Colau evita multar la prostitución callejera
Las prostitutas aseguran que con la entrada en el gobierno de BComú el trato con los agentes de la Guardia Urbana ha cambiado y ya no imponen sanciones
“No parecen los mismos urbanos. Ya no vienen a la caza y captura de la puta. Hay presión, pero ya no nos multan, como hacía Xavier Trias”. Janet, una de las prostitutas de la calle de Robador del barrio barcelonés del Raval, sostiene que desde que entró Ada Colau en el Ayuntamiento los agentes han dejado de multarlas por ofrecer servicios sexuales en la calle. “Necesitábamos que alguien simplemente nos escuchara. Queremos que coloquen bancos en la calle para trabajar de forma más discreta, tener baños públicos… el Ayuntamiento dice que lo estudia. Ahora, por lo menos, cuando nos precintan un apartamento acusándonos de montar un meublé nos dejan sacar nuestras pertenencias”, se conforma. La estadística da la razón a Janet.
El exalcalde convergente Xavier Trias, apoyado por el PP, modificó la ordenanza de civismo en 2012 para prohibir la prostitución callejera en Barcelona. En las primeras cinco semanas que la norma estuvo vigente, los urbanos amonestaron a 316 personas (204 de estas denuncias fueron a prostitutas). El convergente conservó la alcaldía un mandato.
En junio de 2015, Ada Colau tomó posesión como alcaldesa. Durante todo ese año la urbana interpuso 508 denuncias por ofrecer o contratar servicios sexuales en la vía pública, la mayoría de ellas en los meses que gobernó Trias. Desde la tenencia de alcaldía de Derechos de Ciudadanía y desde la concejalía de Feminismos aclaran que aunque Colau hubiera querido sancionar a las prostitutas —que no quería— no lo hubiera podido hacer porque a los pocos días de haber tomado posesión del cargo entró en vigor Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. “Esta ley tiene un rango superior a la ordenanza y es de obligado cumplimiento. El texto legal no prevé multar por realizar ofrecimientos sexuales”, defiende una portavoz municipal.
La ley mordaza impide sancionar a prostitutas, pero el Consistorio barcelonés añade otros motivos para no multarlas: “Existe una directiva europea que pide que se evite revictimizar a las mujeres en posibles situación de tráfico”. Desde el Consistorio admiten que “no sancionar el ofrecimiento sexual es una práctica consolidada en Barcelona y que, además, no ha tenido ningún impacto sobre el número de prostitutas que ejercen en las calles”.
La portavoz municipal asegura que según las estadísticas con las que cuenta la Agencia para el abordaje integral del trabajo sexual (Abits) el número de meretrices es estable desde hace años. “Las sanciones a las prostitutas no tenían ningún efecto disuasorio y dejar de sancionar no ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales”, concluye la portavoz.
El intendente jefe de la comisaría de Ciutat Vella de la Guardia Urbana de Barcelona, Benito Granados, opina que “quizás antes la administración había perdido un poco la sensibilidad con el tema de la prostitución”. Granados conoce los movimientos que hay en su distrito y más allá. “Actualmente, entre la ronda Sant Antoni, Robador, la Rambla y la Villa Olímpica hay cerca de 60 mujeres ejerciendo la prostitución callejera”. Reconoce que es una población bastante estable.
“Este 2016 en Ciutat Vella no hemos denunciado a ninguna prostituta y hemos multado a unos 80 clientes”, explica Granados. El intendente ha hecho labores de mediación con el colectivo: “Nuestro objetivo es luchar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ahora los explotadores no se distribuyen en grandes organizaciones criminales sino que son estructuras pequeñas que explotan a una o dos mujeres siguiendo métodos emocionales que hacen muy complicado nuestro trabajo”.
En los parques de la Villa Olímpica los servicios sexuales pueden costar entre 10 y 15 euros mientras que en Robador o Sant Antoni alcanzan los 20 euros más “5 y 10 euros por la habitación”. “Actualmente hay una decena de meublés en funcionamiento y la propia normativa va en nuestra contra”, asegura Granados.
Relata que cuando los agentes sospechan que un piso funciona como meublé abren un expediente administrativo. Pero que hasta que se resuelve con el cese de las actividades, se precinta el inmueble y el juzgado da la orden de precinto judicial pasan unos meses durante los que los administradores han tenido tiempo para alquilar, u okupar, otro piso donde continuar la misma función.
También la ONG Genera constata el cambio de actitud de los urbanos con las prostitutas. Esta asociación en defensa de los derechos de las mujeres asegura que las multas solo sirvieron para precarizar, más aún, la situación de las mujeres: “Además, a las que más afectó fue a las jóvenes que se encontraban en una situación de trata (el 15% de las prostitutas según la ONG) y no podían moverse de la calle”.
