Freno a un desalojo sin orden judicial
Un grupo de vecinos impide que cinco hombres de una empresa privada expulsen de una vivienda a una familia con dos niños de tres y ocho años
Una cincuentena de vecinos paralizaron el pasado jueves un desalojo sin orden judicial de una vivienda okupada por ocho personas en el distrito del Raval. Los hechos se iniciaron alrededor de las dos de la tarde, cuando cinco hombres corpulentos, con la cabeza rapada y camisetas negras se presentaron en el portal número 15 de la calle de la Cera, según explican varios vecinos. “Nos dijeron que teníamos hasta las 22.00 para sacar todas las cosas”, explica Olimpia Carangal, de nacionalidad filipina y madre de dos niños de tres y ocho años.
Tras las advertencias y el aspecto “intimidatorio”, según cuentan testigos, los okupas iniciaron el desalojo, lo que desató las protestas de varios vecinos del barrio. Alrededor de las siete de la tarde varios efectivos de los Mossos d’Esquadra acudieron a la vivienda tras una llamada del 112. El intento de desalojo, según confirma la policía catalana, fue llevado a cabo por Desokupa, “especializada en el desalojo de pisos ocupado”, tal y como se promociona en su página web. Sobre el piso recae una orden judicial de desalojo en septiembre.
“Tocaron el timbre y me dijeron que venían de parte del juez”, cuenta Lourdes B., una de las vecinas del bloque de viviendas. Uno de los hombres que participaron en el intento de desalojo ilegal impidió el paso a todos los vecinos y activistas que se movilizaron frente a la vivienda desde primera hora de la tarde. En el interior del inmueble, el resto de los que trataron de desalojar a la familia instalaron una alarma de seguridad y un puerta blindada, que sigue allí a pesar de que el desalojo fue paralizado tras la intervención de los Mossos de Esquadra, la Guardia Urbana y Jordi Rabassa, consejero técnico del distrito.
-“Vimos cómo los hombres empezaban a dejar los muebles en plena calle”, explica Antoni Salas, uno de los vecinos que participaron en la protesta. A través de redes sociales y el boca boca en la calle, la concentración fue ganando fuerza. “No quisieron identificarse, pero reconocimos a Daniel Esteve, de la empresa Desokupa”, apunta una activista antidesahucios presente en la protesta, que terminó sin incidentes. Esta empresa ya ha llevado a cabo 70 desalojos de este tipo en España. Uno de ellos fue el del pasado 14 de abril de 2016 en el número 20 de la calle José Torres, en Gràcia “Lo que hacemos es totalmente legal. No hemos recibido ningún tipo de denuncia”, afirmó Esteve, gestor del negocio, a este diario. La empresa no reveló quién contrató sus servicios para proceder al desalojo ni tampoco quién es el propietario del inmueble.
Los okupas también desconocen quién es el titular de la propiedad. “Vivíamos de alquiler hasta hace meses. Dejamos de poder pagar, nos desalojaron y decidimos okupar la vivienda”, cuenta nerviosa Caringal. “Cuando los vi me asusté. Les dije que no iba a bajar, no quería quedarme en la calle con mis dos hijos”, añade la madre de 44 años. También denuncia que llevan siendo acosados desde hace meses: “Llamamos a la policía. Venía un hombre y nos decía que nos iban a echar, pero jamás se quiso identificar”, dice Caringal.
Los vecinos tampoco saben quién es el propietario del inmueble, quien supuestamente habría contratado los servicios para proceder al desalojo. “Teníamos una casera, pero desde que dejamos de pagar y okupamos el piso no sabemos a quién pertenece”, añade Caringal. Otra de las vecinas añade que no se trata del primer desalojo que sufre este inmueble. “Desde hace años muchos bancos han adquirido viviendas desahuciadas y okupadas del bloque”, explica Lourdes B. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que hasta el jueves desconocían el caso, pero que al haber menores en la vivienda han activado los servicios sociales para buscar una salida a la familia en caso de que se ejecute el desalojo judicial previsto para septiembre.
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