San Fernando o la casa de los líos
La oposición denuncia parálisis en la gestión municipal. La alcaldesa sostiene que en seis meses se ha hecho más que en varias décadas
Los niños juegan y la vida pasa ajena a los contratiempos de la Plaza de España, una explanada construida en el siglo XVIII en San Fernando de Henares. En 2008, el Ayuntamiento y un centenar de vecinos aportaron 10.827 metros cuadrados de este espacio, Bien de Interés Cultural, a una sociedad para remodelarlo. Pero en septiembre de 2015 un juzgado decretó la liquidación de la empresa. El Consistorio se quedó sin plaza y los vecinos sin casa. El compromiso era recuperarlas cuando los trabajos hubiesen acabado, pero una deuda de 94 millones de euros en la sociedad, Plaza España S. L, lo impidió. La mayor parte del dinero, 60 millones, se debe a Bankia, que tiene hipotecadas las viviendas.
Aquella operación urbanística se hizo con un gobierno de IU. “Desde el principio hubo opacidad. No pasaba por las asambleas ni por el pleno", explica Sofía Díaz, actual portavoz de esta formación en el Ayuntamiento. A mitad de la pasada legislatura, en 2013, el alcalde Julio Setién dimitió por “motivos personales”. Antes, había protagonizado una huelga de hambre para que los vecinos recuperaran las viviendas de la Plaza de España. No lo consiguió. "Fuimos los primeros en alertar de que aquello no iba bien", recuerda María Pérez, portavoz municipal del PP. En su opinión, ahora es más difícil solucionar el problema porque ya no basta con entenderse con Bankia, hay que esperar a que un juez dictamine una sentencia.
Fue el sustituto de Setién en la alcaldía, Ángel Moreno, antes concejal de Hacienda, quien llevo el caso a la fiscalía. "El nuevo regidor tuvo que entrar forzando la cerradura y, para entonces, ya habían desaparecido muchos documentos”, subraya Sofía Díaz. El proceso inició la fractura de IU en la localidad, donde actualmente tiene cuatro concejales (por los 10 de la anterior legislatura). Dos de ellos pertenecen a la corriente expulsada por el Federal. La portavoz municipal sostiene que esos ediles intentan tapar a los que han hecho “tanto mal” a la formación. “Esa gente no condena la gestión de los compañeros que están imputados”. En mayo, los cuatro ediles sí votaron en bloque. Lo hicieron junto al PSOE (cinco concejales) para investir alcaldesa a Catalina Rodríguez, de San Fernando Sí Puede (SFSP), que consiguió cinco concejales de un total de 21.
En un feudo tradicionalmente de izquierdas, donde IU (antes PCE) ha gobernado desde que llegó la democracia (excepto la legislatura 1991-1995), las elecciones las ganó el PP, que obtuvo seis concejales. También consiguió representación, por primera vez, la ultraderecha: un edil para España 2000. Ahora, PP, IU y PSOE denuncian falta de transparencia y la paralización de la gestión municipal. Los socialistas, incluso, han iniciado una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas. El objetivo no es realizar una moción de censura, aunque tampoco la descartan. La alcaldesa dice no temer por su cargo. "En seis meses hemos hecho más que ellos en décadas. No hablaron de moción cuando la Plaza de España pasó de ser pública a privada, el único caso en España".
Pérdidas millonarias
Este espacio público no es lo único que tiene hipotecado este municipio de 41.000 habitantes. Algunos vecinos creen que los problemas, de toda índole, se multiplican y que afectarán a las arcas públicas de la ciudad. De esa opinión es Javier Corpa, portavoz municipal del PSOE. “El Equipo de Gobierno no está sabiendo llevar la gestión municipal y velar por el interés general. Lo que tememos es que esa gestión se convierta en pérdidas millonarias que tengan que asumir los ciudadanos”. La regidora, Catalina Rodríguez, cree que esas pérdidas no son más que el resultado de la mala gestión realizada años atrás, "cuando gobernaba IU con el apoyo del PSOE". De esa época, explica Rodríguez, colea un acuerdo "ilegal" con AENA para expropiar una finca que podrá costar al Ayuntamiento un perjucio de 20 millones de euros.
