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Jardineros y ecologistas se rebelan contra un herbicida

El uso del glifosato es legal, pero la OMS lo incluyó en 2015 en la lista de productos “probablemente carcinógenos”

Esther Sánchez

El Ayuntamiento de Madrid emplea un herbicida llamado glifosato, el más usado en el mundo, para eliminar hierbas y otras plantas. Está permitido, pero la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en 2015 en la lista de productos “probablemente carcinógenos” para humanos. Ecologistas en Acción ha pedido al Consistorio que elimine su uso en zonas urbanas y periurbanas. La concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, asegura que ya están ensayando otros métodos menos agresivos.

Vecinos, asociaciones ecologistas, sindicatos o los propios jardineros han presentado reclamaciones en el Ayuntamiento de Madrid para que prohíba el uso del herbicida glifosato en las calles y jardines de la ciudad. Ecologistas en Acción y Grama advirtieron a finales de febrero de que los servicios de parques y jardines ya habían empezado el control de las “malas hierbas” en zonas ajardinadas del paseo del Prado con el controvertido producto. También tenían constancia de que en varios distritos de la capital “se estaba suministrando a los equipos de jardinería grandes cantidades de glifosato”.

Inés Sabanés, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, aclara que el uso del herbicida está autorizado en el contrato integral de gestión de parques y viveros municipales, que heredaron del anterior gobierno, del PP. Aun así, manifiesta su “voluntad clara” de prohibirlo. Las advertencias han llegado también desde Madrid Salud, el organismo autónomo dependiente del Consistorio que tiene como meta transformar la ciudad en un lugar más saludable. En un informe encargado por Medio Ambiente recomiendan aplicar el “principio de precaución y, por tanto, reducir hasta eliminar su aplicación buscando alternativas al compuesto en cuestión”, informa Sabanés.

La sustitución por métodos menos agresivos se hará de forma progresiva, y “probablemente” se tendrán que revisar los contratos con las empresas de jardinería, además de informar al resto de grupos políticos. Madrid cuenta con 6.000 hectáreas de espacios verdes, de ellos 3.100 corresponden a los contratos de limpieza y zonas verdes, y 2.900 a lugares históricos, singulares y forestales. De momento, se han hecho pruebas en los viveros municipales de otras alternativas.

En marzo de 2015, el grupo de investigación sobre el cáncer de la OMS, el IARC, lo incluyó en la lista de productos 2 A “probablemente carcinógenos” para humanos. Los científicos consideraron que existían pruebas suficientes de que causa tumores en animales y de que daña el ADN y los cromosomas de células humanas en cultivo. Pero la controversia continúa. Nueve meses después de la incorporación a esa relación, la agencia europea de la seguridad alimentaria concluyó que es “improbable” que provoque tumores en los humanos.

 Barcelona decidió en diciembre del año pasado eliminar el tratamiento con el herbicida en jardines públicos y otros espacios verdes. En la región madrileña, municipios como Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes o Brunete han cercado al glifosato. En Rivas el dilema se planteó hace dos años. Ahora las malas hierbas se eliminan de forma mecánica y manual. No han desterrado los químicos totalmente, pero procuran aplicar tratamientos más selectivos, como la endoterapia, inyectando el producto en la savia del árbol en vez de aplicarlo sobre la hoja. “Lo único que pulverizamos es el tratamiento contra la procesionaria de los pinos, y lo hacemos con un producto biológico que ataca a la larva con una bacteria”, aclara Érica Valiente, directora de operaciones de Parques y Jardines. El cambio requiere más recursos, más inversión en maquinaria y la concienciación de los ciudadanos, “que sepan aceptar que los jardines no estarán tan impolutos como cuando se usan químicos”.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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