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Una operación urbanística fallida de Arpegio le cuesta a Cifuentes 42 millones

El Gobierno regional ha tenido que pedir un crédito de 15 millones de euros para mantener la liquidez de la empresa pública

Esther Sánchez

Un juzgado decretó en enero el embargo de las cuentas de la empresa pública Arpegio por valor de 42,5 millones para pagar su deuda con una sociedad a la que vendió parcelas del Parque Temático de San Martín de la Vega. El contrato incluía aumentar la edificabilidad de los terrenos modificando el plan general del pueblo. Si no lo lograba, Arpegio pagaría 32,8 millones más intereses. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paró la recalificación porque su “auténtica finalidad” era que el Parque Tématico SA “recuperara su equilibrio patrimonial”. El Gobierno regional ha tenido que pedir un crédito para mantener la liquidez de Arpegio.

Vista aérea del Parque Warner de San Martín de la Vega.
Vista aérea del Parque Warner de San Martín de la Vega.Claudio Álvarez

Una de las operaciones llevadas a cabo por Arpegio —empresa pública del suelo investigada en la trama Púnica y cuya liquidación ha anunciado Cristina Cifuentes hace pocos días—, finalizó con el embargo de 42,6 millones de sus cuentas corrientes. La decisión judicial provocó una falta de liquidez en la sociedad, que tuvo que recibir un préstamo de 15 millones del Gobierno de Cristina Cifuentes que, a su vez, se lo pidió a Arproma, sociedad también 100% pública. El juez, una vez saldada la deuda, ha levantado el embargo.

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La sociedad Parque Temático de Madrid está constituida por diversas sociedades propietarias de un terreno de 5,5 millones de metros cuadrados, que incluye el parque de ocio de la Warner. Uno de los dueños del suelo es la Comunidad de Madrid, que vendió, a través de Arpegio, varias parcelas en 2007 a la inmobiliaria Fadesa. La edificabilidad total era de casi medio millón de metros cuadrados.

Tras la venta, Arpegio se comprometió con Fadesa a tramitar una modificación del plan general de urbanismo de San Martín de la Vega con el objetivo de incrementar la edificabilidad de todo el ámbito. Al mismo tiempo, se incluyó en el contrato una cláusula penal indemnizatoria de 32,8 millones a cargo de Arpegio y que protegía a Fadesa en el caso de que no se cumplieran los planes acordados. Recibiría ese importe si la edificabilidad no alcanzaba los 666.500 metros cuadrados. La fecha tope para llevar a cabo la recalificación era agosto de 2013.

El proceso dio sus primeros pasos con éxito. El pleno municipal aprobó la modificación del plan que implicaba pasar de 825.000 metros cuadrados edificables en toda la zona (incluida las parcelas de Arpegio) a 1,13 millones. Todas las fuerzas políticas lo apoyaron (PSOE, PP e IU). “Era bueno para el municipio”, asegura su actual alcalde, el socialista Rafael Martínez. La Comisión de Urbanismo del Gobierno regional no puso pegas a la recalificación.

Pero la empresa Bosques del Sur, que está radicada en San Martín de la Vega, denunció el acuerdo en la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya en 2009, sentenció que “la verdadera y auténtica finalidad de la modificación recurrida fue posibilitar que Parque Temático Madrid, S.A., recuperara su equilibrio patrimonial y pudiera liquidar toda la deuda que le era exigible en ese momento”. Los jueces lo explicaron así: “La modificación [que pretendía Ayuntamiento y Comunidad] no responde a una razón urbanística de carácter municipal ni a criterios de ordenación territorial, ni se justifica en una razón de interés público”.

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“Salvar una sociedad”

Y añaden: “Solo obedece al único designio de salvar una sociedad [Parque Temático SA], cuyo capital social pertenece en un 60% a entidades mercantiles privadas”. Y señala a FCC, Caja de Ahorros, Fadesa, ACS, Ferrovial, Dragados, entre otras. La decisión afectó de lleno a la transacción realizada por Arpegio con Fadesa que esperaba el incremento de edificabilidad prometido. Pero Fadesa no denunció a Arpegio, sino que fue Friera, que le había comprado a su vez las parcelas a la primera. Le reclamó al Gobierno en 2014 los 32,8 millones de indemnización más otros 9,8 de intereses y costas.

Finalmente, un juzgado condenó a Arpegio a pagar 42,6 millones por no haber cumplido el contrato. El Gobierno Cristina Cifuentes no disponía de la liquidez necesaria en Arpegio y terminó sacando el dinero de otra empresa pública, Arproma. La presidenta anunció hace unos días que va a cerrar Arpegio y pasar parte de su negocio (venta de suelo) a Arproma.

Cambiar el plan general para favorecer al Parque Temático

El municipio de San Martín de la Vega estaba dispuesto a cambiar el plan general de la localidad para incrementar la edificabilidad de los 5,5 millones de metros cuadrados que ocupaban los terrenos de la sociedad Parque Temático de Madrid, propiedad de diversas empresas, entre ellas la Comunidad de Madrid.

Todos los grupos políticos estaban de acuerdo en que la modificación beneficiaría a sus vecinos, recuerda el actual alcalde del pueblo, el socialista Rafael Martínez. En diciembre de 2005 se firmó un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente, Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, Parque Temático de Madrid SA y el Ayuntamiento para modificar las normas subsidiarias y garantizar la viabilidad de empresarial del desarrollo. De esta forma, se contribuía al dinamismo social y económico del pueblo, especificaba el documento.

A raíz del convenio, Parque Temático de Madrid entregó al municipio entre 2007 y 2014 5,5 millones de euros. Pero el acuerdo fue anulado por el Tribunal Supremo en julio de 2013 y el Ayuntamiento fue condenado a devolver el dinero recibido por sentencia judicial. El municipio presentó al Juzgado un plan de pagos que se extiende hasta 2017 para poder hacer frente a la deuda. Si la empresa no lo recurre, este año se devolverían 70.000 euros, 150.000 en 2017, 300.000 al año entre 2018 y 2023, 800.000 entre 2024 y 2025, 900.000 en 2026 y 1.000.000 de euros en 2027.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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