Transparencia contra opacidad: el poder de la ciudadanía

Hace más de una década que el Consejo de Europa trabaja por consolidar la calidad de nuestras democracias en los países de nuestro continente. Desde 1981 el Comité de Ministros recomendó tomar medidas contra la delincuencia económica e impulsó numerosos trabajos que culminaron en la Conferencia de La Valetta a propuesta de los ministros de justicia de los 47 estados miembros. En esta conferencia se determinó que la corrupción no era solo una palabra, sino que era una seria amenaza para la estabilidad de las instituciones democráticas y debía abordarse a nivel europeo.

En 1999 se creó el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para analizar desde el Consejo de Europa el trabajo de sus países miembros a nivel legislativo y ejecutivo. Y desarrolla numerosas recomendaciones. El Grupo de Estados contra la Corrupción adoptó, en su reunión plenaria del pasado 4 de diciembre de 2015, en la Tercera Ronda de Evaluación, el Segundo Addendum al Informe de Cumplimiento de España en materia de investigación, regulado en Criminal Law Convention on Corruption, y de transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales. Se sugerían hasta quince recomendaciones respecto al control de la financiación política y la aplicación de sanciones efectivas para el caso de infracciones en casos de corrupción, ampliando el rango de la sanción e incluyendo a todas las personas y entidades.

La batalla mediática, recrudecida por la dureza de la crisis económica, contra los representantes políticos ha arrasado Europa justificada por numerosos casos de corrupción. Diferentes respuestas adoptan una forma general basada en una debilitación de las instituciones, una desafección de la población hacia las mismas y, por extensión, un debilitamiento del conjunto del sistema democrático, dando paso a un rastro en toda Europa de numerosas formas de populismo y extremismo.

Los partidos políticos, esenciales en la vida política, económica y social, deben ser el pilar y el cauce de participación y organización que abra los espacios a la construcción de los asuntos públicos. Ninguna forma de participación que no reconozca derechos y obligaciones puede asumir con responsabilidad y ejemplaridad la base de la centralidad social de la democracia. Pero, para ello, los partidos políticos deben avanzar en las nuevas exigencias colectivas de una nueva construcción de la gestión de lo público, de administraciones e instituciones abiertas, participativas y transparentes capaces de rendir cuentas, casi en tiempo real, a toda la población.

Para todo ello, no solo las instituciones públicas, también las privadas y toda la sociedad en general, deben cambiar su actitud e impulsar principios básicos de independencia, transparencia y rendición de cuentas. La independencia en la toma de decisiones políticas, evitando presiones e intereses que falten a la justicia. Pero ¿qué garantiza esa independencia? Pues, evidentemente, que todos los procesos sean transparentes, con normas de conocimiento público para evitar así arbitrariedad alguna. Para ello es necesario someter las decisiones y actuaciones a un juicio y control de un tercero imparcial.

La transparencia debe acompañarse de una rendición de cuentas sincera, de un compromiso de difundir información, hacerla comprensible y reutilizable. Pero no es un mero ejercicio de márquetin o propaganda electoral. Es una nueva forma de entender la gestión pública, abierta, cercana y evaluable por los ciudadanos que quieren participar diariamente, más allá del ejercicio del voto una vez cada cuatro años.

La corrupción ha sido una de las cuestiones que ha estado presente estos días en los debates que se han desarrollado en la sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo. Todos los representantes de los países hemos analizado los riesgos y las carencias de nuestras democracias y su impacto en cada país.

En España hemos tenido numerosos casos de corrupción. Sus consecuencias son evidentes pero, posiblemente, los dos grandes pilares están ubicados en Valencia y Madrid.

Curiosamente, Madrid es la última región en transparencia de nuestro país. La Comunidad de Madrid aún no había legislado sobre su administración en transparencia. Por todo ello hay que valorar la iniciativa del PSOE, poniendo en marcha una proposición de ley en el parlamento madrileño para romper los muros que tanto han deteriorado la imagen pública de la Casa de Correos en los últimos años.

Los socialistas han liderado las principales leyes de transparencia en todas las regiones de España y su experiencia debe servir para hacer realidad un nuevo marco normativo que dé luz a las opacas administraciones populares que, bajo el mandato conservador, han hecho de la opacidad un modelo de gestión durante más de veinte años.

El profesor Gabilondo suele recordar que “transparencia" es mucho más que una palabra. Es un compromiso con la responsabilidad de la gestión de lo público. Es una nueva manera de gobernar de forma compartida y cooperativa con el conjunto de la sociedad madrileña.

Madrid necesita un nuevo modelo alejado del egoísmo de un puñado de oscuros intereses que solo construye bancos e industrias de papel, sin trabajadores, sin alma, fuera del control de los estados y de las instituciones, en cualquier "paraíso" que condena a la gente común al "infierno" de la opacidad de sus decisiones especulativas, cuando no delictivas.

Una nueva ley de transparencia, buen gobierno, acceso a la información, participación, colaboración y cooperación será una realidad en breve. Una nueva ley propuesta, liderada por los socialistas pero que pretende ser un punto de partida para que se convierta en una nueva ley de todos.

Espero que entre todos seamos capaces de hacer la mejor Ley de Transparencia de España y que en el trámite parlamentario, al esfuerzo del PSOE de Madrid, se sumen el del resto de las fuerzas políticas para aportar lo mejor y adquirir un compromiso con el nuevo tiempo que la sociedad nos exige liderar para hacer de las instituciones públicas un espacio de responsabilidad y ejemplaridad valorado por toda la ciudadanía que aspiramos a representar.

José Cepeda es senador y representante de España en el Consejo de Europa