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PSC y Sí que es Pot piden un pleno ante la “emergencia social”

Los dos grupos denuncian la parálisis del Parlament y quieren que la sesión se celebre antes de fin de año

Miquel Iceta (D) y Lluís Rabell (I).
Miquel Iceta (D) y Lluís Rabell (I).A. Garcia

Los grupos parlamentarios del PSC y Catalunya Sí que es Pot solicitaron ayer un pleno extraordinario del Parlament para debatir la situación de “emergencia social” que vive una parte de la población catalana y adoptar medidas para combatirla. La petición deberá ser atendida, porque así lo obliga el Reglamento de la cámara, pero la fecha de celebración depende de la Junta de Portavoces. PSC y Sí que es Pot reclaman que el pleno sea antes del 31 de diciembre.

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Las cifras que contiene la petición del pleno son demoledoras: el riesgo de pobreza afecta al 20,9% de los catalanes, que asciende al 28,8% en el caso de los menores de 16 años y en el de los mayores de 65 se sitúa en el 14,4%, Cataluña es líder en desahucios y concentra una cuarta parte de las ejecuciones hipotecarias españolas y una de cada cuatro familias tiene dificultades para pagar los suministros básicos de luz, agua o gas. Y solo una cuarta parte de los menores de 16 bajo el umbral de la pobreza reciben una beca comedor.

Ante esta situación, Miquel Iceta y Lluís Rabell, presidentes de los grupos parlamentarios del PSC y Sí que es Pot, coincidieron en reclamar la urgencia del pleno, pese a la situación de “parálisis” que vive el Parlament a la espera de si hay pacto independentista.

“El debate de investidura fue un fracaso y la política catalana está empantanada, pero hay cuestiones que no pueden esperar”, dijo el primer secretario de los socialistas. “No queremos un brindis al sol ni debates estériles, sino abordar en serio estas cuestiones”, añadió Rabell. Ambos grupos contactaron con la CUP antes de reclamar la celebración del pleno por si quería sumarse a la petición, pero ante la falta de respuesta, decidieron seguir adelante.

Más de 120 preguntas parlamentarias en el limbo

El Boletín Oficial del Parlament volvió a publicar ayer, tras tres meses de ausencia, las preguntas de control político que hacen los grupos parlamentarios al Ejecutivo catalán. En esta ocasión, sin embargo, solo los socialistas han utilizado este mecanismo, presentando una batería de más de 120 preguntas en ámbitos diversos.Por ejemplo, el número de becas comedor que se han otorgado este curso, las deudas del departamento de Salud con las farmacias y otros proveedores sanitarios o los efectos de la polémica de los motores trucados de Seat.

Se trata de temas que, en teoría, se debieron tratar en la diputación permanente cuando no estaba constituida la Cámara catalana, pero que decayeron con la conformación de la nueva. Estas preguntas, sin embargo, podrían quedarse en el limbo, pues el Gobierno en funciones puede esgrimir, para no responderlas, que no es representativo de la actual mayoría parlamentaria. El reglamento establece un plazo de 15 días para responderlas.

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La petición firmada ayer reclama que en el temario del debate se incluya la necesidad de retomar por el trámite de urgencia la ILP de la Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía, así como la articulación de medidas concretas para reducir la pobreza y las desigualdades sociales, en especial el mantenimiento de la vivienda y los servicios básicos. Ambos partidos se habían comprometido a darle prioridad a la tramitación de la ILP.

PSC y Catalunya Sí que es Pot también quieren que se debata el desarrollo reglamentario de la Ley de Emergencia Habitacional y de Pobreza Energética, así como el referido al fondo de atención solidaria de los suministros básicos.

Otras políticas sociales

La petición también razona que la Generalitat tiene competencias y recursos para abordar las situaciones de los ciudadanos que más lo necesitan y que, por tanto, otras políticas sociales son posibles si hay voluntad política. Por eso reclaman también que se garantice en igualdad el acceso a los servicios públicos universales, como los sanitarios y los sociales, así como la educación y el acceso al servicio de comedor.

Ambos consideran igualmente que el pleno debería abordar medidas para favorecer la reactivación económica, así actuar contra la cronificación del paro y el pago a los proveedores y entidades sociales. En Cataluña hay 100.300 hogares que no reciben ningún ingreso y 227.000 familias con todos sus miembros en paro.

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