Las entidades pro infancia proponen una renta para 1,3 millones de niños

Tres de cada cuatro niños en Cataluña vive bajo el umbral de la pobreza, según las cifras oficiales. Y el nivel medio de gasto por habitante en protección familiar es de 241 euros, la mitad de la cantidad dedicada en el conjunto de la Unión Europea. Una situación apremiante para la que las entidades agrupadas en la Federación de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia) piden una solución contundente. Es por eso que ayer presentaron una propuesta de Prestación Económica Universal para la Crianza (PEUC), que daría 205 euros mensuales a los 1,3 millones de catalanes menores de 18 años.

La propuesta, realizada por la federación, la economista Júlia Montserrat y el profesor del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB Toni Vilà, cifra en 3.552 millones de euros anuales el coste total de la ayuda, incluyendo un 10% de costes de gestión. Esta cifra, aseguran los autores, disminuye hasta 2.415 millones si se resta el dinero que ya destina la Generalitat en becas comedor y de transporte, otras ayudas que dan los entes locales, la prestación económica de la Seguridad Social y los retornos vía impuestos.

El 1,7% del PIB catalán

La cantidad de 208 euros al mes equivale, según la propuesta de las entidades, a la mitad de lo que gasta una familia en la crianza de los hijos. “Lo que se está proponiendo aquí no es una utopía, es una práctica normal en los países europeos”, recordó el sociólogo Sebastián Sarasa, también asistente al acto.

El coste total de la puesta en marcha de la PEUC es similar a los cálculos más conservadores sobre la implantación de una renta de ciudadanía en Cataluña, que rondaban en los 2.500 millones de euros. El plan de lucha contra la pobreza aprobado por el Ejecutivo catalán está dotado con 1.066 millones. Montserrat explicó que la prestación para los niños supondría un gasto del 1,7 % del PIB, aún por debajo de la media europea de inversión en infancia, que llega al 2,2%.

Desde Fedaia creen que la ayuda debe llegar a todos los menores catalanes, independientemente de la condición económica de sus padres. “Esta propuesta se hace en el contexto en que la familia tiene ingresos asegurados, bien sea a través de su participación en el mercado laboral o por ayudas sociales”, dice el texto. Es decir, la PEUC está desligada de las prestaciones relacionadas con la lucha contra la pobreza.

Los expertos creen que su desplegamiento se puede hacer de una manera escalonada en cinco años. En los dos primeros se daría a las familias con situaciones más difíciles, aquellas cuyos ingresos anuales no superen el Índice de Suficiencia de Rentas de Cataluña (7.967 euros anuales). La nueva presidenta de la Fedaia, Conxi Martínez, cree que esta manera de apoyar a los niños “restaría el estigma social que provocan algunas ayudas”.

No es la primera vez que las entidades hacen una propuesta de este tipo. Hasta en dos ocasiones el tema ha sido llevado por la Mesa del Tercer Sector a la reunión anual con el presidente de la Generalitat y los consejeros de Empresa y Bienestar. La respuesta siempre ha sido la falta de recursos económicos. “Una de las maneras de construir país es hacer un esfuerzo para colocar la protección de la infancia y las familias en la media de la UE”, sugirió el sociólogo Pau Marí-Klose.