Mas califica como un “gran honor” su imputación por el 9-N

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha calificado este lunes el juicio por su participación en la consulta independentista del 9-N, y por la de las que fueron su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consejera de Enseñanza, Irene Rigau, como una "salvajada" y una "cadena de despropósitos". Y ha señalado que como "demócrata y soberanista catalán" la imputación que recae sobre su persona es un "gran honor".

Mas ha comparecido en la sede del Partit Demòcrata Europeu Català --el nombre finalmente inscrito por el Ministerio del Interior-- tras conocer las penas reclamadas por la Fiscalía por el presunto delito de desobediencia y prevaricación, por los que piden diez años de inhabilitación para cargo público. El expresidente de la Generalitat ha querido recalcar el "honor" de "haber puesto la cara [para celebrar la consulta] sin haber calculado las consecuencias".

El actual presidente del PDC ha señalado que, en el caso de que una sentencia lo acabe declarando culpable por su participación en la organización del 9-N, "iré a todas partes para defender lo que hicimos" en 2014. Asimismo, ha considerado que el actual proceso tiene "tics predemocráticos" y ha comparado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con "ministros de Franco" al obviar la separación de poderes y sentenciar que el Gobierno catalán había incumplido la ley. "Al Gobierno español la separación de poderes le produce urticaria", ha señalado. 

Preguntado por un periodista, Mas ha desmentido una versión de Francesc Homs, actual portavoz del PDC en el Congreso y que en 2014 era consejero de Presidencia y está siendo investigado por el mismo caso por el Tribunal Supremo. Según Homs, un emisario de Rajoy le pidió al Gobierno catalán que el día de la consulta no compareciera ante los medios de comunicación para evaluar los resultados de la consulta. Como contraprestación, el Gobierno no judicializaría el proceso.

"Es falso que vinieran a ofrecernos eso", ha señalado Mas, que tenía a Homs ante él. Y ha explicado que fue él mismo quien expresó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la necesidad de no judicializar ese proceso porque la votación se producía "sin tener efectos jurídicos". 

A partir de ahí, ha señalado, se inició lo que ha descrito como "una cadena de despropósitos", iniciada por la interpretación desoída de nueve miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña que creían que no se había cometido ningún delito al convocar el proceso participativo y, pese a ello, la presentación de una querella por parte del Fiscal General "obligada" por las presiones del Ejecutivo, según ha señalado Mas.