Valencia agiliza la atención a los dependientes
La Generalitat prepara un decreto que compatibiliza las ayudas
Alma Palau es la madre de Javier, un niño de 3 años y medio con parálisis cerebral. Trabaja y vive sola con su hijo. El pequeño tiene una minusvalía del 75%. “Pedí ayuda económica y han tardado dos años en contestarme, me han aprobado 600 euros para contratar a alguien y no me aseguran el pago todos los meses. Ahora va a un colegio de integración, pero ha perdido dos años y medio de su vida esperando las ayudas para hacer terapia con él”.
El retraso en la resolución de expedientes que describe Alma es una de los problemas que el Consell quiere resolver con la aprobación del decreto de reconocimiento de dependencia que está en fase de tramitación para ser aprobado. Esta nueva normativa establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas, pero también determina el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. Mónica Oltra, ha calificado la nueva legislación como “pionera en España” porque permite unificar la normativa autonómica que existía y que era “dispersa e infralegal”.
En este sentido, se regula la incorporación de nuevos valoradores procedentes de prisiones, hospitales y unidades de salud mental, que se sumaran a los profesionales de los servicios generales, previa formación específica. Esta medida supone pasar de 17 a 400 profesionales, solo en el área municipal”. Para ello la consejería invertirá 52,1 millones de euros, un 62% más que en 2016.
Otra de las novedades del nuevo decreto afecta al régimen de incompatibilidades entre servicios. La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, explica que ahora las personas dependientes podrán pedir un máximo de dos de estos servicios. De esta manera “ se avanza en la promoción de la autonomía personal, que ha estado parado durante años”. Y pone como ejemplo el caso de los menores dependientes. “Los niños que tengan asignada la prestación de atención en el ámbito familiar también podrán acceder a prestaciones para cubrir la terapia de estimulación”.
Desde AVAPACE, la asociación valenciana de ayuda a la parálisis cerebral a la que pertenece Alma Palau, aseguran que la aplicación de la ley de dependencia estatal ha sido complicada “este decreto parece que va a poner congruencia entre la normativa estatal y autonomica, es necesario y vamos a esperar a valorarlo cuando entre en vigor”, añaden fuentes de la organización.
La nueva legislación regula la figura del cuidador. En el entorno familiar, el nuevo decreto de dependencia fija que la persona cuidadora podrá ser familiar hasta de cuarto grado del solicitante y desaparece la incompatibilidad de trabajar para poder ser cuidador o cuidadora, siempre que no se atienda a más de dos personas en situación de dependencia. El cuidador no familiar deberá tener un contrato laboral.
Emili Marmaneu es presidente de FEVAFA, la federación valenciana de asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y ha pasado 23 años cuidando a su madre con esta enfermedad neurodegenerativa. “Lo que han sacado ahora es bueno pero se tiene que aplicar ya porque la inmensa mayoría de los que atienden a estas personas están sin contratos ni ayudas” y añade “después de lo que ha pasado con la Ley de Dependencia, la gente no se lo acaba de creer”.
El decreto separa los procedimientos de resolución de grado y del Programa Individual de Atención, que hasta ahora se dictaminaban en un único expediente, “lo que provocaba retrasos” afirman fuentes de la consejería de Igualdad. Otro de los apartados novedosos contempla la revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas, que no estaba regulado.
Además, la consejería crea la prestación vinculada de garantía, que se ofrecerá al usuario que no disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia en un radio de 20 kilómetros de su domicilio. Desde la administración se prevé atender con esta prestación a una 2.000 personas en 2017. Además, se ofrece residencia como servicio a las personas con diversidad funcional con grado I, excluido hasta ahora del catálogo.
Actualmente más de 52.000 personas están siendo atendidas a través de un servicio o prestación económica. Desde julio de 2015 se han incorporado cerca de 20.000 nuevos beneficiarios al sistema de dependencia.
