La fiscalía pide una nueva sección para abordar el aumento del crimen organizado
La memoria del organismo asegura que además se está gestando "la creación de una unidad adscrita de Policía Judicial en la específica en la propia jefatura de la Fiscalía"
Las causas judiciales por criminalidad organizada, en “delitos patrimoniales, drogas y relacionados con la prostitución y la trata de seres humanos”, están alcanzando en la región un volumen tal que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid propone “una nueva sección especializada en esta materia”. Lo dice la memoria de 2016 del organismo, que asegura que, además, ya se está gestando “la creación de una unidad adscrita de Policía Judicial específica en la propia jefatura de la Fiscalía” que intensificaría la ineludible coordinación entre las dos instituciones.
En el año 2015, se abrieron 115 procedimientos judiciales en la región sobre delitos relacionados con la delincuencia organizada, casi un 20% más que un año antes, cuando fueron 96. En cuanto a las sentencias dictadas, se multiplicaron por tres: desde las cuatro de 2014 hasta las 12 del año pasado por los delitos de asociación ilícita, pertenencia a organización criminal y a grupo criminal. “Se constata un aumento significativo de causas penales con un componente de criminalidad organizada”, dice la Memoria de 2016 de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, con unas actuaciones policiales en esta materia que “se han incrementado en frecuencia y envergadura y están dando lugar a procedimientos penales de gran complejidad y dirigidos contra un elevado número de personas”.
Así argumenta el texto la necesidad de más plantilla para el organismo. En concreto, para crear una sección especializada que constaría de cuatro fiscales, un delegado de jefatura, un coordinador que compatibilizara sus funciones con el cargo de delegado de la Fiscalía Especial Antidroga y dos fiscales más, especifica la fiscalía.
Además, la memoria de 2016 habla de la necesidad de intensificar la cooperación con la Policía Judicial, más allá del protocolo de comunicación que ya existe entre ambas instituciones en torno a estos casos y por medio del cual en 2015 la fiscalía recibió “25 notas-resúmenes que facilitaron el correcto entendimiento de los atestados de criminalidad organizada y la debida actuación”. Pero la exigencia de incrementar en estos momentos esa colaboración llega “hasta el punto de que se está gestando ya la creación de una unidad adscrita de Policía Judicial específica en la propia jefatura de la Fiscalía”.
La presencia física de los policías tendría un significado político que va más allá de la mera petición de mejora de medios. Según fuentes jurídicas, es inevitable vincularlo al debate latente sobre quién debe instruir las causas judiciales, es decir, dirigir la investigación del delito: los fiscales, como sucede en países como EE UU, o los jueces, como se hace en España.
El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), preveía cambiarlo en su proyecto para un Código Procesal Penal, que nunca llegó a ver la luz. La idea era entregar a la Fiscalía la competencia de la instrucción —poniendo a su servicio a la Policía Judicial—, y que el juez mantuviera la función de dictar medidas cautelares (prisión preventiva, escuchas, bloqueo de cuentas, registros, retirada del pasaporte...) y la decisión de archivar o de ir a juicio.
Casos complejos
Los delitos vinculados con la delincuencia organizada —que incluye los de las bandas latinas, cuyo aumento de la actividad delictiva también pone de manifiesto la memoria— presentan en todo caso una “gran complicación jurídico-procesal, con varias tipicidades e imputados, de lo que deriva el consiguiente retraso en la formulación del escrito de acusación”. También se queja la fiscalía de “las continuas inhibiciones entre juzgados” en estos casos, y asegura que “la figura del testigo protegido, por tener particular utilidad y trascendencia, debería verse ampliamente amparada y dotada de una mayor seguridad jurídica”.
Los delitos de la delincuencia organizada van desde los homicidios por ajuste de cuentas (el año pasado hubo cuatro presuntos casos de este tipo) hasta fraudes con tarjeta de crédito y falsificaciones de moneda o detenciones ilegales (secuestros). También hay organizaciones dedicadas a los robos en casas o redes de carteristas o descuideros (los que aprovechan el despiste de una víctima que, por ejemplo, deja el móvil sobre la mesa en una terraza). Completan la lista las estafas y el tráfico de drogas.
Una aproximación a “la realidad delincuencial” de la Comunidad
La Memoria de 2016 de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid pone muchas cautelas a los datos que aporta en cuanto a las cifras de criminalidad, porque el punto de partida son las diligencias previas incoadas —y no todas se convierten en delito—, porque el tipo de delito se toma del atestado que hace el funcionario en un primer momento y muchos se quedan sin tipificar, por los crímenes que nunca se denuncian... Sin embargo, “el dato de las diligencias previas, sumado al número de diligencias urgentes, proporciona una aproximación lo más cercana posible a la realidad delincuencial de nuestra Comunidad”, asegura el texto. Como poco, los datos ofrecen una cierta imagen de por dónde van los esfuerzos del engranaje policial y judicial de la región, según fuentes jurídicas.
Desde ese punto de vista, lo primero que hay que decir es que continúa el descenso de los últimos años, del 2,3% entre 2014 y 2015 y del 3,7% (16.340 casos menos) desde 2012. Bajando al detalle de los tipos de delitos, en el último año el mayor crecimiento fue en el grupo de los delitos de lesiones (4.000 diligencias más), en lo cual puede tener que ver el cambio legislativo que el año pasado eliminó las faltas para convertirlas en delitos leves. En el lado contrario, el grupo que más se ha reducido, un 11% desde 2014 y casi un 12% desde 2102 —en más de 27.000 casos—, son los delitos contra el patrimonio, donde se engloban hurtos, extorsiones, estafas, robos con violencia... Entre estos contra el patrimonio y las lesiones acaparan más de la mitad de los casos.
Todavía descendiendo más al detalle, se puede ver cómo algunos delitos económicos como malversación, estafa o fraude cometidos por funcionarios a la Seguridad Social, defraudación de fluido eléctrico o falsificación de moneda están entre los tipos que más han aumentado en los últimos años. Eso sí, con cifras mucho más pequeñas, que van del centenar de malversaciones hasta el medio millar de fraudes con el fluido eléctrico.
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