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La comisión de investigación denuncia la violación de varias leyes en la venta de pisos de la EMVS

Durísimas críticas de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos al boicot del Partido Popular, cuyos concejales y ex altos cargos, incluidos Ana Botella, no han acudido a la cita del Pleno

Los 11 políticos y ex altos cargos del Partido Popular que estaban citados esta mañana por el Ayuntamiento de Madrid para explicar la venta a un fondo de inversión de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) no acudieron a declarar. La portavoz del grupo municipal del PP, Esperanza Aguirre, argumentó que la comisión era una "cacería" contra su partido. Ahora Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos sostienen que en el proceso se incumplieron, según dijeron, dos leyes estatales, una ley regional y varias normas internas.

Primera sesión de la comisión de investigación en el Ayuntamiento, con las sillas vacías de los concejales del PP que no se presentaron.
Primera sesión de la comisión de investigación en el Ayuntamiento, con las sillas vacías de los concejales del PP que no se presentaron. SAMUEL SÁNCHEZ
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La exalcaldesa Ana Botella autorizó vender a un fondo norteamericano las citadas 1.860 viviendas y que estaban alquiladas a familias sin recursos. En total, la exregidora se deshizo así de una cuarta parte del parque de vivienda pública municipal; su intención era reducirlo a la mitad, pero el PP perdió las elecciones de mayo de 2015. Por entonces, el Ministerio de Hacienda ya alertaba de que la mayoría de desahucios se concentraban en las viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a fondos de inversión.

¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Para explicarlo estaban citados esta mañana los principales responsables de esa operación.  A partir de la documentación aportada por el Ayuntamiento a la comisión de investigación (a la que aún le queda otra sesión sobre la EMVS, el 1 de julio), y con grabaciones de antiguas comparecencias de responsables del PP ante el pleno, la concejal socialista Mercedes González ha resumido lo que a su juicio sucedió. Su relato coincide en los puntos clave con el informe elaborado por la Concejalía de Hacienda, que preside Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid), y con las intervenciones del concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo.

Relevo en la EMVS

El gobierno municipal ha anunciado esta mañana el cese de la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, con la que la primera teniente de alcalde, Marta Higueras,"mantiene alguna diferencias sobre el modelo de gestión". Y ello pese a que Serrano fue nombrada por el gobierno municipal de Manuela Carmena tras su llegada a la alcaldía en junio de 2015. Desde entonces, Serrano "llevó a cabo un proceso de transición en el que ha devuelto a la EMVS el carácter social que había perdido". "En la nueva etapa que ahora se inicia, manteniendo esa carta de naturaleza de asistir a los colectivos más vulnerables en el acceso a vivienda digna, se pretende avanzar también en el aspecto técnico que, del mismo modo, había quedado desfondado en los últimos años", concluye el Ayuntamiento.

Lo que sigue son sus conclusiones textuales, refrendadas con la documentación proporcionada por el Ayuntamiento. EL PAÍS no ha podido comprobar todas estas afirmaciones:

"Un incremento desmesurado de la deuda"

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>> En los periodos de gestión de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella se produjo el mayor incremento de la deuda de la EMVS. En 2005 era de casi 315 millones de euros; en 2011, cuando Gallardón dejó la alcaldía, era de 526 millones. Analizar ese incremento desmedido era el objetivo de la comparecencia de Juan José de Gracia, que fue consejero delegado de la EMVS desde 2005 a 2011, y luego consejero raso hasta 2015, y por tanto conocedor de las decisiones que llevaron a incrementar la deuda un 167% en 10 años.

>> Uno de los incrementos de deuda muy sustancial se produce por la compra de suelo en zonas con escasa salida comercial. En 2008, la EMVS invierte 100 millones de euros en Valdecarros, un suelo claramente sin expectativas de desarrollo en muchos años, y en suelos terciarios e industriales impropios para el desarrollo de las funciones de la empresa. En total, 126 millones. Decisiones como éstas fueron las que provocaron un aumento notable de la deuda que llevó a la EMVS a tener que hacer un plan de viabilidad en 2013.

Millones de euros en intermediarios

Concentración de la plataforma de afectados por la venta de viviendas sociales de IVIMA y la EMVS en 2013.
Concentración de la plataforma de afectados por la venta de viviendas sociales de IVIMA y la EMVS en 2013.SAMUEL SÁNCHEZ

>> En diciembre de 2011, Gallardón es nombrado ministro de Justicia y toma su relevo Ana Botella; Pilar Martínez, concejal de Urbanismo, también se integra en el Gobierno de Mariano Rajoy y asume su puesto Paz González. Como presidenta de la EMVS, González nombra a Fermín Oslé, y este, a su vez, a Rafael Requena y Pablo Olangua. Ninguno de ellos está hoy aquí.

