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Antifraude indaga los contratos a dedo de Puigdemont en Girona

El organismo investiga si el Consistorio favoreció a una empresa con adjudicaciones de servicios entre 2011 y 2015

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.Massimiliano Minocri

La gestión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al frente del Ayuntamiento de Girona está bajo sospecha. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) investiga si, durante el mandato de Puigdemont (2011-2015), el Consistorio favoreció a la consultora Efial y a otras empresas privadas adjudicándoles servicios a dedo. El organismo fiscalizador ha pedido a Girona información sobre todos los contratos de servicios —especialmente, los de menor cuantía— que se aprobaron o se renovaron durante el mandato de Puigdemont.

Antifraude abrió la investigación hace seis meses, tras recibir la denuncia de un particular que relató presuntas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Girona. El pasado febrero, apenas unas semanas después de la toma de posesión de Puigdemont como máximo responsable de la Generalitat, la OAC pidió al Consistorio información sobre todos los servicios adjudicados entre 2011 y 2015, que coincide con el periodo de Puigdemont al frente de la alcaldía.

La investigación de Antifraude

¿Qué ha pedido? Antifraude ha solicitado todos los contratos de servicios, especialmente los de menor cuantía, adjudicados (o renovados) por el Ayuntamiento de Girona entre 2011 y 2015.

¿Qué se indaga? Si, durante la etapa de Carles Puigdemont como alcalde, el Consistorio favoreció a la consultora Efial con contratos a dedo.

¿Cómo comenzó el caso? Con la denuncia de un particular, hace seis meses, que puso al descubierto presuntas irregularidades.

La investigación se centra, según han explicado a EL PAÍS fuentes cercanas al caso, en averiguar si el Ayuntamiento de Girona favoreció a la consultora Efial con contratos menores adjudicados a dedo y sin apenas fiscalización. Efial Consultoría, con sede en Barcelona, ha trabajado para numerosos ayuntamientos en Cataluña, la mayoría de ellos en manos de CiU. Su actividad en varios de esos municipios —como Torredembarra, Ascó o l’Ametlla de Mar, todos ellos en Tarragona— ha sido denunciada e investigada por las autoridades. En el caso de Torredembarra, los investigadores sospechan que el exalcalde nacionalista, Daniel Masagué, favoreció a Efial adjudicándole trabajos a dedo; por ejemplo, informes por unos 18.000 euros al mes.

La información solicitada —que el Ayuntamiento ha entregado ya— es muy voluminosa. Antifraude ha pedido datos de todas las adjudicaciones de servicios a empresas privadas, especialmente las de menor cuantía. El objetivo es “ampliar el foco” y comprobar si Girona favoreció, entre otros, a Efial, según las mismas fuentes. El organismo que dirige el magistrado Daniel De Alfonso recopilará ahora todos los expedientes —hay cientos de ellos— para analizarlos y comprobar si los hechos denunciados tienen base.

Girona ha tenido que ponerse las pilas para contestar al requerimiento de Antifraude, que había dado apenas diez días para entregar la documentación. El volumen de información es tal, sin embargo, que el Consistorio tuvo que pedir una prórroga de un mes, que le fue concedida. “Les dijimos que necesitábamos más tiempo porque, si no, colapsaríamos el Ayuntamiento”, explicó ayer la teniente de alcalde de Hacienda, Maria Àngels Planas. El Consistorio ha enviado las “certificaciones” de los contratos, en las que constan, entre otros datos, el importe de la licitación, cuántas empresas se presentaron a concurso y cuál fue la adjudicataria.

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Planas ha tratado  de transmitir un mensaje de normalidad: “Estamos muy tranquilos, no tenemos nada que esconder”. La concejal de Hacienda dijo que ignora qué investiga Antifraude y lamentó que la petición sea genérica, algo que considera “poco habitual”.

Fuentes cercanas al organismo matizan, sin embargo, que la petición entra dentro de la normalidad porque permite ver la globalidad de los contratos. Las mismas fuentes señalan que la investigación no se dirige contra la persona de Puigdemont, sino que se trata de averiguar el comportamiento del Consistorio en las contrataciones.

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