Francisco Camps vuelve a declarar como imputado cuatro años después

El expresidente valenciano Francisco Camps declarará como imputado en el caso Fórmula 1. Camps volverá a ser interrogado por la justicia después de hacerlo en 2011 en el caso de los trajes, una ramificación de Gürtel de la que fue absuelto por un jurado. La fiscalía atribuye ahora a Camps los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la organización del Gran Premio urbano de Fórmula 1 que se celebró en Valencia de 2008 a 2012. El exjefe del Consell ha negado las irregularidades.

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha citado también a declarar como imputada a Lola Johnson, exconsejera de Turismo, Cultura y Deporte con Camps. Y al excampeón mundial de motociclismo Jorge Martínez Aspar, que dirigió la empresa Valmor Sports, la sociedad que según la Fiscalía Anticorrupción el expresidente utilizó para encubrir que era la Generalitat valenciana la que corría con los millonarios gastos de organización del Gran Premio.

El ministerio público los considera autores de los mismos delitos que a Camps, aunque a Johnson, que fue también directora de Canal 9 y portavoz de la Generalitat, le atribuye además un delito societario por sus decisiones como presidenta de la sociedad pública Circuito del Motor. La investigación se inició con las denuncias interpuestas por los socialistas y Esquerra Unida.

Camps estaba citado para el día 18 de noviembre, Johnson para el 20 y Aspar para el 25 del mismo mes. Pero la magistrada ha aceptado la petición del expresidente de retrasar la comparecencia hasta que se traduzcan unos contratos y presten testimonio varias personas, algo a lo que no se ha opuesto el ministerio público. La nueva fecha aun no se ha fijado.

El juzgado entra así de lleno en una causa que fue denunciada por el fiscal Vicente Torres hace casi un año y que ha tenido una tramitación accidentada. El ministerio publicó dirigió la denuncia al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana porque Camps era en aquel momento diputado autonómico. El tribunal admitió a trámite la denuncia, pero antes de poder llamarlo a declarar como imputado la Cámara fue disuelta por la convocatoria electoral y el órgano perdió la competencia.

El fiscal ha solicitado la declaración de medio centenar de testigos. Entre ellos, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, impulsora junto a Camps del circuito urbano; el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra, que fue el que suprimió las carreras; el patrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, y el también expresidente valenciano y de Bancaja José Luis Olivas.

La fiscalía considera que existen "sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps". Y que el expresidente optó por "interponer una sociedad privada", Valmor Sports, entre su Administración y las empresas de Ecclestone cuando sabía desde el principio que el coste del montaje "del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor". De ese modo se dio "apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizarlo".

Según el fiscal, se trató de una maniobra para saltarse "de manera grosera el ordenamiento jurídico" y los límites impuestos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas porque Camps "garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat" a Ecclestone la viabilidad del Gran Premio. Y fue el entonces presidente valenciano el que negoció las condiciones con el patrón de la F-1 viajando para ello a Londres.

El relato del ministerio público mantiene, además, que Camps "decidió que su amigo Jorge Martínez Salvadores, conocido como Aspar, crease una sociedad para poder organizar la prueba de Fórmula 1 y que se pudiera beneficiar de ello". El enriquecimiento de un tercero a costa de la Administración es una de las formas de la malversación de caudales públicos.

La compra de Valmor Sports por parte del Gobierno valenciano tuvo un coste de 34 millones de euros. Según el cálculo de los socialistas, las cinco ediciones del Gran Premio tuvieron un coste total para la Generalitat de 250 millones. Una suma que incluye la construcción del circuito urbano (97 millones), el canon anual pagado a Formula One Administration, empresa de Ecclestone, y el montaje y los derechos de retransmisión.

Camps, que se defiende a sí mismo en el proceso, ha asegurado que ni Aspar ni nadie se benefició económicamente de sus gestiones para que Valencia fuera incluida en el calendario de los grandes premios de automovilismo. "Nunca existió ni intención ni voluntad alguna en beneficiar, directa o indirectamente a ninguna persona o entidad", afirmó el expresidente. Y que su labor se enmarcó en una apuesta "estrictamente política" que tuvo como objetivo potenciar la marca de Valencia en el mundo.