Los afectados por el cierre de OGC podrían tardar años en recuperar sus envíos a Ecuador

Los afectados por el cierre de la paquetería OGC podrían tardar años en recuperar sus pertenencias si las autoridades españolas judicializan el caso, advierten fuentes oficiales. Para retener los bienes basta con que lo pida un juez, tanto en España como en Ecuador. Un proceso similar ocurrió en 2011 tras la clausura de Vicza, cuyos damnificados aún no han recuperado sus envíos. OGC tiene varados 43 contenedores en Guayaquil, el principal puerto de Ecuador. Los trabajadores aseguran que los dueños le explicaron hace semanas que iban a pedir unos créditos que desbloquearan la situación. Algunos clientes realizaron envíos en agosto y aún no han llegado a su destino, aunque el plazo máximo de entrega era de 90 días. OGC cerró el lunes todas sus sedes y los responsables de la compañía se encuentran en paradero desconocido. Los afectados sostienen que, solo en Madrid, ya se han presentado más de 1.000 denuncias.

De momento, el caso lo lleva la comisaría de la Policía Nacional en Arganzuela, que hasta el martes había contabilizado 30 denuncias. Allí se presentó la primera demanda por la clausura de OGC, que hasta días antes de su cierre estuvo realizando llamadas masivas a sus clientes para ofrecerles promociones en los envíos, que se hacían exclusivamente a Ecuador. Si el número de denuncias es elevado, la investigación pasaría a depender de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. "Nuestra preocupación radicaba en que la gente estaba poniendo denuncias en diferentes comisarías y podrían abrirse procesos judiciales distintos", explica Darwin Castro, uno de los seis representantes de la plataforma de afectados constituida. Sin embargo, todas las denuncias que se presenten en Madrid, independientemente de la comisaría en la que se hagan, irán agrupadas en el mismo atestado.

Con él se abrirá, previsiblemente, un proceso judicial que podría durar años. El juicio conllevaría la retención de los contenedores que permanecen en el puerto de Guayaquil, lo que retrasaría la devolución de los bienes a sus dueños. Independientemente de las acusaciones que se hagan en España a OGC, Ecuador también iniciaría un proceso judicial. El caso pasaría a ser un asunto transnacional. "He recibido llamadas desde otros puntos de España, donde van a organizar plataformas. Además, me han telefoneado desde Italia y Holanda, donde los afectados van a denunciar también", subraya Darwin. Este ecuatoriano de 40 años, 18 de ellos en España, realizó varios envíos por valor de 3.500 euros, pero nunca han llegado a su destino.

"No es la primera vez que me estafan"

En la misma situación está Alexander Romero, de 38 años, 17 en Madrid. Alexander realizó dos envíos a su país (solo por el porte pagó 650 euros, a 4,5 el kilogramo), pero no sabe dónde están sus pertenencias ni cuándo las podrá recuperar. "No es la primera vez que me estafan, ya me ocurrió con Vicza Express al enviar las cosas de mi hermana, que ya volvió a Ecuador". En 2011, esta paquetería que realizaba envíos exclusivos a Ecuador cerró sus oficinas. Según fuentes de la embajada ecuatoriana, los bienes que mandaba como usados no lo eran, por lo que no estaban exentos de tasas aduaneras. Algunas fuentes apuntan que el caso de OGC podría derivar en un delito similar.

Para ello debería demostrarse que la empresa de paquetería evadió impuestos, delito en el que podría haber incurrido si hubiera enviado como menaje del hogar a Ecuador objetos que no lo eran. Los objetos que responden a la categoría de menaje del hogar están exonerados de pagar tasas en la aduana. El Plan Bienvenido a casa fue aprobado por el Gobierno de Ecuador que, en 2009 y debido a la crisis económica que sufría Europa, trató de favorecer el retorno de los migrantes en este continente. Desde entonces, solo 30.000 de los 180.000 ecuatorianos que vivían ese año en Madrid han regresado, según datos de la embajada.

Descenso de envíos

En España, hay diferentes empresas de paquetería que realizan envíos de forma exclusiva a Ecuador, muchas de ellas radicadas en Madrid, donde está el grueso de la migración ecuatoriana (150.000 de un total de 450.000). Una de esas compañías es Paquetería Ecuador, que nació en 2014 y en la que trabajan nueve personas. Su gerente, Cristian Ceballos, relata que tras el cierre de forma imprevista de OGC el lunes han notado un descenso en los envíos, lo que considera "lógico". "Nos han llamado los clientes para preguntar si somos iguales", afirma. La clausura de OGC supone para la companía de Ceballos "un cambio drástico porque se relaciona esa empresa desleal con otras que no trabajamos de la misma forma, con sobornos y demás". Según ha explicado Ceballos a este periódico, recuperar un contenedor en el puerto de Guayaquil tiene un coste de 1.000 a 2.000 euros. El martes, trabajadores de OGC subrayaron a EL PAÍS que su empresa debía pagar por ello unos 7.000 euros, "incluyendo sobornos".

La Embajada de Ecuador en España ha publicado esta tarde una serie de recomendaciones para los damnificados por la empresa de paquetería OGC. Mientras, la plataforma de afectados por su cierre en Madrid ha anunciado que se reunirá el domingo a partir de las 18.00 en la plaza de Legazpi. La semana próxima, en una fecha que aún está por determinar, los afectados volverán a encontrarse con las autoridades de su país en España. La relación que maneja el grupo supera ya los 200 clientes, pero su intención es seguir aumentando esa lista porque sospechan que, solo en Madrid, los damnificados pueden superar las 5.000 personas.