Aguirre: "Puede ser políticamente discutible, pero no tiene nada que ver con la gestión del Ayuntamiento"

La portavoz municipal del Partido Popular, Esperanza Aguirre, que ha tratado sin éxito de frenar la comisión de investigación apelando ante la Junta Electoral y un juzgado de Madrid, ha realizado esta mañana un acto en el distrito de Chamberí de cara a los comicios generales del próximo 26 de junio. Aguirre ha insistido en que la comisión es “una cacería” contra su partido. “Han hablado de boicot, de que Aguirre siempre habla y hoy se calla, pues fíjese cómo hablo”, ha replicado a unas declaraciones de la concejal socialista Mercedes González.

“Cuando se trata solamente de una causa general y de una cacería contra el PP, pues con nosotros que no cuenten”, ha recalcado Aguirre, que cree que el gobierno municipal se dedica “a hablar de cuestiones que pasaron hace mucho tiempo”. “Pueden ser políticamente discutibles, pero la discusión política de lo que ha ocurrido hace 10 años no tiene absolutamente nada que ver con la gestión del Ayuntamiento de Madrid”, ha zanjado Aguirre.

>> El 12 de noviembre de 2012, el Consejo de Administración de la EMVS adjudica contratos de intermediación inmobiliaria para la venta de inmuebles a cinco empresas, contratos que aparentemente no tenían nada que ver con el posterior proceso de enajenación de las 18 promociones de vivienda protegida. Pese a ello, alguna de esas empresas facturó entre diciembre 2013 y enero de 2014 cerca de 2,4 millones de euros por su intermediación en la venta posterior a Blackstone.

>> El 1 de marzo de 2013 se formaliza un contrato con PwC para la elaboración de un análisis del plan estratégico de la EMVS. El 9 de mayo entrega un informe en el que, entre otras medidas, propone la venta de la cartera de 1.860 viviendas protegidas dedicadas al alquiler. Seis días antes, el 3 de mayo, la EMVS ya anuncia en un periódico de tirada nacional la enajenación de 18 promociones con 1.862 viviendas, con 3.430 garajes y trasteros y 25 locales comerciales. Es decir, la EMVS tenía poderes y se adelantaba a lo que su consultora le iba a proponer.

>> Mes y medio antes de la aprobación del plan de viabilidad, la EMVS ya había puesto en venta parte de su patrimonio (las 1.862 viviendas). No se entiende el contrato de PwC, ni el de los intermediarios, ya que todo parece una excusa de una decisión política tomada por el gobierno del PP: deshacerse del patrimonio de la EMVS para hacer caja.

Los exalcaldes José María Álvarez del Manzano, Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón, junto a Manuela Carmena (segunda por la derecha).
Los exalcaldes José María Álvarez del Manzano, Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón, junto a Manuela Carmena (segunda por la derecha).ÁLVARO GARCÍA

Incumplimiento de leyes y normas

>> El 3 de mayo se anuncia la venta de las 1.862 viviendas, que se produce sin pliego de condiciones ni acuerdo alguno acorde a la Ley de Contratos del Sector Público o a las instrucciones internas de contratación aprobadas por el Consejo de Administración de la EMVS en 2008, aún hoy vigentes. Y sin mención alguna al reglamento interno de adjudicación de la EMVS, aprobado por el pleno municipal en 2012, o a la Ley regional del Suelo.

>> Tan sólo 11 días después del anuncio de venta, el 14 de junio, se reciben cuatro ofertas en la EMVS: Azora-Morgan Stanley (118,5 millones de euros); Blackstone (127,5 millones); Lone Star (120 millones, aunque luego se descartó); y HabourGroup-Alvarez & Marsa (130 millones).

Fidere se defiende

Fidere, socimi del fondo de inversión que logró las viviendas,  ha remitido esta mañana al comunicado que emitió el pasado 11 de abril y en el que asegura que la compra de viviendas de la EMVS “se llevó a cabo en un proceso competitivo y transparente, según la legislación vigente y a través de un procedimiento público”.

Recuerda además que la operación fue analizada por el juzgado de instrucción número 38, que en enero de 2015 aseguró que "la operación se ajustó a la legalidad vigente". Y añade: “Actualmente más del 90% de los inmuebles están habitados, frente al 72% del momento de la adquisición; se han producido 11 desahucios por falta de pago y se han mantenido todos los contratos firmados con la EMVS; no se han incrementado los gastos comunes de los edificios; Fidere ayuda a más del 80% de los inquilinos con problemas de pago a través de planes flexibles; y se han respetado además las cláusulas sobre opción de compra contempladas en los contratos”.

>> El 20 de junio, con una agilidad inusitada, se emite el informe de valoración de las ofertas recibidas, firmado por Olangua y Requena, en el que se propone adjudicar las viviendas a Blackstone por 127,5 millones, a pesar de que la oferta más alta es de Habour Group-Alvarez & Marsal por 130 millones.

>> A partir de ahí se inicia una negociación en exclusiva con Blakstone, que culmina el 12 de julio con una rebaja de dos millones en el precio ofertado, justificada en una supuesta morosidad en el pago de las rentas por los inquilinos, que no consta en ninguna documentación aportada por la EMVS.

