Barcelona pide a Rajoy que limite el precio del alquiler
La ausencia del concejal Garganté facilita una reprobación de la oposición impulsada por el PP
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona formalizó ayer la petición que lanzó la alcaldesa, Ada Colau, hace cuatro meses: que se limite el precio de las viviendas de alquiler. Todos los grupos salvo PP y Ciutadans votaron sí a la proposición que pide al Gobierno central que lo haga o que transfiera competencias para hacerlo. En el pleno, el pacto entre Colau y el PSC recibió el primer golpe, con una proposición que cuestiona la nueva organización. El texto fue aprobado por la ausencia del concejal de la CUP, Josep Garganté.
Fue el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, quien defendió la necesidad de limitar el precio de los alquileres “como una medida más” para afrontar la “emergencia habitacional” y mientras no se logran resultados de otras políticas como construir un parque público, cerrar los pisos turísticos ilegales o frenar los desahucios. La proposición pide que el Estado regule impidiendo subidas indiscriminadas o competa a los ayuntamientos para vincular los precios a las rentas por barrios.
La apoyaron Barcelona en comú, CiU, ERC, PSC y la CUP. Ciutadans se abstuvo, porque, argumentó el concejal Koldo Blanco, “la experiencia [en otras ciudades] es demasiado breve”. El PP tachó la idea de “cortina de humo”, en palabras de Javier Mulleras.
El de ayer fue un pleno con escaso peso ejecutivo, ataques frecuentes al pacto entre Colau y el jefe de filas del PSC, Jaume Collboni, y en el que se reeligió a Maria Assumpció Vilà como Síndica de Barcelona por cinco años más. Todos los grupos apoyaron el nombramiento salvo la CUP, que se abstuvo. Apenas hubo referencias al tema que ha marcado la actualidad en la ciudad: el descontrol del top manta en la Barceloneta.
Sin votaciones que tengan trascendencia inmediata, el principal interés del pleno recayó en las proposiciones: a parte de la del alquiler, CiU logró apoyo de Ciutadans y ERC para forzar a Colau a licitar la reforma de la Diagonal entre los paseos de Gràcia y Sant Joan e iniciar las obras en un año; y ERC (con CiU y Ciutadans) para “erradicar todos los pisos turísticos ilegales de Barcelona en un año”, lo que originó un hilarante intercambio sobre cuánto tiempo y cuántos inspectores serían necesarios.
También polémico fue el rechazo de todos los grupos a la proposición de Ciutadans de crear una comisión de investigación sobre la gestión de Barcelona Regional durante el mandato del ex alcalde Xavier Trias. El caso está en manos de la Fiscalía, pero el partido naranja pide “responsabilidades políticas” por él. En cambio, el gobierno impulsó una propuesta alternativa que sí fue aprobada y prevé la creación de una comisión de seguimiento, que no podrá pedir comparecencias ni tendrá conclusiones.
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