La moción para desobedecer al TC agrieta el pacto de JxS y la CUP
La cámara admite que se debata si se cambia el redactado, a lo que se niegan los anticapitalistas
La moción presentada por la CUP en el Parlament que reclama la desobediencia al Tribunal Constitucional ha abierto una brecha en el pacto de legislatura con Junts pel Sí para lograr la independencia. Es la primera vez que ambos socios discrepan de manera abierta en el camino hacia la secesión y si se consuma el desencuentro podría afectar a la negociación de los Presupuestos.
El Gobierno catalán no escondió ayer su incomodidad. “No es necesario pasar una reválida quincenal en el Parlament”, dijo Neus Munté, portavoz de la Generalitat. En su opinión, el enojo no afecta el pacto de estabilidad suscrito por ambos partidos.
Junts pel Sí, con mayoría en la Mesa del Parlament, optó ayer por una decisión singular para no enfrentarse con la CUP, pero, al mismo tiempo, no desobedecer tampoco al Tribunal Constitucional, que está pendiente de ejecutar la sentencia que anuló la declaración soberanista del 9 de noviembre.
El resultado fue que la moción de la CUP se admitió a trámite para su discusión en el pleno del 6 de abril, a condición de que se cambie su contenido. De esta manera, la Mesa pretende evitar una impugnación formal del Gobierno y que el Constitucional añada este hecho a sus discusiones, pues la moción de la formación anticapitalista reclama expresamente la vigencia de la declaración independentista y que se desobedezca la sentencia que la anuló.
Acabada la reunión de la Mesa, la CUP dejó claro que no piensa ceder. “No cambiaremos ni una coma de la moción”, advirtió Anna Gabriel, portavoz de la formación anticapitalista. “Hasta ahora, lo que había manifestado Junts pel Sí es que estaba caminando en esta dirección. Si cambian de dirección, que avisen”, añadió.
La equidistancia de los letrados
Los letrados del Parlament se remitieron ayer al informe que hicieron en su día sobre el alcance de la sentencia del Constitucional y no se pronunciaron expresamente sobre las consecuencias que tendría la moción de la CUP en el incidente de ejecución de sentencia que se está tramitando a instancias del Gobierno en funciones del PP.
El informe jurídico advierte de que no se puede contravenir la sentencia, pero también afirma que el Parlament puede debatir sobre los temas que desee. Los grupos de la oposición explicaron ayer que la presidenta de la cámara impidió las explicaciones de los letrados presentes en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces.
Se trata de una advertencia en toda regla a Junts pel Sí, que votó con la CUP la declaración del 9-N. La portavoz de este grupo, Marta Rovira, echó pelotas fuera, dijo que el redactado es “mejorable” y se mostró confiada en consensuar un texto. Si la CUP no cede, la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, pedirá al conjunto de los diputados el día que se celebre el Pleno que voten la retirada de la moción del orden del día.
Eso sería la escenificación del primer desencuentro en el pacto con Junts pel Sí en su estrategia conjunta para lograr la independencia, pues hasta ahora las discrepancias habían afectado a cuestiones sociales diversas. Queda por ver cómo podría afectar esa discrepancia a los 16 meses que quedan de legislatura hasta proclamar la secesión.
El desencuentro sobre la moción evidencia que la estrategia de Junts pel Sí para lograr la independencia difiere a la de la CUP. “Para hacer una tortilla hay que romper los huevos”, les gusta decir a los anticapitalistas de manera gráfica, en su estrategia de desobediencia a las instituciones españolas. Es un discurso que enerva a buena parte de los dirigentes de Convergència y a sus consejeros. No tanto a la cúpula de Esquerra, que está entre dos fuegos y siempre intenta templar gaitas. “¿Es más importante decir que cumpliremos o cumplir? Para nosotros es más importante cumplir”, dijo Rovira, que es también secretaria general de ERC.
Los cuatro grupos de la oposición cargaron ayer contra la decisión de la Mesa. “Han hecho dejación de sus funciones”, dijo el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, para quien la admisión a trámite de la moción ya implica vulnerar la prohibición de Constitucional. Por su parte, la diputada del PSC Eva Granados y el de Catalunya sí que es Pot Joan Coscubiela, coincidieron en acusar a Junts pel Sí y la CUP de llevar al pleno del Parlament sus discrepancias y de instrumentalizar la cámara.
En el mismo sentido, el portavoz parlamentario del PP, Enric Millo, afirmó que la moción choca frontalmente con la sentencia del Constitucional y pidió la dimisión de los miembros de la Mesa “si no están dispuestos a asumir sus funciones”.
Horas después de escenificar la discrepancia, Junts pel Sí y la CUP volvieron a actuar juntos para no expresar su rechazo por una moción que presentó Convergència en el Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), en la que se pedía que no se pagara el sueldo a ningún funcionario que se mostrase contrario al proceso independentista. La moción no llegó a discutirse y fue retirada después de que lo desvelara EL PAÍS. Su impulsor, el concejal Joan Turró, dimitió hace unos días.
