La Cámara de Cuentas dice que “no había justificación” para vender en bloque 1.800 viviendas de la EMVS

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de las patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), considera que” no existía justificación suficiente” para la venta en bloque a fondos de inversión de 18 promociones de pisos protegidos (1.860 viviendas), y confirma así un informe preliminar publicado por este periódico en abril pasado. Según un dictamen de los auditores públicos, en caso de que hubiera sido necesaria esa enajenación a causa de la delicada situación económica de la EMVS, “tampoco existe justificación alguna de por qué se venden 18 promociones, y no más o menos, ni de por qué se venden necesariamente de manera conjunta y no por separado”. Los pisos estaban ocupados por inquilinos con escasos recursos, que pagaban un alquiler muy bajo. Algunos han tenido que abandonarlos, al incrementar el alquiler los nuevos propietarios y obligarles a pagar el IBI, del que hasta la venta estaban exentos.

La Cámara se pregunta en su informe por qué la Comunidad de Madrid tomó esta decisión “frente a otras posibles alternativas [vendérselas directamente a sus inquilinos]” “o de cuál es la justificación del fin social que puede cumplir la enajenación”.

La Cámara recuerda que en diciembre de 2012, la EMVS recibió una oferta de compra de las 18 promociones, “lo que pone de manifiesto que ya existían actuaciones claras relacionadas con la voluntad de vender. Sin embargo, en marzo de 2013, la consultora PWC suscribió un contrato para asesorar a la EMVS “con el fin de optimizar los recursos” y “adecuar las decisiones oportunas” sobre [todos] los activos de la empresa y su endeudamiento. El plazo era de cuatro semanas. No obstnte, la consultora no analizó todo el parque de viviendas, sino "solo las 18 promociones que la empresa quería vender".

“Todo ello”, dicen los fiscalizadores, “pone de manifiesto que la decisión de enajenar las 18 promociones se había tomado, como poco, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, “pero sin que la decisión se haya acompañado, hasta esta fecha al menos, de los informes que justifiquen la necesidad técnica o económica de la venta”.

Tampoco consideran que haya una justificación económica para venderlas, porque “cuando se toma la medida, ya está prácticamente concluido el proceso de selección de la oferta” para adjudicárselo al fondo, “a quien se le confirma la selección de su oferta un día más tarde de la aprobación del plan de viabilidad”. Es decir, dice la Cámara: “Queda patente que existe un intento de justificar a posteriori” la venta.

La Cámara también critica que se vendiesen las 1.860 viviendas de forma conjunta, ya que “la venta por lotoes, o incluso de manera separada por cada promoción, podría haber facilitado el interés de posibles compradores e, incluso, a mejor precio al aumentar la competencia entre ellos”. A los inquilinos no se les dio la oportunidad de intentar quedarse con el piso haciendo sus propias ofertas.

Los auditores confirman en su informe que no se estableció, además, un precio para cada piso, que es un “dato necesario de referencia para los posibles interesados en la compra, [dato] exigido por las más elementales reglas de publicidad y concurrencia”. Sostienen que la consultora contratada para hacer la valoración del paquete era “asesora” del fondo que finalmente se quedó con las casas, “lo que podría implicar un conflicto de intereses por su relación con vendedor y cmprador en la misma operación”.