No es la única operación que puede afectar a la economía local. El portavoz socialista, Javier Corpa, destaca el proyecto UG5. “El plan era construir 500 viviendas en una parcela municipal”. El terreno se dividió en seis lotes y fueron adjudicados a cooperativas y constructoras. Con el dinero que el Consistorio iba a ingresar, expropió un terreno colindante, propiedad de la industria Cytec, donde iba a hacer zonas verdes. Costó 13 millones de euros y aún se deben más de cinco. "Un cable de alta tensión paralizó el proyecto en una de las parcelas. Al no pagar los cooperativistas (muchos se fueron), el Ayuntamiento no pudo abonar el dinero a Cytec", sostiene Corpa. Otra resolución judicial, condena al Consistorio por la expropiación de una antigua vaquería. Las deudas en este caso ascenderían a más de dos millones de euros según los socialistas.
El suelo público también ha sufrido el vaivén político de la ciudad. El 7 de enero el pleno aprobó la disolución de la Empresa Municipal de Suelo (EMS) como paso previo a la liquidación de la entidad, que arrastraba pérdidas millonarias (casi de 10 millones de euros)."El antiguo consejero delegado, Javier Blanco (de la facción expulsada por el federal de IU) habla de que estamos especulando con el suelo. Es al revés, antes se vendió por tres millones menos a su valor de mercado y parte de la ruina de la EMS viene de ahí", opina la alcaldesa. Ahora, una comisión se encargará de iniciar las negociaciones con los acreedores, entidades financieras en su totalidad, para compensar las pérdidas de la entidad (actualmente de cinco millones) con venta de patrimonio, aunque el Ayuntamiento tratará de conservar la titularidad de la mayoría de los 40 inmuebles que integran el parque de viviendas.
Los que sí tienen su casa, sin embargo, viven temerosos de que cualquier día deban abandonarla, al menos temporalmente. Es lo que les ha ocurrido a algunos de los 300 vecinos afectados desde agosto por los trabajos de reparación de la línea 7 de Metro, inaugurado solo 20 días antes de las elecciones regionales de 2007. Las obras también han obligado a desalojar dos escuelas y demoler un gimnasio por riesgo de derrumbe. Cinco estaciones, desde La Rambla hasta el hospital del Henares, permanecen cerradas. "La Consejería ha actuado bien. Las obras se van a dilatar porque se trabajaba también de noche y la gente se ha quejado", explica la portavoz del PP en San Fernando. El resto de fuerzas considera que esas viviendas estaban en perfecto estado y que fueron las obras del suburbano lo que trajo el problema.
La limpieza de las calles es otro de los campos de batalla. "No se hace una limpieza viaria adecuada, no se realizan baldeos con frecuencia y hay zonas del municipio intransitables donde se acumula suciedad y malos olores", denuncia María Pérez (PP). Para el PSOE mucho más grave es que la ciudad no haga inventario de sus bienes desde hace 23 años, tal y como destapó un informe de la Cámara de Cuentas. El Equipo de Gobierno de SFSSP ya se ha puesto en marcha para realizarlo porque lo considera "esencial". "No hacer inventario de los bienes de la ciudad sí que es una inacción", arremete la alcaldesa.
En el inventario particular que poseen el resto de partidos no aparecen los bienes de San Fernando, pero sí los "numerosos problemas" que, según ellos existe en la localidad: un letrado contratado por el decreto de una alcaldesa; sindicatos del Ayuntamiento que no reconocen un Jefe de Personal que no es funcionario; deficientes servicios municipales o la decisión del actual Equipo de Gobierno de no acogerse a la corrección del IBI para frenar el aumento de la tasa que deben de pagar cada año los ciudadanos.
