El Atlético asume la Operación Calderón y renuncia a los rascacielos
El club recupera el suelo del Vicente Calderón y la obra de La Peineta de manos de FCC y pacta con el Ayuntamiento para elaborar un nuevo plan urbanístico con menos edificabilidad
El Atlético de Madrid ha cogido las riendas de la operación urbanística proyectada sobre su actual estadio, el Vicente Calderón, y paralizada desde hace años por los reveses judiciales y vaivenes políticos. El club de fútbol se ha hecho con los derechos del suelo, que pertenecían a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital (Ahora Madrid) para modificar el plan urbanístico aprobado por el anterior gobierno municipal (Partido Popular). Desaparecerán así los dos rascacielos gemelos previstos junto al río Manzanares. Además, el club ha asumido con fondos propios la construcción de su nuevo estadio, La Peineta, en el distrito de San Blas, que estaba al cargo de FCC.
Un nuevo plan urbanístico con menos de 2.000 viviendas
El Atlético y Mahou han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para modificar el plan urbanístico aprobado en 2014 por el anterior gobierno municipal (PP) para los terrenos del Vicente Calderón y la antigua cervecera, rebajando su edificabilidad.
El plan ahora en vigor está suspendido cautelarmente, pero podría aplicarse en cuanto el Tribunal Superior de Justicia dicte sentencia; fuentes de la operación prevén que sea favorable, tras eliminar la Comunidad de Madrid (PP) la limitación de tres alturas más ático de la Ley regional del Suelo.
El Atlético renunciará así a construir dos rascacielos gemelos y ocho bloques. El club espera que el nuevo plan esté listo en un año para vender el suelo y devolver el préstamo con el que está construyendo La Peineta.
Tal y como avanzó el edil de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se rebajará la cifra de 2.000 viviendas proyectadas. A cambio, para que la rentabilidad compense el coste de La Peineta, el Ayuntamiento se asumiría (o renunciaría a) la principal carga urbanística: el soterramiento del último tramo de la M-30 junto al río.
El Ayuntamiento, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), y el Atlético, presidido por Enrique Cerezo, firmaron en 2008 el convenio que comprometía al club a abandonar el Vicente Calderón, junto al río Manzanares, para mudarse a La Peineta, en la otra punta de la ciudad. Gallardón convenció al Atlético para embarcarse en una operación presuntamente redonda en la que no tendría que poner ni un euro y obtendría un estadio moderno y con mayor capacidad (69.000 asientos, 14.000 más que el Vicente Calderón).
El alcalde empezó prometiendo que las obras estarían listas en 2010, pero luego fue 2012, 2013, 2014... En el Palacio de Cibeles, sede del gobierno municipal, se llegó a festejar, con ostras y cava, la puesta en marcha de un cronómetro que se pararía al acabar la obra. Podía llegar a 9.999 días (más de 27 años), pero fuentes del club afirman que, “sí o sí”, el campo estará listo en junio de 2017.
Igual de difícil que cumplir los tiempos iniciales será conseguir que la operación le salga gratis al Atlético. El club firmó en 2010 un acuerdo con FCC para que levantara La Peineta a cambio de los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos del Vicente Calderón. El estadio estaba presupuestado en 195 millones de euros, que debían costearse con la venta de 2.000 viviendas construidas junto al Manzanares. De ellos, al Atlético le correspondían el 45%. Otras tantos eran para la cervecera Mahou, que aportaba al plan el terreno de su antigua fábrica, junto al Calderón; y otro 10% para el Ayuntamiento. Con un precio de 3.000 euros por metro cuadrado, que fuentes de la operación veían entonces ajustado a mercado, podrían obtenerse 600 millones por la venta, a los que habría que descontar los costes de construcción.
Sin embargo, FCC avisó en noviembre de 2014 de que, tras el derrumbe del mercado inmobiliario, no le salían las cuentas, y pidió que se revisase el acuerdo.
La entrada por esas fechas como máximo accionista del magnate mexicano Carlos Slim cambió el paso de la constructora, que, según fuentes de la operación, ha terminado por desvincularse casi completamente de la operación.
El Atlético obtuvo el año pasado del banco Inbursa, de Slim, un crédito de 160 millones, que debe devolver en julio de 2017 si para entonces ya ha vendido el suelo (en caso contrario, tiene hasta julio de 2021). Con ese dinero, el club asumió la finalización del estadio; FCC no recibió indemnización por lo ya construido.
El campo se está construyendo ahora pues con los recursos financieros del club. A cambio, el Atlético ha recuperado los aprovechamientos urbanísticos del Calderón, que estaban en manos de FCC. Su intención no es construir las viviendas proyectadas, sino subastar los derechos en un año al mejor postor para, con el dinero obtenido, cancelar el préstamo y equilibrar la operación. Tendrá así un estadio moderno, a un precio relativamente reducido, eso sí, con un lustro de retraso.
Ocho años de vicisitudes judiciales y políticas
Paralización cautelar
El entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) convenció al Atlético de Madrid en 2008 para que se mudara al estadio municipal de La Peineta, “infrautilizado” y “en un importante estado de deterioro”. Quería convertirlo en buque insignia de su proyecto olímpico, y necesitaba hallar la forma de pagar su reforma y darle uso tras los Juegos. Firmó así un convenio con el club, que se comprometió a comprar la parcela en el distrito de San Blas y a construir un nuevo estadio en ella (con un presupuesto de 195 millones).
Para pagarlo, el club se alió con la cervecera Mahou y firmó en 2010 un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas, que se encargaría de hacer La Peineta. A cambio, se quedaba con el terreno del estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de cerveza para levantar allí unas 2.000 viviendas. Con el dinero de su venta, sufragaría La Peineta y costearía en parte el soterramiento del último tramo de la M-30 junto al río (170 millones en total, de los que el Ayuntamiento pagaría el 43%).
En paralelo, Gallardón aprobó en 2009 un plan urbanístico para construir esas 2.000 viviendas previstas junto al río Manzanares. Logró la aprobación de la Comunidad (PP), pero fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia, que lo invalidó al incumplir el límite de tres alturas más ático que dictaba la Ley regional del Suelo. El plan urbanístico preveía torres de 17 pisos.
El Gobierno regional cambió entonces la Ley del Suelo para eliminar la limitación, y el Ayuntamiento, ya en manos de Ana Botella (PP), aprobó en 2014 otro plan urbanístico, que incluía en este caso dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de siete a 22 alturas.
Ese plan fue recurrido de nuevo ante la justicia, que lo suspendió cautelarmente el pasado agosto a la espera de sentencia.
Entre tanto, la Comunidad, en manos ya de Cristina Cifuentes (PP), ha vuelto a cambiar la Ley del Suelo, para eliminar cualquier resquicio de duda. Pero ahora el obstáculo es político: el Ayuntamiento, regido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), no quiere tantas viviendas. Así que el Atlético ha llegado a un acuerdo para modificar el plan congelado por la justicia y ajustarlo a gusto del Ayuntamiento, con la condición, eso sí, de que permita pagar La Peineta.
