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Colmenar de Oreja gastó 2,4 millones públicos en levantar tres edificios ilegales

El pueblo acumula una deuda de ocho millones de euros

Interior del edificio centro recreativo municipal "Mirador de Cristo".
Interior del edificio centro recreativo municipal "Mirador de Cristo".
Esther Sánchez

Los 8.400 habitantes de Colmenar de Oreja se enfrentan a una deuda de ocho millones con un presupuesto de cinco. El actual equipo de gobierno culpa de la “bancarrota” a la gestión realizada por el PP durante los últimos 12 años, que, por ejemplo, se llegó a gastar en fiestas un millón y medio. Otro de los ejemplos del “despilfarro” son tres edificios públicos en los que se invirtieron 2,4 millones con cargo al plan Prisma y al Plan E, que nunca fueron inaugurados. Dos de ellos, se levantaron en zona no urbanizable y su interior está completamente destrozado.

Las finanzas de Colmenar de Oreja, un pequeño pueblo del sureste madrileño, vivieron mejores tiempos. En 2005, la inmobiliaria Martinsa-Fadesa —ahora en liquidación e investigada por la justicia — adquirió terrenos en el municipio por valor de 38 millones de euros, de los que abonó 22. Dejó pendientes 16 que el pueblo debería haber recibido este año. La operación se sustentaba en un nuevo plan urbanístico del municipio que pretendía reclasificar nueve millones de metros cuadrados y edificar 12.000 viviendas en una primera fase, lo que hubiera supuesto multiplicar por cuatro su población.

El nuevo ordenamiento se topó con la negativa de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento interpretó que el plan se había aprobado por silencio administrativo y se embarcó en un contencioso, que finalizó en diciembre del año pasado con una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Gobierno regional. El municipio se rige ahora por unas normas subsidiarias de 1985.

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"A nosotros nos gustaría saber qué se hizo con todo ese dinero, porque lo que nos encontramos fue la deuda”, comenta el alcalde Víctor Manuel Díaz (PSOE), que se encontró con una deuda de nueve millones, que en la actualidad se ha rebajado a ocho. "El pueblo estaría en bancarrota si se tratara de una empresa privada", añade. Díaz explica que existió una cultura del “despilfarro”, como se puede apreciar en los importes destinados a las fiestas del pueblo —en 2007 el gasto ascendió a 1,5 millones—. El coste de los festejos se redujo en años posteriores, pero no fue hasta 2012 cuando se situó por debajo del medio millón de euros.

Francisco José García, exalcalde del PP del municipio, responde que "eran otros tiempos, sin crisis, en los que entró dinero y se invirtió en los vecinos”. Añade que “si miráramos para atrás no haríamos esas fiestas, en las que traía a los mejores grupos y toreros”. Recuerda también que se amplió el Museo dedicado al pintor Ulpiano Checa con la adquisición de “mucha obra”.

Como ejemplo de la “nefasta” gestión que imperó en el pueblo con el PP, el alcalde muestra tres edificios, que se construyeron con cargo a subvenciones nacionales y regionales, y que no se "inauguraron nunca". El Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid (Prisma) cargó con casi el 100% de los 691.796 euros que se invirtieron en levantar el centro recreativo municipal "Mirador del Cristo", con unas vistas magníficas al pueblo.

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Exterior del edificio municipal el "Mirador del Cristo", que se encuentra sin uso
Exterior del edificio municipal el "Mirador del Cristo", que se encuentra sin uso

El inmueble no se pudo legalizar porque estaba construido en suelo rústico no urbanizable de protección y la Comunidad de Madrid, aunque corrió con el gasto, no dio el visto bueno a la calificación urbanística. El edificio permanece en pie, y su exterior incluso engaña, parece habitable. La impresión se desvanece al atravesar una inexistente puerta de entrada: cristaleras inmensas rotas a pedradas, paredes arrancadas, baldosas levantadas… El vandalismo ha hecho mella en una construcción en la que no se escatimaron medios.

 Cerrado y sin uso

La misma suerte ha corrido el centro multiservicio municipal (449.000 euros), edificado en una parcela destinada a zona verde con la finalidad de dar servicio a las urbanizaciones de alrededor del pueblo. El compromiso era cambiar la calificación a “suelo de equipamiento”, algo que nunca se produjo. Ahora está cerrado y sin uso.

El Ayuntamiento también está a la espera de legalizar una hospedería situada en el centro del pueblo y que continúa con la calificación de plaza de mercado, que costó 1,3 millones con cargo al Prisma. "Lo que no sabemos es cómo vamos a poder gestionar una hospedería de 20 habitaciones ¿de dónde sacamos el dinero?", se pregunta el alcalde.

El portavoz del PP defiende la hospedería. "Sigo pensando que es una infraestructura necesaria”, explica. El PP decidió embarcarse en la obra porque muchos de los visitantes del pueblo, que atesora un casco urbano declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2013, no tenían lugar para pernoctar y teníamos ese edificio que solo usábamos como almacén. El problema estriba “en que el Ayuntamiento construyó antes de que la calificación urbanística estuviera en regla”, puntualiza el alcalde. 

El alcalde acusa al PP de paralizar el pueblo

En las últimas elecciones, el PSOE (tres ediles) pactó con los independientes del PDC (tres ediles) y de Aurelia Verde (un edil). Consiguió así los votos para superar a los seis concejales del PP, la fuerza más votada, pero sin lograr la mayoría absoluta.

El acuerdo se rompió cuando el portavoz del PDC decidió retirarle su apoyo. Los socialistas se encuentran ahora en una difícil situación, en minoría. "No hay forma de sacar nada adelante, se oponen sin más, sin ningún tipo de debate ni diálogo", asegura el regidor Víctor Manuel Díaz.

“El pueblo se encuentra paralizado", se queja el alcalde, que vio como la oposición le tumbó los presupuestos. “Necesitamos aprobarlos, porque tenemos pagos inmediatos”, explica. La situación es tan complicada, que Díaz se plantea presentar una cuestión de confianza al pleno. El PP, por su parte, dice que es el alcalde quien no ha "consensuado" con ellos los presupuestos.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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