El fiscal no ve delito en las opiniones y los votos sobre la resolución del 9-N

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al juez que no admita a trámite las querellas presentadas tras la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre, que proclamó el inicio del proceso hacia la independencia. En su informe, la Fiscalía argumenta que esa resolución ya fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC) y que, desde entonces, “no se han renovado las manifestaciones potencialmente delictivas”.

Tras la resolución independentista, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el sindicato ultra Manos Limpias presentaron sendas querellas por rebelión y sedición contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y contra tres diputados. Como órgano competente para investigar a aforados, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidió a la Fiscalía que se pronunciara antes de decidir siquiera si admitía a trámite las querellas.

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, cree que las querellas no deben admitirse porque se refieren a “opiniones y votos que no han trascendido del estricto ámbito parlamentario”. La Fiscalía argumenta que, al anular la resolución, el TC “restableció el orden constitucional”, por lo que cabe la posibilidad de dejar sin castigo penal las manifestaciones aprobadas con el voto favorable de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP.

El informe señala que, tras la sentencia del Constitucional, “no se han renovado las manifestaciones potencialmente delictivas”

Además de proclamar el inicio del proceso independentista, la resolución del 9-N abogaba por desobedecer a las instituciones españolas e instaba a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas del Parlament.

El informe de la Fiscalía recoge los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que el 2 de diciembre declaró inconstitucional la resolución. Ningún órgano ni diputado la ha desobedecido hasta la fecha, por lo que “aún no está justificada la perpetración del delito” al que aluden las querellas. El fiscal advierte, sin embargo, de que puede iniciar acciones penales “frente a quienes no se atengan al pronunciamiento del TC”.