ERC fulmina al exdirector de Infraestructuras, imputado por el 3%

El exdirector general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, detenido e imputado en octubre por su presunta participación en la trama de cobro de comisiones de Convergència Democràtica (CDC), ya no trabaja en la empresa pública de la Generalitat. El consejo de administración de la compañía aprobó ayer por asentimiento la propuesta de despido formulada por Joan Jaume, el nuevo presidente de la sociedad, escogido por Esquerra Republicana, formación a la que incomodaba la presencia de Rosell. El motivo esgrimido: “falta de confianza”.

Según fuentes de la empresa, Rosell —que tenía un salario anual de 139.500 euros— se irá sin indemnización, aunque es muy posible que la resolución final acabe en los juzgados. El Departamento de Economía, del que depende la empresa, se limitó a señalar con un comunicado que se ha optado por aplicar la normativa que afecta a los cargos directivos, que limita la compensación a siete días por año trabajado. Esa calificación era un foco de controversia, ya que pese a que Rosell ejercía de director general, su contrato era laboral ordinario, lo que le daría derecho a cobrar una indemnización mayor. En todo caso, la ley regula que los directivos que son funcionarios en excedencia, como es el caso de Rosell, con cargos directivos no tienen derecho a contraprestación por despido. Previsiblemente Rosell volverá a su plaza en el Departamento de Agricultura.

El exdirector general de Infraestructures.cat fue uno de los detenidos en la operación del caso Petrum. El juez acusa a este hombre, vinculado al partido nacionalista, por haber manipulado concursos públicos para que los pudieran ganar determinadas empresas que presuntamente acababan pagando una comisión a CDC. Según los investigadores, Rosell era una pieza clave que unía a través de la Administración esas empresas y el partido.

A raíz de su detención e imputación en el caso, el consejo de Infraestructures.cat lo degradó y se le retiraron sus atribuciones como director general y presidente de la mesa de contratación de la empresa. La sorpresa para la plantilla llegó cuando a inicios de febrero se les comunicó que el mismo consejo le había dado un cargo a medida, como responsable de internacionalización y I+D, una decisión que había aprobado en su última reunión de 2015, el 23 de diciembre. En ese momento, el hasta entonces presidente, Joan Lluís Quer, ya había dejado la compañía y todos los miembros del consejo eran altos cargos del Govern controlado por CDC. Quer había intentado que despidieran a Rosell sin suerte, lo que acabó determinando su dimisión.

El nuevo cargo asignado a Rosell –avanzado por este diario– justo antes del cambio de Gobierno, en el que ERC entró de la mano de la coalición Junts pel Sí, irritó a los republicanos, que han intentado desde entonces cerrar el despido de Rosell para mostrar su rechazo frontal a la corrupción. Ayer se celebró la segunda reunión del consejo desde que tomó el cargo como presidente Joan Jaume, escogido por el vicepresidente económico, Oriol Junqueras. Y se aprobó el despido por asentimiento, sin que ningún consejero diera explicaciones.

Desde Infraestructures siempre se ha defendido que la salida de Rosell dependía de un informe que se estaba elaborando a partir de expedientes internos y que todavía no estaría cerrado. En otros casos en que se ha imputado a altos cargos de la Generalitat, se había optado por su destitución.

Rosell escapó en noviembre del despido, lo mismo que evitó en 2013, cuando se vio salpicado por su participación irregular en el litigio por la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat.