a cambio, adelantaban la tramitación o mejoraban los requisitos para la obtención de las licencias, según Freire.
El 21 de julio de 2015, la magistrada abrió juicio oral para la denominada operación Guateque. Una decisión que llegó más de ocho años después de que se realizasen las primeras pesquisas. A parte, Freire también acordó medidas cautelares. Algunas de ellas fueron mantener en libertad provisional a los imputados y el requerimiento de que prestasen las fianzas correspondientes el día siguiente a la recepción de la notificación.
Carmelo García Sánchez, que fue funcionario adscrito a la Gerencia de Urbanismo, y el intermediario Santiago Castillo Morales, son considerados los principales responsables de la trama de corrupción. Ambos debían ingresar la cifra más alta: 764.600 euros. La resolución declaró además la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid que estaba obligado a depositar en el mismo plazo 28.000 euros en la cuenta bancaria asignada al juzgado.
Está previsto que la vista oral de este mediático juicio se desarrolle hasta el próximo mes de mayo. Se han señalado 60 sesiones que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves de cada semana a las diez de la mañana.
Caso parado por falta de apoyos
En 2011, el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, dirigido por el juez Torres, pidió un refuerzo. La Consejería de Justicia desobedeció el 9 de febrero de ese año la orden de crear un juzgado bis de apoyo amparándose en la crisis económica.
La causa estuvo parada meses, lo que unido a la complejidad de la trama, hizo que el juez tardara cinco años en terminar su investigación. La carga de trabajo era por el volumen de diligencias del caso, además de las ramificaciones delictivas y el tráfico de drogas a gran escala surgidas durante la instrucción del asunto —lo que llevó a Torres a encarcelar a medio centenar de personas por tráfico de drogas—.
