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La patronal de Castellón, a concurso de acreedores en 12 días

La gestora de la CEC confirma que presentará la documentación este mes

José Roca, exresponsable de la CEC, en una imagen de archivo.
José Roca, exresponsable de la CEC, en una imagen de archivo.ÀNGEL SÁNCHEZ
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Tras meses de declive financiero, dimisiones de la cúpula directiva, destituciones e investigaciones por presunto fraude, la Confederación de Empresarios de Castellón suma un nuevo capítulo a un futuro que se atisba negro. El máximo organismo de representación del tejido empresarial de la provincia entrará en concurso de acreedores en un máximo de 12 días. Será antes del 28 de noviembre, el plazo límite con el que cuenta la CEC para presentar toda la documentación pertinente ante el juez de lo mercantil.

Anoche, la gestora que dirige la patronal castellonense desde el pasado 28 de julio, tras la dimisión de su presidente, José Roca, y tres vicepresidentes, Carmelo Martínez, Fermín Renau y Cristóbal Bellés, celebró una junta para analizar las cuentas de la entidad y que, a falta de completar la documentación y detallar la auditoría del pasado ejercicio, elevan la deuda del organismo “a más de un millón de euros”, según el portavoz de la gestora, Néstor Pascual. Otras fuentes la sitúan más cerca de los dos millones de euros.

En cualquier caso, los números abocan a un mismo camino. “El último día es el 28 de noviembre, y se va a presentar toda la documentación para entrar en concurso de acreedores”, ha confirmado Néstor Pascual.

La gestora volverá a reunirse la próxima semana y será entonces cuando la asamblea formalice, previsiblemente, la medida que evidencia la maltrecha situación financiera de la CEC, aunque desde la patronal evitan relacionar la entrada en concurso de acreedores con una situación de quiebra: “bueno, veremos a ver cómo se evita”, sostienen. Niegan también el caos en las cuentas del organismo. En palabras de Néstor Pascual, “la situación no es caótica”. “Estamos colaborando. La gestora se ha encontrado una situación que se viene arrastrando desde no sé cuándo, pero se está pagando poco a poco. Se ha reducido la plantilla y se va saliendo poco a poco”, insiste.

El objetivo, añade, es crear una CEC desde cero, “nueva y viable, que preste servicio a los empresarios de Castellón”. Hacer borrón y cuenta nueva, tras unos meses salpicados por la polémica y que han situado a la patronal en la cuerda floja.

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EL PAÍS se ha puesto en contacto con la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, Cierval, para conocer su valoración sobre la entrada de la CEC, uno de sus socios, en concurso de acreedores, pero la patronal autonómica ha evitado pronunciarse al respecto.

A finales del pasado mes de julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules acordaba procesar al secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón, Rafael Montero, y al que fuera director de Economía y Formación de la patronal castellonense, José Antonio Espejo, por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación. El magistrado procesaba también a tres empresarios que “se concertaron” con los responsables de la patronal castellonense para “beneficiarse económicamente” de las subvenciones para la ejecución de un plan de formación intersectorial. En el auto, el instructor procesaba a los investigados por falsedad documental y por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

Esa misma semana, el presidente de la CEC, José Roca, presentaba su dimisión en la junta directiva de la entidad tras casi tres décadas en el cargo. Una decisión a la que se sumaron sus tres vicepresidentes: Fermín Renau, Carmelo Martínez y Cristóbal Belles. Meses antes, en mayo, abandonaba el barco el primero de los cuatro vicepresidentes de la confederación provincial, Miguel González, alegando desavenencias con la cúpula directiva y con la gestión seguida por ésta, a su juicio, poco transparente. Pero aún quedaban más ceses. El del secretario general de la CEC, Rafael Montero, destituido por la patronal en los primeros días de agosto por la “pérdida de confianza” y la “falta de transparencia”.

Aunque la delicada situación de la patronal ha llevado a varios de sus sectores a plantear su disolución y la integración en un organismo de nuevo cuño y de carácter autonómico, tras la dimisión de la cúpula directiva se nombró a una junta gestora para guiar este periodo de transición. Desde la misma han asegurado hoy que, una vez se cierre el plazo del concurso de acreedores, habrá elecciones. “Como antes”, inciden, aunque sin hablar de fechas.

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