>> Durante todo el proceso jamás se informó a las 1.860 familias que vivían de alquiler en las 18 promociones del proceso de venta, contraviniendo lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas al ser claramente interesados. Tampoco se les hicieron las correspondientes ofertas de venta, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS, que debían quedar desiertas para poder producir la venta a una persona jurídica.

>> Sólo este año caducan 351 alquileres de esas promociones; en 2017 caducan otros 352, y en 2018 otros 690. Pero, como es evidente, para Botella esto no fue un problema cuando gobernaba y no lo es hoy, cuando debería haber venido aquí a contarnos por qué lo hizo.

El papel de dos concejales del PP

>> El 3 de mayo se había anunciado pues en un periódico la enajenación de las 18 promociones, que incluían 1.208 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, cuya calificación se extendía hasta 2020; y 652 viviendas de protección pública en régimen de alquiler con opción a compra, cuyo régimen de protección se extendían hasta 2017 y 2018. Por consiguiente, para la venta se necesitaba la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid.

>> Sin embargo, no se solicita hasta el 25 de julio la autorización de la Comunidad y su renuncia al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. Justo dos días antes, había entrado en vigor la modificación del artículo 18 del reglamento de viviendas protegidas de la Comunidad, un cambio que permitió salvar la operación y abrió la puerta al fondo para vender las viviendas protegidas sin tener que esperar cinco años. Es decir, se hizo un traje a medida para los fondos.

>> Las autoridades de la Comunidad no sólo no velaron por el cumplimiento de las leyes y normas, sino que colaboraron activamente modificando el reglamento regional y mirando hacia otro lado. Nos hubiera gustado escuchar las explicaciones de Pablo Cavero, que fue consejero de Vivienda entre 2012 y 2015; de Borja Carabante, viceconsejero de Vivienda entre 2012 y 2015; de Juan Van-Halen, director regional de Vivienda entre 2007 y 2013; y de Ana Gomendio, directora regional de Vivienda entre 2013 y 2015.

Los políticos que tenían que haber comparecido hoy, además de Botella, alcaldesa de la capital (2012-2015), eran Pablo Cavero y Borja Caravante, concejales desde mayo de 2015; Ana Gomendio, ex consejera regional de Vivienda; Juan Van Halen, ex director regional de la Vivienda; Fermín Oslé y Juan José de Gracia, ex consejeros delegados de la EMVS; Paz González, ex concejal de Urbanismo; Rafael Requena, ex director de Servicios Jurídicos de la EMVS; Javier Tena, interventor de la EMVS; y Pablo Olangua, ex director de Gestión de la EMVS.

Gallardón y Aguirre, el pasado lunes en la recepción del Dos de Mayo.
Gallardón y Aguirre, el pasado lunes en la recepción del Dos de Mayo.LUIS SEVILLANO

Sánchez Mato: "No fueron peligrosos bolivarianos"

El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha criticado el “vergonzoso boicot” del Partido Popular a la comisión de investigación, que según ha dicho “no va a paralizar el mandato del pleno”. “Creemos en la reinserción, el PP lo meditará y vendrá a las próximas sesiones”, ha añadido.

En su opinión, de la documentación analizada sobre la venta de los 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda se deducen “regularidades manifiestas”, y, en concreto, “prácticas presuntamente ilegales o generadoras de efectos nocivos para una empresa pública”.

Sánchez Mato ha citado desde “el incumplimiento básico del fin social de la EMVS al poner en venta el patrimonio de todos los ciudadanos, una descapitalización claramente lesiva”, hasta la vulneración de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas, de la Ley de Contratos Públicos y de varias normas y reglamentos internos de la empresa. “No por peligrosos bolivarianos sino por el Partido Popular”, ha bromeado.

El expediente “adolece de gravísimas omisiones”, entre las que ha citado memorias e informes de viabilidad jurídica; y el proceso se hizo “al margen del Consejo de Administración de la EMVS”, y sin fijar “un valor objetivo de venta”. Según añadió, se negó a los arrendatarios sus derechos, varias empresas tuvieron acceso a la información de la venta antes de hacerse pública… “No se pueden cometer más irregularidades en menos tiempo. Todas esas vulneraciones merecen respuesta, pero, lastimosamente, no tenemos ningún compareciente que quiera arrojar luz”, ha concluido Sánchez Mato.

Ciudadanos: "El PP queda inhabilitado para pedir cuentas"

El concejal Miguel Ángel Redondo (Ciudadanos) ha calificado como “lamentable el boicot” del Partido Popular a la comisión de investigación, “un ejercicio antidemocrático y de falta de transparencia”. “Hoy era el momento de rendir cuentas y dar explicaciones. Los madrileños nos merecemos esa explicación y el análisis crítico posterior para que no vuelva a suceder en el futuro”, ha añadido Redondo.

“Esperemos que reflexionen y mediten su decisión”, porque, en su opinión, su boicot a la comisión “inhabilita” al PP para “ejercer la función de control en el Ayuntamiento”, puesto que “ni siquiera consideran un deber el rendir cuentas, cómo pueden moralmente pedírselo al resto”.

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