La Plataforma del Ebro denunciará al Supremo el nuevo plan del Gobierno
Los ecologistas retoman las movilizaciones contra una regulación que pone en riesgo los caudales ecológicos
Sin sorpresas de última hora el Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que traza la planificación hidrológica de una docena de cuencas y ríos españoles. Sobre la bocina, el Gobierno da finalmente luz verde a un documento que adolece de falta de consenso y que ha generado fuerte rechazo en las regulaciones que afectan al río Ebro.
Más allá de las críticas vertidas por colectivos ecologistas, las delegaciones de Cataluña, Valencia, Navarra y Euskadi en el Consejo del Agua han manifestado no estar conformes con un desenlace que sí celebró la ministra Isabel Garcia Tejerina. La responsable de Medio Ambiente entiende que la aprobación del plan sirve para cumplir con las directivas europeas y se evita así el bloqueo de los fondos estructurales a que tiene acceso España para los próximos cinco años.
La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) no demoró su reacción y convocó de urgencia una concentración de rechazo que reunió ayer por la tarde a unas 200 personas en Tortosa. La PDE mantiene que las previsiones de caudales que hace el plan del PP para el tramo final del río son un atentado para la supervivencia del Delta del Ebro y ya ha avanzado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y una queja ante la Comisión Europea.
Para Susanna Abella, portavoz de la PDE, este es un plan que "nace muerto". Argumenta que "si la UE es coherente con lo que ha hecho en los últimos años, debería sancionar al Estado". Abella esgrime que las 465.000 nuevas hectáreas de regadío que contempla el plan aguas arriba del Ebro hacen inviable tener un caudal ecológico suficiente. Manifiesta, también, que la previsión aprobada por el consejo de ministros abre la puerta a "un montón de embalses" (más de medio centenar), mientras que "la UE ya ha dicho que no tienen sentido".
La PDE anuncia una gran movilización de protesta en las Terres de l'Ebre para la primera semana de febrero.
El Gobierno afirma que durante las sesiones de trabajo para redactar el plan se ha contado con una "amplísima participación pública" y habla abiertamente de "amplio consenso". Por su parte, el delegado de la Generalitat en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, expresó la "decepción total y absoluta" del Gobierno catalán porque no se han tenido en cuenta las peticiones salidas desde Cataluña.
