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Al delta del Ebro se le seca la paciencia

El nuevo plan de cuenca del río prevé otras 465.000 hectáreas de regadíos cauce arriba y amenaza con hacer peligrar los fondos europeos

Marc Rovira
Manifestación en 2002 en Tortosa en contra del trasvase del Ebro.
Manifestación en 2002 en Tortosa en contra del trasvase del Ebro. JOSEP LLUÍS SELLART

Las camisetas cobalto con el nudo estampado en el pecho permanecen en los armarios y las pancartas antitrasvase siguen reposando en los trasteros. “Estamos en un período de fuerte actividad electoral y no somos partidarios de montar grandes manifestaciones. No queremos que el asunto se instrumentalice”. Susanna Abella, portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), explica que, de momento, la marea azul se va a contener. Y no es que les falten ganas de salir a gritar a la calle. La aprobación por parte del Consejo Nacional del Agua del nuevo plan de la cuenca del Ebro ha reactivado el malestar en las tierras que riega el tramo final del río. El documento da luz verde a 465.000 nuevas hectáreas de regadío, es decir, más fugas de agua en los tramos superiores y una amenaza, denuncia la PDE, para la supervivencia del Delta del Ebro, la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de Europa occidental, tras la Camarga en Francia y del parque de Doñana.

En una reunión hace un mes en Zaragoza la Confederación Hidrográfica del Ebro empezó a perfilar un boceto que, según sus defensores, “revisa y mejora” previsiones anteriores sobre los volumenes del río. No obstante, ya entonces quedó patente que el nuevo plan topa con un, hasta ahora, inédito frente opositor. Cuatro de las nueve comunidades afectadas mostraron su rechazo a la propuesta del Ministerio de Agricultura. Euskadi y Navarra se alinearon con la posición crítica de Cataluña y tambien Valencia mostró sus reservas.

Un problema que ya costó caro a Pujol y Aznar en el 2000

La PDE asume que no se van a crear “465.000 nuevas hectáreas de regadío”, porque no es viable económicamente. Allá donde no se explote para regar, la nueva cuota de regadío se va a usar, denuncian, “para intercambiarla por dinero”. “Para venderla en forma de trasvase al Júcar, al Segura o a las cuencas internas que presentan déficit de volumen atendiendo a la demanda que soportan"

La PDE sostiene que el caudal ecológico para no matar por inanición al delta del Ebro no puede ser inferior a los 5.500 hectómetros cúbicos anuales. Agricultura y la CHE han trazado el nuevo plan imponiendo un caudal mínimo con casi la mitad de agua, 3.000 hectómetros cúbicos.

El controvertido plan del año 2000, que fue impulsado por el Gobierno de José Maria Aznar con el apoyo expreso de Jordi Pujol y CiU, preveía un caudal mínimo aproximado de 3.150 hectómetros cúbicos al año.

El delta hizo pagar caro a sus impulsores aquel proyecto de trasvase. En los muros de los canales que delimitan los arrozales aún hoy se pueden leer lemas en contra de aquel plan del que presumía con pocas formas el ministro Cañete y pintadas poco lisonjeras dedicadas a Convergència. Es el precio que hace pagar una tierra que siempre ha tenido claro que con el agua no se juega.

El miércoles, el Consejo Nacional del Agua, celebrado en Madrid bajo la presidencia de la ministra Isabel García Tejerina, sometió a votación conjunta la decena de planes hidrológicos de las cuencas competencia del Estado. No se estimaron las peticiones para votarlos uno a uno y el frente del Ebro perdió el apoyo del País Vasco, más interesado en que la votación diera luz verde a las regulaciones que afectan a ríos de su comunidad.

El ministerio señala que el nuevo plan ha cumplido con la tramitación que fija la ley y que se ha sometido a un “amplio proceso” de información pública, que se ha saldado con la incorporación total o parcial de 36 alegaciones que han mejorado el texto.

En cambio, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha lamentado que el Consejo del Agua obviara la propuesta de caudales para el tramo final del Ebro que se consensuó entre todos los agentes implicados en el marco de una reunión de la Comisión para la Sostenibilidad de las Terres de l'Ebre.

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Arroceros y colectivos ecologistas lideran las voces críticas en relación a un plan que, alegan, tampoco ha tenido en cuenta las propias consideraciones de la Comisión Europea. Una acusación que Agricultura desmiente: “Se trata de un texto que recoge las principales recomendaciones formuladas por la Unión Europea”. Hacer caso a las recomendaciones de la Comisión es clave porque de ello depende acceder a los fondos comunitarios. El ministerio sostiene que se han asumido los compromisos alcanzados en el Acuerdo de Asociación para el próximo programa de fondos europeos, “evitando así que se bloqueen tales fondos”.

 Rotura del consenso y UE

Susanna Abella lo pone en duda y valora como un detalle clave “la ruptura del consenso”. La PDE asume que el plan llegará al Consejo de Ministros en un “paseo militar” pero, también, que topará con un escollo en Bruselas. “La UE exige consenso, y no lo hay”, advierte la portavoz ecologista. En este sentido indica que “Europa no saca el látigo porque no lo necesita, es suficiente con que bloquee fondos y ayudas. Sin lugar a dudas, con este plan encima de la mesa, lo va a hacer”, avisa Abella.

Dani Forcadell es arrocero y una de las voces más activas por mantener el delta a flote. Indica que “no se trata de enfrentar a payeses de los tramos superiores con los de la desembocadura”. Advierte que 465.000 nuevas hectáreas de regadío como las previstas son “un disparate” porque suponen una extensión de “22'5 deltas”. “Si hay que regar todo esto en el tramo superior, ya me contarás qué agua, y de qué calidad, va a terminar llegando a los que tratamos de ganarnos la vida con esto. Si se trata de matar al delta, lo están haciendo de cine”.

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