Las agencias de viajes se enfrentan al decreto regional que las regulará
Madrid quiere aumentar los avales que deben presentar estas empresas. Las agencias creen que con esta norma “muchas oficinas corren el riesgo de cerrar”
La Comunidad de Madrid quiere aumentar los avales que deben presentar las agencias de viajes para ejercer su actividad: como mínimo, de 60.000 a 100.000 euros. La Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viajes (AEMAV) cree que con esta norma “muchas empresas corren el riesgo de cerrar”. Las organizaciones que agrupan a la mayoría de las 1.200 agencias de Madrid han presentado alegaciones. El Gobierno regional responde que la norma se va a modificar por una petición de la Unión Europea para defender a los consumidores si una empresa quiebra. Facua alaba que se proteja más a los usuarios.
El cambio de normativa se produce a raíz de una denuncia de la asociación de consumidores Facua, que protestó en 2013 ante la indefensión de los clientes de Orizonia y Marsans cuando ambos grupos quebraron, dejando a miles de clientes sin sus viajes y sin poder reclamar. Los avales que pretende modificar el Gobierno regional son una garantía para los consumidores en caso de que la agencia se enfrente a problemas económicos, como una insolvencia o quiebra, y haya que proceder a la repatriación de sus clientes. También suponen un seguro en caso de que el viaje combinado (transporte más hotel) no se corresponda con lo contratado en la agencia, que debe responder ante las reclamaciones.
“Hasta ahora, una agencia de viajes pequeña necesitaba depositar un aval de 60.000 euros para poder operar en Madrid; ahora, pasará a ser, como mínimo, de 100.000 euros. Además, no se explica qué va a ocurrir con ese primer aval”, critica César Gutiérrez, de AEMAV. Esta asociación agrupa a 160 agencias de viajes y mayoristas, además de las 109 oficinas de Globalia (Halcón Viajes y Viajes Ecuador).
Según Gutiérrez, el aumento de esta cantidad va a suponer un enorme problema para las empresas más pequeñas. “AXA, que gestiona el 70% de los seguros de caución para estos avales, nos dice que no sabe si las compañías aseguradoras van a responder ante una cantidad tan elevada y, si lo hacen, será con unas condiciones mucho peores”. Pide al Gobierno regional que reconsidere el proyecto y haga caso de las alegaciones para no dañar al sector.
La otra gran asociación regional, la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), también ha presentado alegaciones al decreto. “Este proyecto trata de adaptar a Madrid el borrador que envió la Secretaría de Estado de Turismo a las Comunidades. No estamos de acuerdo con la trasposición de ese borrador en tan corto espacio de tiempo, y además en verano, cuando estamos en temporada alta”, explica José Luis Méndez, gerente de UNAV.
“El mayor problema que tiene el decreto es que en muchos casos puede haber duplicidad de avales, es decir, cuando una agencia tiene contratados avales para un viaje combinado y lo contrata con un mayorista, puede haber dos avales para un mismo viaje. Eso hay que clarificarlo”, señala Méndez. La UNAV agrupa a 2.700 puntos de venta en toda España, como Viajes El Corte Inglés, Nautalia, Carrefour Viajes y touroperadores. La sede la mayoría de esos grupos está en Madrid.
Aambas asociaciones critican que el nuevo aval incluye una responsabilidad ilimitada. “No hay compañía aseguradora que haga un aval ilimitado. Es necesario que se especifique que cubre el precio que se contrate”, dice. Una queja más que comparten las agencias: en la norma regional no queda claro quién debe decidir si un cliente tiene derecho a que la agencia le rembolse una cantidad. Hasta ahora, dependía de la decisión de un juez o una junta de consumo.
Defensa del consumidor
“El proyecto de la Comunidad de Madrid es un avance, aunque hemos tenido que esperar a que lo pida Bruselas para hacerlo, porque cuando se lo exigimos nosotros no nos hicieron caso”, dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua, cuya denuncia puso en marcha el proceso. Sánchez exige que la norma clarifique cómo se va a hacer llegar el dinero a los consumidores que reclamen o sufran problemas. “Todavía no conocemos cuál va a ser el protocolo para percibir ese dinero”.
Más seguridad para los afectados por quiebras
En 2013, tras la quiebra del grupo turístico Orizonia, la asociación Facua denunció la falta de protección para los afectados por quiebra de las agencias de viaje.
En 2015, la Unión Europea envió una recomendación para aumentar la seguridad de los consumidores a la Secretaría de Estado de Turismo, encargada de trasladárselo a las Comunidades Autónomas (CCAA).
El 13 de abril, el secretario de Estado de Turismo se reunió con los directores generales de turismo de las CCAA para trasladarles la recomendación.
El 20 de julio, la Comunidad de Madrid envió a las partes su propuesta para modificar el decreto 99/1996.
En agosto, las agencias han presentado alegaciones ante la Comunidad, que ahora están en fase de estudio.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explican que el proyecto para modificar el decreto 99/1996 “no es un capricho”, sino un requisito de la Comisión Europea a España, trasladado ahora a las Comunidades. El organismo europeo requiere más medios para defender a los consumidores en caso de que haya un problema en las agencias. El Gobierno regional dice que la idea es que el aval pase a ser un 5% del volumen de negocio de las agencias. Además, señala que las partes afectadas han enviado alegaciones en tiempo y forma, por lo que ahora hay que estudiarlas. La Comunidad tiene previsto responder a todos los afectados y podría aceptar alguna de estas peticiones y modificar el proyecto.
Cómo afectará la nueva norma a las empresas
Hasta ahora, las agencias de viajes que operan en Madrid deben presentar un aval de 60.000 euros (las pequeñas), 120.000 euros (las grandes) o 180.000 euros (las mayoristas). Con el proyecto de decreto, el mínimo pasará a ser de 100.000 euros, y a partir de ahí, un 5% del volumen de negocio.
El presidente de AEMAV pone un ejemplo: una empresa con 50 empleados y 12 millones de facturación ahora mismo está ofreciendo un aval de 180.000 euros, pero con el nuevo decreto, tendría que llegar hasta los 600.000 euros.
Las agencias más pequeñas critican que este aumento supondrá un coste difícil de asumir, ya que en caso de ejecutar el aval tendrían que disponer de 40.000 euros más. Las compañías aseguradoras, además, subirán los costes para asegurar esas cantidades.
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