Alicante planea limitar la zona de apertura en festivos a temporada alta
El Consell estudia compensar al sector permitiendo que abra más domingos al año
Ni suprimirla ni mantenerla como está. La concejalía de Comercio de Alicante pretende modificar la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) del centro urbano limitándola a la temporada alta turística, es decir, Semana Santa y verano -desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre-, impidiendo el resto del año la apertura en festivo de establecimientos mayores de 300 metros, salvo en los días determinados por el Observatorio del Comercio, que suelen agruparse en fechas navideñas y temporada de rebajas.
De llevarse a cabo esta modificación, el centro se equipararía a la zona de playas, considerada ZGAT sólo en temporada alta.
El Consell estudia dar al sector más aperturas en festivo
Ante el descontento que ha causado en las grandes empresas de distribución la anunciada reducción al mínimo de las Zonas de Gran Afluencia Turística, fuentes del sector señalan que desde la Dirección General de Comercio de la Generalitat Valenciana se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de incrementar el número de aperturas en festivo aprobado por el Observatorio de Comercio, pasándolo de los 12 actuales a 16 o 18, prácticamente los primeros domingos de cada mes y los festivos más próximos a las temporadas de Navidad y Rebajas. De aplicarse este criterio, Ayuntamientos como los de Valencia y Alicante podrían llevar a cabo la anunciada reducción al mínimo legal de las Zonas de Gran Afluencia Turística sin incluir en ella a grandes superficies comerciales, al tiempo que se garantizaría un acuerdo con las empresas afectadas y se evitaría la posibilidad de contenciosos legales a los que con toda probabilidad conduciría la adopción de medidas restrictivas sin acuerdo previo.
Lo que aún está por definir, según explica Pedro de Gea, asesor de la concejalía que dirige el propio alcalde Gabriel Echávarri, es qué establecimientos podrán abrir, sólo está claro que “no habrá ningún tipo de discriminación”. Eso supondría dejar fuera a todos los centros comerciales, aplicando por ejemplo el mismo criterio que en Valencia al reducir la Zona de Gran Afluencia al mínimo legal, un kilómetro a la redonda del Ayuntamiento, por ejemplo, o permitir la apertura a todos ellos.
Así lo reclamaron el pasado mes de abril en una demanda admitida a trámite por el orden contencioso-administrativo el resto de centros comerciales de la ciudad, como Plazamar 2, Gran Vía o Puerta de Alicante, partidarios de la liberalización total pero que, en todo caso, se consideran perjudicados por la competencia desleal que, a su juicio, supone la situación actual. “Preferimos poder abrir siempre”, explica José Palacios, gerente de Plaza Mar 2, “pero el objeto de la demanda es reclamar la igualdad de oportunidades, que si no podemos abrir nosotros no lo hagan los demás”.
Fuentes de la concejalía admiten que limitar la ZGAT al entorno del Ayuntamiento tendría escasos efectos prácticos, puesto que en la zona apenas existen comercios que superen los 300 metros cuadrados de superficie, los únicos a los que afecta la medida puesto que los más pequeños cuentan con total libertad de apertura. En la zona actual son 40 los comercios afectados, el 5% del total, según un informe del Ayuntamiento que recoge un dato significativo: desde que en febrero de 2013 se aprobó la medida, El Corte Inglés ha convertido el domingo en el tercer día de más venta en Alicante.
En todo caso, la decisión no se tomará hasta que se reúna el próximo 21 de octubre el Consejo Local de Comercio, en el que además de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y la Dirección General de Comercio de la Generalitat se hallan representadas varias asociaciones de comerciantes, distribuidores, consumidores, Cepyme y la Universidad de Alicante. Se trata de un órgano cuyas disposiciones no son vinculantes, en el que el equipo de Gobierno tiene previsto incluir a los sindicatos y del que ha quedado excluida Coepa, que ha reclamado participar. De Gea espera que ese órgano pueda llegar a una postura “consensuada” que permita aprobar en el pleno municipal de finales de octubre una moción para que la Generalitat Valenciana apruebe la modificación.
